A través del Observatorio Ciudadano en favor de la justicia, el Poder Judicial del Estado de México ha cumplido con las solicitudes de información, de acuerdo con las exigencias de la ley y respondiendo a las necesidades que la sociedad organizada demanda, expresó Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdomex, al participar en el Panel “Retos del Derecho de Acceso a la información frente a los cambios tecnológicos”.
En el conversatorio virtual organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Infoem, en el Día Internacional por el Derecho de Acceso a la Información, Sodi Cuellar señaló que la creación de plataformas y páginas institucionales se da en función de los requerimientos del usuario.
En esta mesa de tabajo celebrada el 28 de septiembre y moderada por la comisionada, Rosario Mejía Ayala, el Magistrado Presidente planteó la necesidad de generar un conocimiento pleno del contenido de las resoluciones, por lo que desde el inició de la política de máxima publicidad, el Poder Judicial mexiquense ha dado a conocer 66790 sentencias.
Manifestó que a través del Observatorio de la Abogacía mexiquense, se difunden proyectos, herramientas del Tribunal Electrónico, nuevos servicios como el Juzgado en Línea para Medidas de Protección, además permite al PJEdomex conocer sugerencias, opiniones y problemas de la ciudadanía, y de los litigantes en materia de impartición de justicia.
En este encuentro virtual, Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental en República Dominicana, habló sobre la desigualdad de acceso a las tecnologías y la dualidad del derecho de acceso a la información que crea dos principios fundamentales que convergen para establecer una gobernanza real, el primero el derecho a ser informado y el segundo, la obligación del Estado a informar.
Por su parte, María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, consideró que al querer incrementar la transparencia a través de la suma de leyes, lejos de favorecer y mejorar el acceso a la información, hace complicado cumplirla creando vacíos de información e incrementando obstáculos para los sujetos obligados y unidades administrativas.
