Fortalecer el sistema de justicia ambiental, implica la adecuación de la ley a protocolos y normas internacionales que permitan medir el impacto causado, para que la imposición de la pena por la comisión de los delitos no solo sea ejemplar sino también contribuya a la reparación del ambiente, afirmó la consejera de la Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez.
La jueza penal participó en el Primer Seminario Internacional sobre Justicia Ambiental. Retos y oportunidades desde la educación para fortalecer el combate al crimen organizado y promover la cultura de la legalidad, coordinado por la Escuela Libre de Derecho, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Escalante Ramírez destacó que los estados deben adoptar un marco jurídico que permita frenar los delitos cometidos contra el ambiente y sentar las bases para la perpetuidad de la especie, así como generar condiciones climatológicas, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida y distribución de los recursos naturales.
En el panel “La importancia de la justicia ambiental en la impartición y procuración de justicia” moderado por Miriam Rubio, analista del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques UNODC México, la Consejera Escalante Ramírez señaló que el Código Penal del estado de México contempla tres tipos de delitos: contra el medio ambiente, la flora y fauna silvestre, y el de maltrato ambiental, con penas de dos a ocho años de prisión.
Interpretación con perspectiva de género en conflictos de protección al ambiente
En su participación, Luz María Lemus Campuzano, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del PJEdomex, señaló que es fundamental una interpretación con perspectiva de género en conflictos de protección al medio ambiente, donde las comunidades y pueblos originarios se ven involucrados.
Además la realización de políticas públicas sustentables en las que se tomen en cuenta indicadores como la división del trabajo, las responsabilidades, las opiniones de grupos vulnerables y el rompimiento con roles y estereotipos.
En el panel “Respeto a la diversidad e inclusión de la perspectiva de género”, Lemus Campuzano apuntó que a pesar de que dicho rubro es considerado ajeno a la materia ambiental, la transversalización y el principio de interseccionalidad (que reconoce las desigualdades de diferentes actores sociales) obligan a abordarla desde esta esfera.
En el encuentro intervinieron además: Dolores Barrientos, representante PNUMA en México, Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora federal de Protección al Ambiente, Marco Del Toral, gerente de programa Punto Focal en México y Alterno para América Latina del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, UNODC, Ligia González Lozano, vocal de la Junta Directiva la Escuela Libre de Derecho y Mariela González García, también del PJEdomex.
