La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México ha tenido una misión clara desde su creación: llevar la justicia hasta donde nunca antes había llegado, con respeto a las lenguas, costumbres y formas de vida de los pueblos originarios. Ha sido pieza clave para que sus derechos se escuchen, se respeten y se hagan valer.

Durante 2024, este órgano recibió 26 casos pe-nales y uno civil, y además emitió una opinión consultiva. En ese mismo año, dictó 27 resoluciones: en dos ocasiones se revocaron fallos, en siete se confirmaron, en ocho se modificaron y en diez se repitió el proceso porque no hubo traductores, lo cual es fundamental cuando se trata de respetar la lengua materna de las personas involucradas.

Entre otras tareas que realiza, están liberar a personas que no cometieron delitos, revisar ape-laciones y analizar cada situación con perspectiva intercultural y de derechos, tomando en cuenta si alguien es mujer o tiene alguna discapacidad.

Un caso que atendieron fue el de una familia mazahua donde dos adultos mayores sufrían vio-lencia por parte de un sobrino. En este proceso, se decidió repetir el juicio para que todas las voces fueran escuchadas en su idioma, y se promoviera la paz desde el entendimiento cultural.

Además, la Sala designó a 34 intérpretes en lenguas indígenas como náhuatl, otomí, mixteco, mazateco, cuicateco, chinanteco y mixe, garantizando que cada quien supiera con claridad qué pasaba en su proceso y pudiera defender sus derechos.

También firmaron convenios importantes. Uno con el Poder Judicial de Oaxaca, para compartir aprendizajes en justicia indígena, y otro con la Universidad Intercultural del Estado de México, para impartir cursos sobre temas culturales y legales.

Y como la justicia debe llegar hasta donde está la gente, este equipo trabaja de manera itinerante. En 2024, realizaron tres sesiones fuera de sede: una en el Centro Ceremonial Otomí, otra en San Felipe del Progreso y la tercera en San José del Rincón.

Cada caso, resolución y encuentro con las comunidades, suma a un modelo de justicia más humano, incluyente y sensible, donde la voz de los pueblos indígenas no sólo es escuchada, sino valorada.