‘La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad…’

El lunes 9 de junio, concluyó uno de los procesos electorales más relevantes en la historia de nuestro país; todo un reto para autoridades de los tres Poderes y los institutos electorales. Por primera vez, la ciudadanía eligió directamente a quienes ejercerán funciones jurisdiccionales, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros.

Este hecho no solo modifica la forma en que se integra el Poder Judicial; transforma, en lo esencial, cómo se elige a quién imparte justicia y se convierte en vocero de ella. El voto dejó de ser una herramienta exclusivamente política y se convirtió en un instrumento de justicia.

Por ello, vale la pena preguntarse: ¿Qué sigue? Una interrogante difícil de resolver y que demanda respuestas concluyentes y contundentes.

Lo que sigue no es simple ni inmediato. Es una fase compleja de transición institucional. Una reorganización que exige autocrítica, apertura, y sobre todo, responsabilidad. Hoy no solo contamos con nuevos rostros al frente de los órganos jurisdiccionales, sino también con una nueva expectativa ciudadana que exige resultados.

Las personas en quienes la ciudadanía depositó su confianza para proteger y resolver sobre su vida, familia, patrimonio, negocios, y en general, sobre sus derechos humanos, tienen una de las encomiendas más importantes y trascendentales, que conlleva responsabilidades de velar no por sus intereses jurídicos, sino por su dignidad como personas.

Esta realidad obliga a pensar que el momento que vivimos no es una novedad electoral, o una imposición; es un cambio que responde a la exigencia y necesidad de una justicia más cercana, sensible, que escucha pero que principalmente responde y forma parte activa de su sociedad.

Sí, la jornada electoral fue compleja, llevó consigo tensiones, desafíos y un debate público no exento de crítica en uno y otro sentidos. Pero su valor no está en lo difícil que fue, sino en lo que representó: el inicio de una nueva forma de concebir el alcance e impacto que tienen quienes están al frente de un tribunal. Fue un proceso con aprendizajes que nos mostró que la ciudadanía desea ser escuchada y que espera de nosotros una justicia menos distante, menos opaca, más humana y mucho más accesible.

Aquí es donde el Poder Judicial tiene una tarea fundamental a la que no puede ser ajeno. Le corresponde no solo acompañar, sino garantizar que la incorporación de los nuevos juzgadores se dé de forma oportuna y en las mejores condiciones.

Le toca hacer su parte que comienza con la capacitación; integral, rigurosa, crítica y permanente. No solo hay que enseñar normas, sino cultivar una cultura jurídica comprometida con la ética, la independencia judicial y perspectiva de derechos humanos, con una visión que vela por todas y todos los mexiquenses sin distinción o privilegio alguno.

Se trata de dotar de herramientas, pero también de convicciones. No basta con saber Derecho, hay que saber juzgar con sentido de responsabilidad y conciencia.

El reto es doble; por un lado garantizar que quienes llegan a los tribunales por la jornada electoral estén preparados para ejercer con excelencia; y por otro, asegurar que esta nueva forma no fracture la unidad ni la funcionalidad del sistema. El Derecho y la impartición de justicia no admiten improvisaciones, y la ciudadanía no aceptará excusas.

Lo que sigue, en suma, es un proceso institucional serio, honesto y decidido para traducir la voluntad ciudadana en mejoras concretas de la función judicial. Nos toca construir puentes entre el resultado electoral y la calidad jurisdiccional.

No es una tarea menor, pero es una tarea necesaria, porque cuando realmente se escucha a la sociedad, los cambios se observan.

Si algo queda después de este proceso extraordinario, es que en nosotros recae garantizar la justicia, bajo nuevos parámetros de exigencia, y no podemos permitirnos defraudar la confianza que en nosotros han depositado.