El Magistrado Presidente propuso la creación de una Comisión de Capacitación, con el objetivo de fortalecer una visión intercultural y de salvaguarda especializada desde todas las etapas del sistema de justicia, no solo en el ámbito jurisdiccional.

Con el firme propósito de construir una justicia más humana, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural, el PJEdomex celebró la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de los Pueblos Originarios y comunidades afrodescendientes el 7 de agosto. Este espacio, impulsado por el Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez, marca un hito en la transformación del sistema judicial con enfoque intercultural.

Durante la sesión, se aprobó la creación de dos comités especializados para identificar violaciones graves a derechos humanos, sistematizar información y, sobre todo, actuar para resarcir daños históricos. Díaz Juárez, llamó a dejar atrás las acciones aisladas. Planteó, integrar un comité que reciba casos concretos, los analice jurídicamente, canalice posibles solicitudes de amnistía y establezca un padrón de personas indígenas y afrodescendientes privadas de su libertad, cuya situación legal exija una revisión a fondo. 

“Son vidas, son historias. (…) Necesitamos visibilizarlas y actuar. Esa fue la intención de crear este Observatorio”, remarcó el Magistrado Presidente, al tiempo que sugirió incorporar como miembros permanentes a representantes del Poder Legislativo, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad, para sumar esfuerzos y dar respuesta institucional.

Reiteró que este espacio busca ofrecer soluciones reales, con enfoque intercultural, de género e interseccional, especialmente para mujeres indígenas en prisión. Reconoció además que la justicia no puede construirse en soledad; debe abrirse, dialogar y nutrirse de la comunidad a la que sirve.

La Secretaria de la Contraloría estatal, destacó que este Observatorio no solo representa una plataforma institucional, sino un compromiso ético y humano con la justicia intercultural. Subrayó que articula acciones concretas para garantizar que los pueblos indígenas accedan a una justicia real, entendida desde sus contextos sociales, culturales y lingüísticos.

Al referirse al análisis sobre la amnistía para mujeres indígenas en reclusión, enfatizó que no se trata de indulgencia, sino de una obligación del Estado de corregir desigualdades históricas en el acceso a la justicia, muchas veces marcadas por la ausencia de intérpretes, defensas adecuadas y comprensión cultural. Agregó que, desde el Poder Ejecutivo, y en particular desde la Secretaría a su cargo, se comparte plenamente esta visión de inclusión, transparencia y rendición de cuentas.

En la exposición de motivos, Mario Eduardo Navarro Cabral, Consejero de la Judicatura, destacó que la creación del Observatorio representa un avance sustantivo hacia la transparencia, la rendición de cuentas y el reconocimiento real de los derechos colectivos. Este nuevo órgano no solo se integra al proceso de evolución institucional, también reafirma su compromiso con una justicia accesible, inclusiva e intercultural.

Durante esta primera sesión también se consolidaron acuerdos clave: se propuso y aprobó el nombramiento de Pedro Isaac González, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, como Secretario Técnico, y se avaló el Reglamento Interno, documento que establece las bases de organización y operación del órgano colegiado.