Estuvo en prisión por asesinar a su esposa y fue sentenciado a montar un burro con soga de esparto al cuello y a “voz de pregonero” manifestar su delito, pasear así por las calles y llegar a la horca donde se “le suspenda por el pescuezo hasta que naturalmente muera”, descender su cadáver, “que se le separe la cabeza y se fije en una escarpia en el lugar donde hizo el homicidio”, esta es parte de una sentencia de que data de 1774.
Gisela González Flores, directora del Archivo del Poder Judicial del Estado de México indicó que de acuerdo con las leyes de la época, ninguna persona debía bajarlo porque podía ser también condenada. Este castigo era la forma de dar ejemplo, para que nadie incurriera en el mismo ilícito, ya que era muy grave matar a una mujer.
El Archivo Histórico del PJEdomex resguarda esta sentencia del siglo XVIII, un juicio de la Real Audiencia por uxoricidio en contra de Agustín Ziprian, quien ahorcó a su esposa en la jurisdicción de Toluca.
“Este documento invita a reflexionar en la pena que se imponía por la gravedad del delito homicidio de la esposa a manos de su propio cónyuge entonces denominado uxoricidio, lo que hoy en día sería considerado un tipo de feminicidio”, explicó González Flores.
En esta pieza de alto valor histórico, se señala que el sentenciado “Con poco temor de Dios y menosprecio de la Real Justicia, sin motivo especial, le quitó la vida a su mujer con el estrago y violencia de ahorcarla”. El documento tiene el registro AHPJEM, EXP. S/N. 1774. Criminal de oficio de la Real Justicia seguida contra Agustín Ziprian indio del Pueblo de Calixtlahuaca jurisdicción de Toluca, sobre haber ahorcado a su mujer Luisa María.
González Flores explicó que en la sentencia incluía la instrucción de juez para que el cuerpo, separado ya de la cabeza, “se introduzca en una cueva con un gallo, una víbora, un perro, y un simio o mono, y sea arrojado a las aguas, conforme a la disposición de la Ley 12, tít. 8, partida 7 y por esta sentencia, con que Vuestra Merced dará cuenta, sin notificarle al reo”.
Desde 1980, los archivos que pertenecían a la Real Audiencia pasaron a manos del Poder Judicial mexiquense, máxima autoridad que imparte justicia en el Estado de México, donde se conservan documentos del periodo Colonial bajo estándares internacionales de humedad y catalogación.
