Ana Lucia Gómez Álvarez*
Una vez que el sistema de justicia penal transitó a la oralidad y nuestro estado adoptó de manera total el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial Mexiquense ha destinado un buen porcentaje de sus recursos hacia la implementación del Modelo de Gestión Judicial Penal, que constituye un nuevo esquema de organización administrativa al interior de los juzgados de oralidad penal.
Con la participación de nueve Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, tres administradores de juzgados y colaboradores adscritos a la Dirección General de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio, con el acompañamiento de expertos en materia de gestión judicial y buenas prácticas a nivel federal y estatal, se identificaron tres procesos críticos en los órganos jurisdiccionales penales orales: atención al público, trámite judicial y audiencia de oralidad, para posteriormente establecer un método de trabajo que permita administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva el trabajo diario que se realiza en los juzgados, con la finalidad de optimizar los tiempos y brindar un mejor servicio al usuario.
Este Modelo inició su operación de manera formal en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca (piloto) el día 11 de diciembre de 2017, lo que implicó un cambio de 180°, en razón de que uno de sus objetivos fue la erradicación del trámite del expediente escrito para transitar a un modelo virtual (cero papel).
En razón de que el siguiente reto sería su despliegue a la totalidad de los distritos judiciales -a un universo conformado por casi mil colaboradores judiciales entre magistrados, jueces y personal operativo de los juzgados- a partir del mes de abril de este año, por medio de un grupo de colaboradores judiciales al que nombramos “agentes de cambio”, se ha venido replicando el contenido de esta nueva forma de trabajo al resto de los operadores, bajo un modelo educativo por competencias.
Han pasado seis meses de trabajo constante, en los que el compromiso y dedicación de cada uno de los que participamos en este proyecto han sido fundamentales para lograr la meta propuesta. Se han capacitado casi seiscientos colaboradores judiciales entre administradores, secretarios, notificadores, técnicos judiciales, archivistas judiciales, operadores de audio y video, así como personal adscrito a la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio, en temas importantes como trabajo en equipo, calidad en el servicio, equipos autodirigidos y por supuesto, en el modelo de gestión.
El apoyo que hemos recibido del presidente magistrado, Sergio Javier Medina Peñaloza y del Consejero de la Judicatura, ha permitido conformar un pilar muy importante en el cumplimiento de este proyecto, sabedores de que todos somos parte de un gran equipo que trabaja día a día para materializar la misión y visión del Poder Judicial Estatal.
Sin duda, resulta un honor pertenecer a una institución que se preocupa por la mejora continua en el servicio que brinda a los justiciables, dando continuidad a los trabajos de consolidación de la reforma en materia de Justicia Penal, buscando innovar en temas de administración basados en modernas y mejores prácticas, priorizando el concepto de calidad total dirigido a la creación de valor público para los usuarios.
Aún faltan acciones que concretar y la fecha límite está próxima; no obstante, quienes creemos y hemos apostado por este proyecto, estamos seguros que con el trabajo constante y el compromiso de todos los involucrados, el 31 de octubre estaremos compartiendo la satisfacción de ver implementado el Modelo de Gestión Judicial Penal en su totalidad.
* Líder de Proyecto de la Dirección General de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio