La tutela al medio ambiente como derecho humano ha cobrado especial relevancia durante los últimos años; aún y cuando existe un marco jurídico robusto, su protección es insuficiente.
Hemos sido testigos de la pérdida de ecosistemas, especies de flora y fauna; se han experimentado cambios climáticos drásticos, entrando a la etapa de ebullición, como señaló el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.
Por lo anterior, el Poder Judicial del Estado de México en coordinación y alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, a través del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente, liderado por Marco Antonio del Toral, intensifican esfuerzos a fin de hacer frente a estas conductas, derivado de los obstáculos y retos detectados desde la investigación que se traduce en una escasa judicialización.
El objetivo del Protocolo es ser un instrumento de referencia que permita a los operadores del sistema de justicia mediante un método analítico, evaluar el impacto ambiental derivado de la comisión de delitos y determinar una reparación del daño integral, lograrlo será posible mediante la incorporación y aplicación de los principios rectores del derecho ambiental a la justicia penal conforme a los estándares internacionales del Sistema de las Naciones Unidas.
Edna Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura, ha expresado que es fundamental que el derecho ambiental tenga una visión integral que, desde la interseccionalidad, la diversidad, la inclusión, el género y los derechos humanos, ajuste la graduación específica para la protección de especies endémicas, flora, fauna, recursos naturales y minerales.
Desarrollamos Mesas de trabajo en tres entidades del país
Para tener una visión holística de factores y causas que atentan contra el medio ambiente, en el estado de México, Michoacán, Baja California Norte y Ciudad de México se realizaron en total nueve mesas técnicas de trabajo con actores clave: autoridades federales y estatales en materia ambiental, seguridad y gobierno, especialistas y consultores, defensores del medio ambiente y sociedad civil.
Durante las sesiones, se dialogó con comunidades ejidales y pueblos indígenas, a fin de conocer las problemáticas y amenazas que enfrentan.
El Protocolo de Justicia Ambiental, será de observancia obligatoria para personas juzgadoras y las/los peritos del Poder Judicial mexiquense; sin embargo, será referente para todos los casos de controversias en materia ambiental. También podrá ser consultado por la ciudadanía y personas comprometidas con la protección y conservación del medio ambiente en México.
Las siguientes acciones serán su publicación y difusión, acompañado de un programa de capacitación dirigido a Jueces, Ministerios Públicos, Peritos, Defensores y Asesores de víctimas.
*Asesora del Consejo de la Judicatura del PJEdomex.
