Hace dos años nació la Sala de Asuntos Indígenas (SAI) del Poder Judicial del Estado de México, un espacio creado para garantizar el acceso real a la justicia de los pueblos originarios y de la comunidad afromexiquense. Su tarea no es solo resolver asuntos legales, sino reconocer y respetar sus lenguas, costumbres, formas de organización y maneras de ver el mundo.

El 19 de junio, la celebración por su segundo aniversario se llevó a cabo en un lugar simbólico: la Zona Arqueológica de Teotihuacán. En medio de ese legado milenario, el Magistrado Presidente, Fernando Díaz Juárez, recibió el bastón de mando, una muestra de respeto de las comunidades indígenas y afromexiquenses, pero también un gesto de liderazgo compartido.

Durante su mensaje, el magistrado indicó que esta Sala va más allá de los procedimientos jurídicos. “Este órgano nació para defender la dignidad humana y la integridad de quienes por siglos tuvieron un acceso parcial, obstruido o incluso inexistente a la justicia”, afirmó.

Explicó que la SAI fue creada tras una reforma legal y una consulta directa con los pueblos originarios, lo que demuestra que sí es posible construir justicia con enfoque intercultural. Gracias a este órgano, historias que antes quedaban en el silencio ahora tienen voz: mujeres indígenas sin intérprete, niñas y niños violentados, comunidades que buscan que su identidad sea reconocida.

Díaz Juárez recordó que en el Estado de México viven más de 400 mil personas indígenas y cerca de 300 mil afromexiquenses. Por eso, esta Sala se ha convertido en un referente a nivel nacional, ya que conoce apelaciones en materias Penal, Civil y Familiar, emite opiniones consultivas y cuida que ningún proceso judicial pase por alto los derechos de quienes se auto adscriben como parte de un pueblo originario.

En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, reconoció que esta Sala ha sabido tejer puentes entre la justicia formal y la identidad cultural. Afirmó que la actual administración está comprometida con políticas públicas que acompañen a las comunidades originarias con acciones concretas, no solo con palabras.

Por su parte, el Magistrado Arturo Márquez González, presidente de la SAI, informó que en estos dos años se han atendido 38 apelaciones —de las cuales 31 ya se resolvieron— y se han emitido cuatro opiniones consultivas. “Cada resolución no es solo una cifra. Se trata de hacer justicia real, como en un caso emblemático donde se anuló una sentencia por graves violaciones al debido proceso”, compartió.

A la ceremonia asistieron representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, integrantes de los cinco pueblos originarios de la entidad, el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, jueces y juezas. 

El PJEdomex refrendó su compromiso de caminar junto con las comunidades que durante siglos fueron invisibilizadas, y de seguir construyendo un sistema de justicia más cercano, sensible y justo, que entienda y respete las múltiples formas de ser y vivir en el territorio mexiquense.