Fernando Díaz Juárez

Nuestro país se encuentra inmerso en una nueva realidad social, en la que la ciudadanía es mucho más exigente, se involucra en mayor medida en las cuestiones de interés general y se comunica con mayor velocidad para participar activamente. El contexto en el que nos encontramos nos remite a que Häberle ha calificado como la sociedad abierta de intérpretes constitucionales; en donde la opinión de todos y cada uno se vuelve trascendente, se manifiesta tan exigentemente, y estas, naturalmente, producen cambios.

Las modificaciones en el orden constitucional que nos está dejando vivir, en relación a nuestro otro sistema de justicia, son el resultado del reclamo social por un mayor acceso a la justicia y por eliminar la impunidad. La ciudadanía descalifica al sistema de justicia al advertir retraso en la resolución de conflictos, falta de sensibilidad y empatía de las personas juzgadoras y el complejo de los procesos judiciales.

Con motivo de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024; ministros, magistrados y jueces serán elegidos mediante sufragio directo, lo que, sin duda, dotará de mayor legitimación a la función jurisdiccional; sin embargo, me atrevo a afirmar que la reforma judicial es solo el inicio de lo que debe ser una verdadera transformación del sistema de justicia.

La evolución del ecosistema de justicia exige mayores niveles de democracia: coordinación y diálogo entre Poderes, jueces, postulantes, académicos, instituciones de procuración de justicia, organismos autónomos y sociedad civil: todos los que formamos parte de él, debemos asumirnos como una unidad, diseñada y estructurada bajo principios de utilidad y resultados, y a partir de políticas comunes, dirigidas a consolidar la paz social, el desarrollo y el bienestar de las personas.

Una verdadera evolución del sistema de justicia implica:

a) Propiciar el cambio cultural sobre la gestión del conflicto. En las escuelas de Derecho, debe dejar de explicarse como una disputa entre las personas y mostrarse como la oportunidad que enfrentan, para reconstruir sus relaciones; de ser posible, continuarlas en condiciones distintas. El Estado debe seguir apostando por los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mejor forma de acceder a la justicia: en sede privada, administrativa o judicial.

b) La eficiencia judicial, que se logra a partir de herramientas de gestión corporativa, como análisis comparativo de procesos, servicios y estrategias para identificar mejores prácticas y mejorar el desempeño, haciéndose más con menos.

c) Mejorar e incrementar las vías por las que la administración de justicia se comunica con la ciudadanía, así como los instrumentos de participación que la sociedad encuentra para vigilar el cumplimiento de la ley en el ejercicio de la función judicial, por supuesto, sin que se lesione la independencia judicial.

Ese nuevo modelo debe poner a las personas y su dignidad en el centro de la justicia; pues la tutela judicial efectiva implica acceso pleno mediante vías alternas, apertura y cercanía con la sociedad y sus organizaciones, transparencia, evaluación del trabajo de las personas juzgadoras, prevención de la corrupción, austeridad gubernamental, empatía con los más vulnerables y atención sensata a los ciudadanos.