Mgdo. Héctor Pichardo Aranza
La niñez y la adolescencia, etapas de desarrollo de la persona, han adquirido importancia y valor recientemente, pues son tema central de estudios multidisciplinarios y de discursos políticos, cuando por años fueron considerados como personas pequeñas, medias personas, sin edad clara y quizá un tanto inviables, no solo para sus padres, sino también para la sociedad y los estados.
Fue hasta entrado el siglo XX -en el que tuvieron lugar las dos guerras mundiales- que reflejaron la crueldad a la cual fueron sometidos Niñas, Niños y Adolescentes, siendo los más perjudicados y vulnerados en sus derechos e incluso destaca la incorporación de los adolescentes a esas actividades bélicas.
Surge así la necesidad de reconocer y proclamar los derechos de este grupo vulnerable, que por su edad necesita de una atención y trato especial, para ser escuchados en su sentir y pensar como personas en pleno desarrollo.
Los adolescentes son sujetos de derechos, mismos que constituyen su reconocimiento jurídico a necesidades materiales, biológicas, afectivas, de seguridad, emocional, intelectual, para ser comprendidos y afirmar su yo, y hacerse su propio lugar en la familia y sociedad.
La adolescencia comprende el periodo evolutivo de la pubertad en la que las glándulas sexuales adquieren madurez y el desarrollo de los órganos sexuales y sus caracteres sexuales secundarios se manifiestan.
Lo anterior genera que el adolescente se ubique en dos mundos diferentes que resultan incompatibles: el mundo infantil y el mundo de los adultos, estos traen consigo el cambio del comportamiento y conducta de los adolescentes, de ser tímido y callado, se torna extrovertido con una rebeldía manifiesta, al no reconocer límites de autoridad y al sentirse incomprendido en la familia, busca integrarse a otros grupos sociales que no siempre serán los más recomendables y que suelen ser negativos para el desarrollo del adolescente.
A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, los estados signatarios adquieren diversas obligaciones, entre ellas, ajustar su marco jurídico interno a las directrices que emanan de ese tratado internacional.
El estado Mexicano reconoce los derechos humanos de las personas, en los que de manera incluyente se contemplan los Derechos del Niño, tal es el caso de las reformas al artículo primero, cuarto, y dieciocho Constitucional, en los cuales se establecen las bases de un sistema de protección de la niñez y adolescencia, que tiene sustento en el principio del interés superior del niño y un sistema de justicia penal para adolescentes, que se ajuste a los principios de corte acusatorio, en el que se respeten los derechos del adolescente en conflicto con la ley penal y donde todas las autoridades intervinientes cuenten con una especialización y se garantice un acceso efectivo a la justicia que se traduzca en el debido proceso.
En materia penal, en el territorio mexiquense se registran con mayor incidencia, delitos cometidos por adolescentes, tales como el robo con violencia, secuestro, homicidio, violación y contra la salud; cabe puntualizar que a tres años de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se observa que los grupos etarios que más interviene en los ilícitos son de entre 14 y 16 años de edad y de 16 a menos de 18 años.
Entre las principales conductas antisociales que llegan a los juzgados de Control de este Tribunal se encuentran: contra la salud 57%, robo con violencia 24%, portación de arma prohibida 7%, violación 6%, secuestro 1.5%, homicidio 1.5%, y extorsión 0.5%; en tanto, en el Tribunal de Enjuiciamiento están: delitos contra la salud con un 14 por ciento, secuestro 7%, violación por equiparación 2%, violación 2%, homicidio 3%, delitos contra la salud 2%, portación de arma 2% y feminicidio 1%.
Ante este fenómeno social de la delincuencia juvenil, se requiere fomentar la unión familiar, porque en algunos casos es la fuente criminal donde se induce e involucra a los adolescentes a la comisión de conductas delictivas, por citar un ejemplo, en el caso de secuestro, en el que todos los integrantes de la familia participan en su comisión.
Además de involucrar de manera responsable a los diversos sectores de la población, a fin de que otorguen atención especial, con medidas educativas, la práctica y fomento de actividades deportivas y culturales a los adolescentes, para así contribuir a su desarrollo integral.
* Presidente del Tribunal de Alzada del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial de Estado de México
