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Necesaria participación de poderes judiciales en estudio e implementación de leyes

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En el Foro de análisis para la implementación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza indicó que Frente a un escenario en que el país demanda seguridad y justicia, es indispensable contar con leyes que inhiban la acción de la delincuencia y es necesario que los Poderes Judiciales aporten las herramientas que contribuyan al fortalecimiento de la impartición de justicia, como en el caso de este marco jurídico. 

En el Senado de la República, el también titular de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB) explicó que los integrantes de esta organización realizaron observaciones a la iniciativa, donde destaca la necesidad de destinar recursos económicos para la incorporación de jueces especializados en la figura jurídica, ya que la inversión per cápita para la impartición de justicia en 2018 fue de 321 pesos representando sólo el 1.7% de los presupuestos estatales. 

Durante el desarrollo del foro organizado por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, el presidente de la Mesa Directiva del Senado Martí Batres Guadarrama, se pronunció porque la discusión de la ley esté basada en el acuerdo y el consenso, así como que sea un instrumento para la justicia social, sobre todo para el combate a la corrupción. 

En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca Salazar resaltó que la ley brindará mayor celeridad a los procesos, así como transparencia al destino de los bienes recuperados por parte de las instituciones. 

La senadora Anaya Mota agradeció las opiniones emitidas por la sociedad civil y los poderes judiciales, pues permitirán conformar un ordenamiento basado en el aprovechamiento de las buenas prácticas de las instituciones impartidoras de justicia y el sector de la abogacía.

Por su parte, representantes del gremio de los abogados, como el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José Mario de la Garza Marroquín; el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez; el presidente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados, Ángel Junquera Sepúlveda y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados Empresa, Moisés Castro Pizaña, se pronunciaron porque la ley proteja los derechos humanos y genere procedimientos eficaces, ya que ellos asumen el compromiso social de su labor de la mano del marco jurídico que generan los legisladores. 

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