Violencia política en razón de género se relaciona al ejercicio de cargos públicos

Violencia política  en razón de género  se relaciona al ejercicio  de cargos públicos

Como parte de la Segunda sesión del Seminario Virtual Permanente de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México, Anacely Ortiz Peña especialista en derecho electoral impartió la conferencia “Violencia Política contra las mujeres”.

Ortiz Peña señaló que la violencia política en razón de género no está limitada al ámbito electoral, sino que tiene implicaciones relacionadas con el ejercicio de los cargos públicos y no sólo el acceso a ellos, además es una conducta considerada como delito en el Código Penal del Estado de México.

Este fenómeno –expresó la especialista- está vinculado con el contexto en el que ocurre, pues comprende acciones u omisiones de servidores públicos por el hecho de ser mujeres e incluye, entre otras, la física, psicológica, simbólica, patrimonial, económica y feminicida. 

Detalló que esta violencia puede incluso darse en espacios donde no se ejerce un cargo de elección popular, por ejemplo, cuando alguien busca ejercer presión para influenciar en alguna decisión para aprobar algún rubro del presupuesto público o una decisión de importancia similar, incluso cuando ellas buscan participar en la vida pública de su comunidad.

Ante integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, del que el Poder Judicial forma parte, Ortiz Peña explicó que en la entidad diversas instituciones velan por garantizar estos derechos como el propio Tribunal de Justicia, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

La actual coordinadora operativa de la Unidad Sancionadora del Tribunal Electoral del Estado de México comentó que a nivel federal existe un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política quienes no pueden participar en actividades de este tipo, además de que la ley sanciona con penas privativas de libertad que van de los seis meses a los dos años de prisión. 

Por su parte, la encargada de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, Luz María Lemus Campuzano señaló que con acciones como esta, el Poder Judicial del Estado de México promueve la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, ya que es una obligación de las instituciones responder ante los casos que puedan detectarse de este tipo y garantizar que los derechos de las mujeres estén protegidos.

Yo por la Justicia

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