La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México resolvió por unanimidad otorgar amnistía a Tomás, integrante de un grupo originario, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan las comunidades indígenas en el acceso a la justicia. Al conocer la resolución de amnistía a su esposo, la voz de Carmen se quebró “Sentimos que la justicia por fin alcanzó a nuestros pueblos indígenas”, expresó sensiblemente con-movida.

La decisión fue tomada el pasado 14 de enero en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, durante la sesión extraordinaria pública de la Sala, presidida por la Magistrada Erika Castillo Vega e integrada por las Magistradas Verónica Carrillo Carrillo y María Rosalba Briseño Alvarado, así como los magistrados Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez.

Al presentar el caso, la Magistrada Carrillo Carrillo explicó que Tomás fue sentenciado en 2014 por el delito de homicidio. Años después se documentaron irregularidades durante el proceso penal, entre ellas la ausencia de traducción a su lengua, asesoría jurídica sin enfoque intercultural y limitaciones que le impidieron comprender plenamente la acusación en su contra. A estas condiciones se sumaron factores de vulnerabilidad como pobreza, rezago educativo y marginación.

Con base en estos elementos se activó el mecanismo extraordinario previsto en la Ley de Amnistía del Estado de México. Tras analizar el caso, la Sala confirmó su pertenencia a una comunidad indígena, la inexistencia de reincidencia, el cumplimiento de la reparación del daño y de los requisitos legales, así como la realización de actividades sustitutivas, por lo que determinó procedente conceder el beneficio.

El Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, destacó que este tipo de resoluciones reflejan el compromiso de las instituciones por transformar la justicia en una herramienta efectiva para corregir desigualdades históricas. Subrayó que la aplicación de la amnistía es resultado de la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, así como del trabajo conjunto con la Defensoría Pública y organismos de derechos humanos.

A la sesión asistieron también la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, y José Carlos Neira Cruz, Director del Instituto de la Defensoría Pública, en representación de la Gobernadora; así como, la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial y el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial.

Esta resolución representa la tercera amnistía concedida por la Sala de Asuntos Indígenas a una persona integrante de un pueblo originario. El Poder Judicial mexiquense consolida una línea de actuación orientada a garantizar el acceso efectivo a la justicia, incorporando criterios de inclusión, perspectiva intercultural y reconocimiento de la diversidad social.