Hoy damos paso a una justicia intercultural construida desde la escucha activa y con sentido humano. Sus voces, formas de ver el mundo y maneras de organizarse no son ajenas al sistema, son parte esencial de nuestro espacio democrático.
— Fernando Díaz Juárez, titular del PJEdomex

Con la firma del Acta Constitutiva del Observatorio de Justicia para Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes, el Poder Judicial del Estado de México da un paso inédito hacia un sistema más justo, incluyente y representativo. Se trata del primer organismo en su tipo a nivel mundial que incorpora, en un mismo espacio de análisis y propuesta, a representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes junto con autoridades judiciales, legislativas y administrativas.

“El acceso a la justicia ya no puede ser un privilegio. Es un derecho que se debe garantizar con imparcialidad, empatía y perspectiva”, afirmó Fernando Díaz Juárez, titular del Poder Judicial del Estado de México, al firmar el Acta. 

La firma se llevó a cabo el 19 de junio y representa no solo una promesa cumplida por parte del Poder Judicial, sino también un paso firme hacia una justicia más incluyente. El Magistrado Presidente, explicó que este observatorio responde a una deuda histórica con más de 400 mil personas de los grupos originarios asentados en el Edomex, que durante mucho tiempo han sido invisibilizadas, y además está alineado con el compromiso número cuatro de la Declaratoria de Justicia Abierta, firmada en febrero, así como con los lineamientos del Plan de Desarrollo Judicial.

Desde el Salón de Plenos Alterno y acompañado por la Secretaria de la Contraloría estatal, Hilda Salazar Gil, y la diputada Leticia Mejía García, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, Díaz Juárez señaló que esta es una nueva etapa.

Subrayó que no se trata de un acto simbólico o decorativo, sino de una transformación profunda que busca replantear qué entendemos por justicia en un estado tan diverso como el nuestro. 

Entre las acciones destacadas del Observatorio están la traducción de contenidos jurídicos y educativos a lenguas originarias, el uso de intérpretes en audiencias, la difusión de información accesible y el trabajo conjunto con liderazgos comunitarios y especialistas en cultura indígena.

En el evento también estuvieron presentes figuras clave como Ruth Salinas Reyes, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso estatal; María del Consuelo Rodríguez Rocha, reconocida activista afrodescendiente; y el Magistrado Arturo Márquez González, Presidente de la Sala de Asuntos Indígenas. Además, Peter Sharp Vargas, de la Red Chilena de Justicia Abierta y miembro de su red internacional, participó de manera virtual y describió el acto como histórico. En sus palabras, se trata de una acción jurídica, política y cultural que por fin coloca a los grupos históricamente vulnerables en el centro del sistema judicial.

Durante la exposición de motivos, el Consejero Mario Eduardo Navarro Cabral fue claro: este Observatorio busca abrir rutas de reconciliación que permitan ejercer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, siempre desde la dignidad, la autodeterminación y la participación. Detalló que habrá sesiones plenarias tres veces al año, además de mesas de trabajo y encuentros especiales cuando la agenda lo amerite. El Observatorio también podrá invitar a personas expertas, traductoras, defensoras de derechos humanos y representantes de comunidad, con voz pero sin voto, bajo principios de inclusión, paridad y pertinencia cultural.

Navarro Cabral también explicó que la creación de este órgano es resultado de lo que han expresado directamente las comunidades originarias durante los diálogos promovidos por la Sala de Asuntos Indígenas. Esta iniciativa busca generar un cambio real dentro del sistema de justicia. También se conecta con compromisos internacionales asumidos por México, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los que hablan del acceso a la justicia y la construcción de instituciones más abiertas e igualitarias.

En el acto protocolario se firmó formalmente el acta que da vida al Observatorio. Además del Magistrado Presidente, la suscribieron liderazgos indígenas como Vicenta Sánchez Valdés de San José del Rincón, María Magdalena García Bermúdez de Temoaya, Julián Martínez Rocha del pueblo mazahua, Concepción Peñalosa Reyes de Temascaltepec y Apolinar Fausto Mendoza de Ixtlahuaca.

También sumaron su firma Pedro Jorge Isaac González, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial; Alberto Cervantes Juárez, director del Instituto de la Defensoría Pública; Manuel Quiñones Flores, del CEDIPIEM; Irma Sosa Solís, de la Secretaría del Bienestar; Silvia Álvarez Morales y Nallely Flores Rodríguez, de la Barra de Abogados del Estado de México.

Finalmente, participaron también Luz María Lemus Campuzano y Ricardo Joya Cepeda, de las coordinaciones generales de Igualdad y Acceso a la Justicia del Poder Judicial; Maley Infante Moreno, presidenta del Centro de Ética Judicial; Elizabeth Acuña Rangel, del Colegio de Abogados Humanistas en Defensa de los Pueblos Indígenas; Juan Vergara Millán, de la filial Naucalpan del Colegio de Abogados del Valle de México; Óscar Bazán Alatorre, del Comité de Participación Ciudadana mexiquense, y Luis Eduardo Espinosa López, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México.