Representantes de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA) y de la Embajada de Estados Unidos en México, visitaron al Poder Judicial mexiquense a fin de conocer buenas prácticas de la Justicia Terapéutica en su modalidad de Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA).
En la bienvenida, la consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith Escalante Ramírez señaló que desde 2014 el Tribunal Superior de Justicia implementó esta vía a fin de que, quienes presuntamente cometieron un delito relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas se rehabiliten y reinserten a la sociedad de forma exitosa y productiva.
La delegación estuvo encabezada por Karelly Villanueva Escamilla, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD-OEA y Alejandro Álvarez Tostado, de la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de la Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México
Durante el encuentro, el juez coordinador del TTA, Edgar Garay Vilchis explicó que luego de ser seleccionados, los participantes se someten a un seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario integrado por una jueza o juez especializado en tratamiento de adicciones; un ministerio público, un defensor, un terapeuta y un trabajador social.
En esta visita, el juez Garay Vilchis condujo audiencias de seguimiento en las que autorizó la graduación de dos personas, pues se comprobó que dejaron de consumir sustancias psicoactivas y lograron restablecer sus vínculos sociales y afectivos.
El representante de CICAD-OEA realizó una serie de preguntas a los integrantes del equipo sobre los criterios de selección de candidatos, su historial clínico, la financiación del programa, becas para tratamiento residencial, factores de expulsión de los participantes, el contexto social del que provienen, así como de los mecanismos de estímulos y donativos.
En la reunión participaron también María Luisa Romero, de la Embajada de Estados Unidos en México; Karla Lorena Cerecero Chacón, subdirectora de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en la Secretaría de Gobernación; Luis Enrique Leyva Nambo, director general adjunto de Instrumentos Contractuales de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Verónica Cortés Marroquín, directora general de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio.
