A fin de consolidar un Poder Judicial transparente, abierto, contribuyendo a la construcción de una sociedad libre de corrupción y en paz, con un sentido y compromiso ético. 

Con el objetivo de prevenir y combatir conductas contrarias a la ley; agilizar procesos ad-ministrativos y facilitar a la ciudadanía la presentación y seguimiento de denuncias, Fernando Díaz Juárez, titular del Poder Judicial mexiquense, firmó un Convenio de Colaboración con Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría estatal el 27 de agosto.

“No podemos aspirar a un crecimiento armónico y a un desarrollo pleno, sin un modelo de gestión pública que responda con integridad a la legítima exigencia social de contar con un buen gobierno”, afirmó Díaz Juárez en el Salón Presidentes del histórico Palacio de Justicia de Toluca; explicó que el acuerdo incluye la transferencia al PJEdomex -por parte de la Secretaría de la Contraloría- de sistemas tecnológicos para fortalecer el control, vigilancia, auditoría y entrega-recepción de unidades administrativas.

Se trata de la implementación de cuatro plataformas clave: el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), que recibe denuncias por presuntas faltas administrativas de servidoras y servidores públicos o particulares, así como sugerencias y reconocimientos; el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR), para dar seguimiento a procedimientos administrativos; el Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales (SAAEF), que refuerza procesos de control; y el Sistema de Entrega y Recepción de Unidades Administrativas (SISER-WEB), diseñado para simplificar tareas, reducir errores y optimizar tiempos de respuesta. Estas herramientas reflejan, dijo, la confianza y la colaboración entre instituciones.

Durante su participación, la Secretaria de la Contraloría reconoció la colaboración institucional del Poder Judicial con el Ejecutivo para impulsar un gobierno transparente y confiable, con herramientas tecnológicas para atender denuncias, quejas y reconocer el buen desempeño de las personas servidoras públicas.

En el mismo evento se entregaron constancias de acreditación a 40 personas facilitadoras de la Contraloría, capacitadas por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.

El Magistrado Presidente subrayó que “el derecho a un buen gobierno debe concebirse como un motor de convivencia armónica y de  transformación social”. Agregó que cada certificación se traducirá en acciones que fortalezcan la confianza ciudadana, impulsen la cultura de la legalidad y promuevan soluciones pacíficas a los conflictos, con impacto positivo en miles de familias mexiquenses.

En representación de las y los acreditados, Oscar Galicia Estrada, Titular de la Unidad de Prevención de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, enfatizó que las y los servidores públicos deben construir una administración con sentido humano y centrada en las personas, gestionando conflictos de forma eficaz.