El Poder Judicial del Estado de México ha sido, desde su origen en 1825, un organismo en constante evolución. Aquel 28 de marzo, cuando se instaló el Supremo Tribunal de Justicia, se sembró la semilla de una institución clave para la vida democrática mexiquense. Más tarde, en la Constitución de 1827, se formalizó su papel como uno de los tres pilares del poder estatal. Y fue en 1831 cuando adoptó, por primera vez, el nombre que hoy conocemos: Tribunal Superior de Justicia.

Durante años, el Pleno del Tribunal tomó las decisiones administrativas fundamentales: desde nombrar jueces, actuarios y notificadores, hasta elaborar el presupuesto y administrar los recursos. Pero esa lógica cambió radicalmente en 1995, cuando una reforma integral a la Constitución local trajo consigo un nuevo diseño institucional: nacía el Consejo de la Judicatura.

Este órgano colegiado, autónomo y deliberativo, fue creado con el objetivo de liberar a las y los juzgadores de tareas administrativas y permitirles enfocarse por completo en su labor jurisdiccional. Así, el Consejo asumió la responsabilidad de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

En su origen, estaba integrado solo por miembros del propio Poder Judicial. Sin embargo, con la reforma constitucional de 2010, se incorporó la participación de los tres poderes del Estado: dos integrantes designados por el Congreso local y uno por el Ejecutivo. Esta pluralidad buscó garantizar una toma de decisiones más balanceada y representativa.

El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones, sesiona cada quince días de manera ordinaria y de forma extraordinaria cuando es necesario. Todas sus decisiones se toman por mayoría o por unanimidad, y salvo casos específicos como el nombramiento de magistrados —que requiere aprobación legislativa—, sus determinaciones son definitivas.

Entre sus funciones más importantes están la designación de jueces y juezas que, antes de asumir, deben aprobar un curso, concurso y examen en la Escuela Judicial; además, vela por el correcto funcionamiento de 193 juzgados, 25 Salas y 10 Tribunales Laborales distribuidos en 4 regiones y 18 Distritos Judiciales que atienden todo tipo de controversias: penales, civiles, mercantiles, familiares, laborales y de adolescentes.

La última gran reestructuración del Consejo llegó en 2019, cuando se redefinió su integración: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo encabeza; lo acompañan dos magistradas o magistrados y dos juezas o jueces designados por el Pleno del Tribunal, además de una persona nombrada por el Ejecutivo y otra por el Congreso local.

Pero ahora, el Consejo de la Judicatura, tal y como lo conocemos, está por cerrar su ciclo. La Reforma Judicial vigente contempla su desaparición para dar paso a un nuevo organismo: el Tribunal de Disciplina. Así, este órgano concluye su historia institucional con una última integración: Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo; así como por las consejeras y consejeros María Alejandra Almazán Barrera, Astrid Lorena Avilez Villena, Cristel Pozas Serrano, Mario Eduardo Navarro Cabral, José Castillo Ambriz y Octavio Castaño Fonseca.

El Consejo deja un legado importante: el de haber sido el engranaje administrativo que permitió al Poder Judicial del Estado de México concentrarse en su misión central: impartir justicia con independencia y eficiencia. Su historia es, también, la historia de cómo se construye un tribunal fuerte, plural y al servicio de la ciudadanía.