En 1824, con la sesión solemne del Acta Constitutiva de la Federación, se adoptó una forma de gobierno republicana, representativa y popular con base en la división de los poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, depositando el ejercicio de este último en una Suprema Corte de Justicia y en los tribunales que se establecieron en cada estado.
Ese mismo año, se decretó la instalación del Supremo Tribunal del Estado de México y el Congreso Constituyente nombró a los primeros ministros: Jacobo Villaurrutia, Manuel del Campo Rivas, Juan José Flores Alatorre, José Domingo Rus, Francisco Nava, Ignacio Alva y al fiscal, Tomás Salgado.
La historia comienza
El primer libro de actas resguardado en el Archivo General del PJEdomex, refiere que el 28 de marzo de 1825 -hace 198 años- quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
Desde entonces, la institución ha registrado diversos cambios, uno de ellos al terminar la intervención francesa, en 1868, cuando se emitió la Ley Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales en el Estado Libre y Soberano de México, que organizaba al Poder Judicial y a su vez, determinaba las cuestiones procesales civiles.
En medio de la Revolución Mexicana, el 25 de agosto de 1914, se suspendieron oficialmente las labores judiciales del tribunal, toda vez que los jueces del estado fueron tildados de “Huertistas” y por ello perseguidos.
En la época Zapatista, el 2 de julio de 1915 el Coronel del ejército liberador, Gustavo Baz Prada expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial Zapatista que, entre otras cosas, reorganizó al máximo tribunal y creó la Procuraduría General de Justicia, como Jefatura del Ministerio Público.
En 1917 el Congreso Constituyente del estado abordó en el proyecto de Carta Magna, lo relativo al Poder Judicial, indicando que se depositaba en un cuerpo colegiado denominado “Tribunal Superior de Justicia” y en los Jueces de Primera Instancia. Quedó compuesto por nueve Magistrados propietarios y tres Supernumerarios, los cuales serían electos por la Legislatura y durarían en el cargo seis años.
El 28 de junio de ese mismo año, se expidió el Decreto por el que se nombraron como Magistrados constitucionales del Tribunal Superior de Justicia a los licenciados, Arcadio Villavicencio como presidente, Carlos Martínez, Enrique García González, Valentín Enríquez, Joaquín García Luna (jr), Sebastián Vilchis; como primero y segundo Magistrados Supernumerarios a los licenciados Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz, respectivamente.
Y fueron, José Joaquín Segura, Antonio Lazcano, Francisco F. Ruiz, Roberto García Moreno, Manuel A. Rodríguez, Sebastián Muñoz, Federico Arroyo Cabrera, Pedro Ortega Cejudo, Francisco Carbajal, Miguel Garfias Rodríguez, Benjamín Santín Arechavala, Joaquín Corres, Ángel Díaz González, Samuel Gómez Trejo, Demetrio Hinostrosa, José Giles y Benigno Hernández, el primer equipo de Jueces designados.
El Gobernador que suspendió funciones judiciales
Debido al ambiente político inestable de la revolución, el 19 de mayo de 1920, se suspendieron las actividades judiciales por petición del Gobernador Provisional del Estado (Darío López Álvarez) y durante esa época se asienta el primer antecedente de la Ley Orgánica del Poder Judicial como hoy se conoce, expedida por el Congreso local el 13 de septiembre de 1930.
En 1975, el Poder Judicial mexiquense experimentó una reforma trascendental, cuando se modificó la Constitución local y la Ley Orgánica, restableciéndose la inamovilidad judicial para Jueces y Magistrados.
Otro acontecimiento importante fue la creación de órganos judiciales especializados en materia familiar, los cuales aparecen por primera vez en la Ley Orgánica del tribunal de 1980.
Seis años después, la misma Ley contemplaba dentro de las áreas administrativas al Archivo, Boletín Judicial, Biblioteca, Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia, Instituto de Capacitación y Especialización Judicial (hoy Escuela Judicial) y el Departamento de Computación e Informática.
Un Consejo para el tribunal
En 1995, la Constitución local trajo consigo una modificación a la estructura orgánica del Poder Judicial, se reformó la duración del encargo de Magistrado, por un período de quince años, con sustitución escalonada, para asegurar una sana temporalidad en el ejercicio de esta función y evitar esquemas rígidos de interpretación de las leyes.
Además, en esa misma reforma se creó el Consejo de la Judicatura, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Instaurado con el propósito de que los juzgadores no se distrajeran de su labor y se dedicaran exclusivamente al ejercicio de la función jurisdiccional.
En una primera etapa, participaban solo integrantes del Poder Judicial, cambiando esta disposición con la reforma a la Constitución Local en 2010, que facultó al Congreso del Estado para designar a dos de sus integrantes y al Ejecutivo uno. Actualmente en el Consejo de la Judicatura participan los tres poderes del Estado.
Es así que la máxima institución impartidora de justicia, pasó por diversas épocas que transformaron su estructura, organización y funciones, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, conformado por cuatro regiones y 18 Distritos Judiciales por todo el territorio mexiquense, con 202 juzgados, 22 Salas y 7 Tribunales Laborales que atienden controversias en materia Penal, Civil, Mercantil, Familiar, Laboral y de Adolescentes.
En el siguiente número de Yo por la Justicia abordaremos la historia del Palacio de Justicia de Toluca, recinto que en algún momento albergó a los tres poderes de la entidad mexiquense, así como de algunas joyas históricas que conserva el Archivo General del PJEdomex.
