El pasado 6 de marzo, el Poder Judicial del Estado de México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, llevaron a cabo el Conversatorio “Alianzas para la Construcción del Primer Protocolo sobre Justicia Ambiental”.
Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia inauguró el evento y expresó que es importante tratar los delitos ambientales con una política pública ubicada en la agenda nacional y trabajar coordinadamente entre las instituciones; pues alianza y cooperación incluso internacional, son la pauta para enfrentar al crimen organizado que afecta el medio ambiente y la diversidad en el país.
En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, el Magistrado Presidente refirió que el objetivo de está actividad es construir una herramienta en Justicia Ambiental; además, la realización de manuales de formación, capacitación y actuación de juezas, jueces, peritos, agentes del ministerio público y policía preventiva.
Al dar la bienvenida, Edna Escalante Ramírez, Consejera de la Judicatura, apuntó que es fundamental que el derecho ambiental tenga una visión integral que, desde la interseccionalidad, la diversidad, la inclusión, el género y los derechos humanos, ajuste la graduación específica para la protección de especies endémicas, flora, fauna, recursos naturales y minerales.
Mario Cordero Vejar, titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas de la UNODC México, comentó que en el marco del “Día Mundial de Vida Silvestre” -que se celebró el 3 de marzo- se deben analizar estas conductas desde diversas perspectivas, pues reiteró que no solo afectan a las especies, sino al planeta y a los que vivimos en él.
Mauricio Zapata Zaldívar, director para Prevención de Delitos Internacionales de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recordó que de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030, ocho están vinculados con el medio ambiente; de ahí la importancia de generar alianzas entre organismos internacionales, gobiernos nacionales, estatales y municipales para promover acciones de toma de conciencia.
Vía remota, Hanny Cueva- Beteta, Jefa del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan el Ambiente UNODC, remarcó que en esta materia se deben intensificar esfuerzos para fortalecer los marcos jurídicos y crear capacidades judiciales y de aplicación de la ley.
Enrique Castañeda Sánchez, Subprocurador de Auditoría Ambiental de la PROFEPA, comentó que el protocolo servirá como herramienta para luchar contra el crimen organizado en la comisión de ilícitos que afectan al medio ambiente.
Participaron Héctor Herrera Ordóñez, Abogado Postulante y Experto en Derecho Ambiental; María Belén Herrero Martín, Investigadora de la UAEMex y Francisco Víctor Ortiz Millán, Director de Capacitación, Profesionalización y Especialización en la Universidad Mexiquense de Seguridad.
Además, Adrián Reuter, Experto en vida Silvestre y Gestión Internacional de la Biodiversidad; Inés Arroyo Quiroz, Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y Alfredo Pellicer, Rector de la Universidad Lucia Botín México.
