La teoría del caso en materia familiar

y otros temas que garantizan los derechos de NNyA

PRESIDENTE

Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Mgdo. Dr. Raúl Aarón Romero Ortega

Mgdo. Dr. Enrique Víctor Manuel Vega Gómez

Jueza Dra. Astrid Avilez Villena

Jueza Dra. Edna Edith Escalante Ramírez

Dr. Pablo Espinosa Márquez

Mtra. Cristel Yunuen Pozas Serrano

Director Editorial

Mgdo. Raúl Aarón Romero Ortega

Edición Digital

Coordinación General de Comunicación Social

Editora

Martha Valdespino Vargas

Editora Ejecutiva

Laura Alejandra Terrón González

Diseño Editorial eBooks

Gibrán Marcial Leal Angulo

Poder Judicial del Estado de México

https://www.pjedomex.gob.mx

Presentación

Se avecina la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tanto a nivel federal como local; por lo que resulta necesaria la capacitación de todos los servidores públicos que integran los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia, sin dejar fuera a la abogacía, cuya asistencia jurídica permite a las personas preservar su derecho de acceso a la justicia.

Dicha capacitación se ha iniciado en el Poder Judicial del Estado de México, y para continuarla el Consejo de la Judicatura consideró que en el IV Congreso de Justicia Familiar “Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, se abordaran temas relacionados con éste. Es así que se expuso la teoría del caso en materia familiar, desarrollado por el magistrado Juan Manuel Telles Martínez, contenido que debe subrayarse porque mucho se ha escrito de la teoría del caso en materia penal, pero muy poco o nada sobre lo relativo a la materia familiar.

Otro de los temas que se abordaron en el congreso referido fue el del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que a decir del Doctor Alejandro Cárdenas Camacho, es consecuencia de la evolución que ha tenido el derecho de familia en por lo menos las últimas dos décadas y, lo describe como una garantía para cumplir la obligación alimentaria, sin dejar de señalar las tareas de los congresos locales así como de los Tribunales Superiores de Justicia de

las entidades federativas junto con los aspectos relevantes en torno a dicho registro.

El Libro Octavo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, trata de la justicia digital, cuestión de la que se ocupó la Doctora Amada María Arley Orduña, quien participó en el congreso con el tema que integra el contenido de esta revista: los nuevos conceptos tecnológicos en el código mencionado, que sin duda esclarece la manera en que la tecnología auxilia en la prestación del servicio público de impartición de justicia en el contexto de una filosofía transhumanista.

Por otra parte, la magistrada Sara Gabriela Bonilla López, escribe sobre la reforma reciente de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que somete a la interrogante acerca de si es regresiva, porque dispone la pérdida de la patria potestad por causa de violencia familiar, violencia a través de interpósita persona o incumplimiento de obligaciones alimentarias, así como de crianza, sin que se pueda recuperar la misma.

En seguida, la jueza Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez aborda lo relativo a la justicia adaptada para niñas, niños y adolescentes dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Sin faltar el comentario de una resolución relevante, en este caso respecto a la adopción homoparental, por la jueza María de Lourdes Hernández Garduño. Mientras que el juez Humberto García Villegas comenta las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de México.

Se destaca la entrevista realizada al magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar, sobre la catedra de investigación: “Infancias con referentes de crianza en prisión: infancia es destino”, cuya génesis se explica puntualmente, así como las acciones específicas a desarrollar frente a la problemática que se aborda.

En el apartado de voces desde el Poder Judicial, el juez Noé Eugenio Delgado Millán comparte la exposición que hizo en el Congreso Nacional de Derecho Procesal: “Justicia Cotidiana en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que la jueza Ana Laura Landeros Mayen participó en los Diálogos en materia de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: buenas prácticas en las entidades federativas: caso Estado de México, que tuvieron lugar en Cancún, Quintana Roo, replicándose su intervención.

Sin faltar la parte cultural de letras y familia, conformada de las reseñas a los libros: LA VERGÜENZA, de Ernaux Annie, por la jueza Sara Anabel Flores Peña, y Cómo era ser pequeño. Explicado a los grandes, de Luis María Pescetti, por el magistrado Raúl Aarón Romero Ortega. Con el cierre del poema Defender a la Justicia de Mario Benedetti.

Consejo Editorial

Índice

Sobre derecho de familia

Teoría del Caso en materia Familiar

Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Los nuevos conceptos tecnológicos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

¿Es regresiva la Reforma del artículo 9 fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 17 de enero de 2024?

Justicia Adaptada para NNyA al tenor del CNPCYF

Resoluciones relevantes

Adopción Homoparental

Comentarios

Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de México

Entrevista

Infancia es Destino

Voces desde el Poder Judicial

Comentarios en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Diálogos en materia de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Buenas prácticas en las entidades federativas: Caso Estado de México

Letras y Familia

Reseña del libro - LA VERGÜENZA,

Reseña del libro - Cómo era ser pequeño. Explicado a los grandes

Poema - Defender a la Justicia

￼

Sobre derecho de familia

Teoría del Caso en materia Familiar

Autor Juan Manuel Telles Martínez[1]

En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se incorpora, como una innovación en materia familiar, la figura de Teoría del caso en su artículo 678, al señalar:

Artículo 678. “Abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes, los cuales no podrán exceder de diez minutos, para exponer sus respectivas teorías del caso […]”.

Dicha figura, si bien es incorporada en el citado código por primera vez en materia familiar, ha sido desde hace años motivo de estudio, análisis y desarrollo en otras materias, sobre todo en la penal.

Ahora bien, ¿qué es y de qué se trata la teoría del caso?

Para algunos es considerada una estrategia de litigación oral, puesto que esta figura surgió en el desarrollo de los juicios orales. Tan es así que, en el código citado, se encuentra mencionada dentro del Título Tercero referente al Juicio Oral Familiar, específicamente en la sección Tercera relativa a la Audiencia de Juicio, dentro de la cual la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes a través de los cuales se expondrán (oralmente) sus respectivas teorías del caso. Sin embargo, no podríamos limitar esta figura a solo una estrategia de litigación, sino más bien y de una manera más completa e integral; se trata de una “metodología de trabajo”, toda vez que, a través de la misma, debe realizarse el planteamiento del objetivo que se persigue, la forma de proponer o excepcionarse a la litis, cómo se pretende comprobar y de qué manera se persigue alcanzar el objetivo propuesto. Lo anterior a través de un método de trabajo.

A través de la teoría del caso, se pretende presentar al juez de la mejor manera, de la forma más clara y convincente, los hechos del caso concreto, lo que constituirá propiamente la litis.

Al partir de la teoría del caso de los hechos, quien la elabora debe ser selectivo con los mismos. No vale la pena mencionar aquellos que no trasciendan en el objetivo que se persigue; en consecuencia, deben seleccionarse:

1. Aquellos que muestren credibilidad, es decir, aquellos que por sí mismos sean capaces de crear convicción en el juzgador;

2. Aquellos que sean contundentes, que no dejen lugar a dudas;

3. Que sean susceptibles de probar.

Al mencionar los hechos que constituyen la teoría del caso, se deben precisar las circunstancias de:￼

a.Tiempo, esto es, precisar cuándo sucedieron, determinar temporalmente el evento o acontecimiento narrado.

b.Modo, señalar con claridad:

c.¿Qué? La conducta o acción que se pretende destacar;

d.¿Quiénes? Identificar a los sujetos que intervinieron en el hecho narrado;

e.¿Cómo? De qué manera acontecieron los hechos;

f.c). Lugar, ¿Dónde? Precisar la ubicación en que acontecieron los hechos.

La teoría del caso debe ser: clara; simple; concreta, y breve.

Esto, además de ser creíble permite comprobar de manera más sencilla los hechos en que se sustenta, debe tenerse especial cuidado de no asumir cargas probatorias innecesarias, destacando que quien afirma está obligado a demostrar tal afirmación, en consecuencia, la teoría del caso debe ser además coherente con los elementos de prueba que se tengan al alcance. Es decir, cada hecho en que se sustente debe estar respaldado por un medio de prueba que se tenga.

La teoría del caso debe ser, además, desde el momento en que se formula, única, es decir, solo una, no existe una diversa alternativa para el caso de que la primera formulada no tenga éxito; sin embargo, esto no implica que no pueda ser modificada con los elementos de prueba desahogados en los alegatos de cierre.

Con base en lo expuesto hasta aquí, la teoría del caso debe contener entonces:

1. Elemento fáctico, constituido por los hechos en que se sustenta, los cuales deben ser selectivos, relevantes, contundentes y susceptibles de probar.

2. Elemento normativo, los hechos narrados deben adecuarse a la norma jurídica, y no solo sustantiva; puede ser también en la adjetiva, como es el caso de las excepciones procesales que se opongan. Recordemos que la teoría del caso no solo es formulada por la parte actora, sino también por la demandada.

3. Elemento probatorio, es decir, cómo se demostrará la teoría expuesta de acuerdo con las cargas procesales asumidas.

La teoría del caso en materia familiar propiamente es exponer:

La causa de pedir (elemento fáctico).

Lo que se pretende (elemento normativo).

¿Cómo demostrarlo? (elemento probatorio).

Si bien es incorporada como una innovación en materia familiar, la figura de Teoría del Caso, como tal, al ser mencionada por primera vez en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que la constituye no es de ninguna manera una innovación, toda vez que en la práctica se ha venido realizando en todo litigio. En los diversos códigos procesales de las entidades federativas se establecen como requisitos de la demanda, con la cual se inicia todo proceso, el mencionar los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos con claridad y precisión (lo que sería el elemento fáctico); así como mencionar los fundamentos de derecho y la clase de acción (elemento normativo), al narrar los hechos de la demanda deben relacionarse con los elementos de prueba, o bien, al realizar el ofrecimiento de las pruebas deben relacionarse con los puntos controvertidos (elemento probatorio). A su vez, la parte demandada formulará su contestación refiriéndose a las peticiones y a cada uno de los hechos; podrá exponer lo que le convenga respecto de los puntos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. De igual forma, las pruebas que ofrezca deben relacionarse con los hechos controvertidos, es decir, lo que constituye la teoría￼ del caso se realiza cotidianamente en la práctica, en todo litigio. Ahora, en el juicio oral familiar regulado por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la audiencia de juicio se realizará la exposición de la misma como alegatos de apertura.

Ahora, ¿qué pasa si se incumple con la carga procesal que impone la teoría del caso?

Lo correcto sería, como sucede en otras materias, la no demostración o improcedencia de la acción, o bien, de las excepciones, que traería como consecuencia la absolución o la condena como sanción ante el incumplimiento de la carga procesal asumida. Sin embargo, en materia familiar existe y debe existir la suplencia de la queja, sobre todo tratándose de asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes, o bien, tratándose de categorías sospechosas.

Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Autor Alejandro Cárdenas Camacho[2]

Una de las instituciones que ha venido evolucionando de manera exponencial en el campo del derecho de familia es la relativa a la atención y cuidado de niñas, niños y adolescentes. Basta con señalar que, actualmente no sólo se cuenta con una base constitucional sólida que asegura la primacía de sus derechos (art. 4 constitucional), sino con una legislación especializada que establece los principios rectores en la materia; reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; crea un sistema nacional de protección integral, y garantiza el pleno ejercicio de sus derechos, todo lo cual ha dado lugar a un nuevo modelo para juzgar los casos en los que están de por medio sus intereses.

Uno de los mecanismos que se ha implementado en fecha reciente para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria a favor de la niñez y la adolescencia, es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, tema central de mi exposición, la cual he dividido en dos partes: en la primera me referiré a los derechos de niñas, niños y￼ adolescentes por ser el contexto donde surge el citado Registro; en la segunda, haré alusión a los aspectos normativos y operativos del mismo.

Empezaré por citar algunos datos:

Se calcula que en México hay alrededor de 38 millones de niñas, niños y adolescentes de los cuales 4 millones habitan en el Estado de México. De esos 38 millones, un millón ha quedado en desamparo y se estima que 5 millones están en riesgo de quedar en idéntica situación por diversas causas, entre las que destacan la pobreza y la violencia. Cabe señalar que tan solo la pandemia de Covid dejó cerca de 215 mil niños en situación de orfandad.

En el año 2022, se registraron en nuestro país 10 mil casos de violencia sexual infantil; el 63% de las niñas y niños menores de 14 años ha sufrido algún tipo de maltrato; 4 mil niñas, niños y adolescentes están desparecidos; 200 mil están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado; 4 millones no asisten a la escuela y cerca de 2500 mueren anualmente por enfermedades asociadas a la desnutrición. Por si esto no fuera suficiente, se calcula que de cada 2 niños uno padecerá diabetes. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil.

En contraste, la patria potestad permanece anclada a una visión individualista cuyo origen se remonta a los albores del derecho romano. Cierto es que el poder omnímodo del paterfamilias se convirtió, a mediados del siglo XX, en un conjunto de derechos y prerrogativas que el padre y la madre ejercen en el ámbito de autonomía privada que la ley les reserva, empero, fuerza es reconocerlo, sigue estando subyacente la idea de poder sobre el cuidado, la crianza, la educación y el porvenir de los hijos. Los resultados están a la vista: la problemática de las infancias no solo no se ha atemperado, sino que se ha acentuado.

Lo anterior nos obliga a plantear un nuevo reto: avanzar hacia la construcción de un régimen de responsabilidad parental, es decir, un régimen de deberes a cargo de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de niñas, niños y adolescentes encaminado a satisfacer su interés superior en todos los aspectos de su vida según sus necesidades y capacidades, lo que se ha denominado autonomía progresiva.￼

Este nuevo derrotero tendrá que ser recorrido de la mano de la psicología infantil. La capacidad jurídica de la niñez debe graduarse a partir de un conocimiento profundo sobre su comportamiento y capacidades cognitivas según las distintas etapas de desarrollo. La edad por sí sola no puede ser un criterio para negarles o restringirles sus derechos. Tanto la teoría del interés como la de la representación, son una recaída en la doctrina adultocentrista que ve a la niñez como un objeto de protección.

Como quiera que esto sea, es inconcluso que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tal y como hoy los conocemos, son consecuencia de una experiencia social específica que se ha logrado vertebrar en el texto del artículo 4 constitucional al establecer categóricamente que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.

Conforme a dicho precepto, los derechos de niñas, niños y adolescentes son, ante todo, derechos humanos, son, por lo tanto, derechos irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, progresivos, inderogables y exigibles no solo a los padres y tutores, sino al mismo Estado. Los derechos de la niñez son, en suma, mandatos de optimización que deben cumplirse en la mayor medida posible.

La constitucionalización de los derechos de la niñez ha traído consigo 2 importantes movimientos: uno en el plano legislativo y otro en el judicial.

En el plano legislativo, presenciamos hace no más de una década el advenimiento de una regulación especializada en la materia. Dos ordenamientos legales son ejemplo palmario de ello: la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil cuya población objetivo son las niñas y niños de la primera infancia y, por otro lado, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de observancia general.

En el plano judicial, se ha acuñado un nuevo criterio para juzgar las disputas en las que están de por medio niñas, niños y adolescentes; me refiero a la “perspectiva de niñez” la cual responde a la necesidad de sobreponer el interés de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier otro derecho en cualquier etapa del procedimiento.

Esta nueva perspectiva exige desplazar el viejo modelo del silogismo judicial de cuño positivista para dar paso al principio de ponderación de derechos. Si lo que hoy se pretende es vencer las inercias del discurso adultocentrista que estuvo en boga durante los siglos XIX y XX, es preciso ensayar nuevos métodos en la procuración y administración de justicia en materia familiar con miras a alcanzar la igualdad sustantiva.

Veo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la puerta de entrada a la figura señera del “Juez￼ Hércules”[3] y con ello la consagración de los valores más altos en la escala del derecho constitucional: los derechos de la niñez. La tarea del juez será, en adelante, la de juzgar no solo con apoyo en la lógica jurídica, sino en la lógica del alma, según célebre expresión de Luis Recaséns Siches.

Permítanme mostrarles la evolución conceptual de los derechos de la niñez. Tomaré como ejemplo el concepto de alimentos. Esto me dará pie para entrar a la segunda parte de mi exposición: el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

De acuerdo con el texto original del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1928, los alimentos comprendían: “la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos de la educación primaria y los necesarios para proporcionarle un oficio, arte o profesión”.

Veamos ahora el artículo 103 fracción I de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

“Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y, en la especie: a) La alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; b) Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, y, por último, Con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo”.

En lo que sigue, abordaré las notas características de la obligación alimentaria con el fin de poner en claro el funcionamiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que, a no dudarlo, es consecuencia de la esa evolución que ha tenido el derecho de familia en por lo menos las dos últimas décadas.

Desde el punto de vista técnico, el derecho a recibir alimentos, constituye un vínculo jurídico entre quien tiene el derecho de exigirlos (llamado acreedor) y quien reporta la obligación de darlos, llamado deudor. La obligación alimentaria tiene como fuentes: a) Matrimonio, b) Divorcio, c) Nulidad de matrimonio, d) Concubinato, e) Parentesco, f) Adopción, g) Sociedad de Convivencia, g) Pacto civil de Solidaridad en el caso de Coahuila, y h) Testamento.

Como todos sabemos, la obligación alimentaria se cumple asignando una pensión al acreedor o incorporándolo al hogar. La pensión se puede asignar de manera convencional o por resolución judicial. En ambos casos se fija el monto de la pensión, su periodicidad y la manera de garantizar los alimentos.

En caso de convenio, éste debe ser aprobado por mediador autorizado o por el Juez si ante él se celebra. A partir de que es aprobado obliga a las partes a su cumplimiento.

La pensión alimenticia se puede fijar también mediante resolución judicial. Esto sucede cuando el acreedor se ve en la necesidad de demandar su pago ante el incumplimiento reiterado del obligado. El Juez, al recibir la demanda, fija la pensión que habrá de cubrir el deudor de manera provisional. Agotado el periodo probatorio, el Juez dicta sentencia definitiva y fija el monto y la periodicidad de la pensión definitiva.

Desde que se dicta la sentencia, el deudor queda obligado al pago de la pensión. Cabe señalar que la interposición de los recursos contra la sentencia (incluido el juicio de amparo) no suspende su ejecución. La apelación contra la sentencia que decreta el pago de alimentos se admite por regla general en el efecto devolutivo.

Ahora bien, las consecuencias del incumplimiento de la obligación alimentaria van desde la pérdida de la patria potestad, el embargo de bienes, el descuento por nómina y hoy también la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.￼

El registro es, por tanto, una consecuencia jurídica cuyo fin es garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria. La inscripción cumple aquí una doble función punitiva: una de carácter preventivo que busca motivar al deudor alimentista al cumplimiento de su obligación mediante la amenaza de la inscripción, y otra restrictiva consistente en inhabilitarlo en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos en caso de incumplimiento moroso.

El Registro se creó mediante Decreto de Reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, habiéndosele asignado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias la atribución de operar y regular su funcionamiento. Cabe señalar que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación del Registro el tres de agosto de dos mil veintitrés.

De conformidad con el artículo segundo transitorio del referido Decreto, corresponde a los Congresos locales y a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, armonizar su marco normativo con el citado Decreto dentro del plazo de 120 días hábiles, contados a partir del inicio de creación del Registro, una tarea aún pendiente.

De acuerdo con el Decreto de creación, los tribunales superiores de justicia del fuero común deberán suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar toda la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias usando para ello los instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias.

De lo que se trata es de que los tribunales locales suministren a la plataforma digital del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Registro de Población (CURP) del deudor alimentario, así como el órgano jurisdiccional que ordena la inscripción, la cuantía del incumplimiento, plazo de pago de los alimentos definitivos y datos del expediente del cual deriva la inscripción.

El Registro emitirá de manera automática certificados de no inscripción. Estos certificados deberán ser requeridos por la autoridad competente para diversos trámites como: obtención de licencias y permisos para conducir; obtención de pasaportes, documentos de identidad y viaje; para participar como candidato a cargos de elección popular; para participar como aspirantes a cargos de jueces o magistrados federales o locales y para realizar trámites de compraventa, constitución o transmisión de derechos reales.

Además, el Juez del registro civil hará saber a los contrayentes si uno de ellos se encuentra inscrito en el Registro.

Mencionaré a continuación algunos aspectos relevantes en torno al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias:

1. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es digital, público y gratuito y albergará la información de deudas alimentarias decretadas a favor de niñas, niños y adolescentes. Empero, cabe destacar, que una vez que entre en aplicación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se deberán inscribir a todos los deudores alimentarios morosos con independencia de si los￼ acreedores son niños o adultos mayores. El código nacional impone el deber de inscribir a los deudores sin hacer distinción alguna.

2. El momento procesal a partir del cual debe computarse el plazo o periodo que la ley señala para proceder al registro del deudor moroso, es de libre configuración de los Estados. El plazo varía de legislación a legislación. Las que actualmente cuentan con Registro de Deudores Alimentarios, señalan unas el de 30 días, otros el de 60 y otros el de 90. El plazo que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el de 90 días, y a este plazo al que deberá estarse una vez que dicho código entre en aplicación.

3. El Registro estará a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información del propio Sistema.

4. El acceso al registro tendrá 3 modalidades: 1) consulta pública, 2) para acceso directo y exclusivo de los tribunales locales a la base de datos, y 3) para acceso directo a la base de datos por parte de las procuradurías de protección a la niñez.

5. En el caso de consulta pública, cualquier usuario podrá tener acceso tecleando el nombre de la persona de la cual desea saber si está o no inscrito, y, de estar inscrito, únicamente será visible la siguiente información: nombre y apellido del deudor, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, plazo de pago de la pensión y juzgado que ordena la inscripción.

6. Los tribunales tendrán la obligación de suministrar y actualizar mensualmente la información que tengan sobre deudores alimentarios morosos, para lo cual se le proporcionará a cada uno de los presidentes de los tribunales, las herramientas tecnológicas y las contraseñas respectivas.

7. Los usuarios podrán solicitar la expedición de certificados de no inscripción que podrán ser descargados directamente de su ordenador.

8. Cabe destacar que, por tratarse de un registro público, los datos del deudor moroso no constituyen información confidencial.

Un aspecto a determinar por los congresos locales o, en su caso, por los tribunales de justicia locales, es el relativo a determinar si la resolución que condena al pago de la pensión alimenticia debe quedar firme o no para proceder al cómputo del plazo de mora y en consecuencia a la inscripción del deudor.

Es opinión nuestra que el plazo de mora debe computarse a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que ordena el pago de la pensión, sin esperar a que ésta quede firme. Hay que tener presente que el recurso de apelación no suspende la ejecución de la resolución que decreta el pago de alimentos, sea provisional o definitiva, como tampoco la suspende el juicio de amparo que se promueva en su contra. Por esta misma razón, la interposición de recursos no debe suspender la inscripción del deudor alimentario en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.￼

El plazo de 90 días después de que la resolución ha quedado firme, como un requisito para la inscripción, es una exageración si se toma en cuenta que el acreedor alimentario ha soportado el incumplimiento no solo antes de acudir a juicio sino en muchísimas ocasiones durante el mismo juicio. 90 días más para constituir en mora al deudor, no puede leerse más que como una carga severa para las niñas, niños y adolescentes en situación precaria, una concesión graciosa para su deudor alimentista.

Un aspecto no menos importante sobre el que deberán legislar los congresos locales y, en su caso, los tribunales locales, es que la inscripción de los deudores morosos debe hacerse a petición de parte. En nuestra opinión, deberá pedirse a los acreedores por lo menos la clave de población (CURP) del deudor a fin de estar en condiciones de proceder a la inscripción. La colaboración del Registro Nacional de Población será determinante.

Quiero dejar patente que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias ha emitido los lineamientos de operación del Registro; ha instalado ya la plataforma y actualmente estamos en períodos de prueba con algunos tribunales como es el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Tenemos la seguridad de que la plataforma estará lista para entrar en operación la primera quincena del mes de julio, fecha en la que esperamos recibir las primeras cargas por parte de los tribunales.

No quiero concluir sin antes decirles que:

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias nos asumimos como un sistema de cuidados de los grupos vulnerables, de los grupos históricamente en desventaja, entre los que destacan las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los migrantes y, por supuesto, los pobres. Nuestra misión es abatir la desigualdad física, social y económica para alcanzar la igualdad sustantiva en todos los rubros de la vida pública. “Nadie atrás, nadie afuera”.

Por su atención, muchas gracias.

Los nuevos conceptos tecnológicos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Autora Dra. Amada María Arley Orduña[4]

El gran cuadro: a la luz de la Metáfora del Edificio (Althusser)

Las nuevas tecnologías emergentes están impactando el mundo: la forma en la que interactuamos, nuestro comportamiento de consumo y nuestras relaciones humanas, etc. Basta con echar una mirada a la lista de personas más ricas del mundo y la lista de las empresas que generan mayor riqueza en el mundo. Ocho de las top 10 en el mundo se dedican al desarrollo de tecnologías

En mi tesis doctoral planteé el análisis del impacto de la era digital bajo la metáfora del edificio de Althusser (alumno de Weber y Marx). El autor formula que la infraestructura económica determina la Superestructura del Estado. La infraestructura se compone de la relación￼ existente entre fuerzas productivas y las relaciones de producción (tradicionalmente: tierra, capital y trabajo en el Siglo XIX). Y la superestructura se compone de tres pilares: derecho, administración y aparatos ideológicos del Estado. (Arley, Resolución electrónica de disputas (Online Dispute Resolution) en el comercio electrónico transfronterizo B2C en la región de América, p. 397).

En mi análisis proponía que los factores de producción: tierra, capital y trabajo han cambiado a: tiempo y conocimiento (los cuales ya postulaba Alvin Tofler); y especulación financiera. En aquél primer texto realizaba un estudio a partir del pragmatismo en torno a las acciones y dirección que se veían en las empresas de tecnología. En el mismo, se podía apreciar a través de notas periodísticas y rankings que las empresas más ricas del mundo eran tecnológicas (y lo siguen siendo); y, por lo tanto, son ellas las que dictaminan la dirección del mundo.

El desarrollo de Inteligencias Artificiales está acelerando los nuevos factores de producción: conocimiento, información y tiempo. Lo cual, permite tomas de decisión más rápidas y con mayor análisis de información para los Estados. Por ello, en sus agendas nacionales Estados Unidos, la Unión Europea y China destinan presupuestos millonarios para el desarrollo de las IA. La vieja guerra fría es ahora una guerra por la generación de las IA para los Estados, pero a su vez hay una clara competencia en el sector privado por el desarrollo de este tipo de tecnología.

En la actualidad las empresas generan necesidades tecnológicas adictivas en la sociedad. La nueva economía genera esa nueva necesidad que se vuelve imprescindible. Se crea un deseo casi imperativo para mejoras en la calidad o estilo de vida, en la salud, en el entrenamiento y en las relaciones afectivas.

En el mencionado análisis mostraba que esos nuevos factores de producción determinan la superestructura del Estado. El más claro ejemplo en ese momento fue demostrar como las mal llamadas economías colaborativas, eran todo menos que colaborativas. Y que en realidad estábamos frente a un choque conceptual entre los términos “colaborativos” desde el punto de vista tecnológico vs el punto de vista de la teoría de la economía social y la teoría jurídica, donde el término más parecido era una “sociedad cooperativa”.

La observación de realidad pragmática me ha permitido apreciar dos escenarios:

a)  El primero, en el que las innovaciones tecnológicas son tan rápidas y avanzan a un ritmo vertiginoso que ninguna legislación alcanza a cocinarse, ni siquiera a entender el lenguaje que abordan al mismo ritmo que avanzan las tecnologías en el campo práctico.

b)  El segundo, en el que las necesidades de expansión de estas empresas son negociadas con los Estados a fin de generar regulaciones que afecten lo menos a los desarrollos, lo cual coincide con el postulado de Althusser sobre que la superestructura del Estado capitalista está al servicio de los factores de producción. Es decir que, el derecho, las estructuras administrativas y los aparatos ideológicos se orientan a beneficiar a quienes detentan el manejo de los factores de producción.

Bajo esta hipótesis vayamos desmenuzando la realidad en este primer semestre del año 2024 y su relación con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Comencemos en los siguientes párrafos con la realidad del mercado y la tecnología.

En enero del año 2024 se ponen a la venta en Estados Unidos los lentes Apple Vision Pro, los cuales fusionan el contenido digital con el espacio físico del usuario, quien navega usando sus ojos, manos y voz. El costo de lanzamiento fue de tres mil cuatrocientos noventa y nueve dólares ($3,499 USD), en México aproximadamente sesenta mil pesos. Al mes de lanzamiento y agotamiento del producto los usuarios reportaron mareos, ojos rojos, accidentes físicos, etc. Pudimos apreciar en videos en redes sociales como usuarios que adquirieron el producto, de forma irresponsable portaban el dispositivo en transporte￼ público, manejando en carros semiautónomos, o en lugares públicos no seguros para ellos mismos.

Si bien esta realidad parece alejada de la realidad mexicana el día de hoy, lo cierto es que una de las ventajas de ser un país perteneciente a la segunda y tercera ola, como el futurista de los años 70, Alvin Toffler, define a los países en vías de desarrollo y tercermundistas, es que a la lejanía se puede apreciar el futuro que un día la sociedad del país le tocará vivir. Eso lo experimentamos ya con diferentes dispositivos que abarataron costos debido a la demanda de producción y penetración en mercados: móviles, tabletas, relojes inteligentes, etc. Entonces esa realidad que parece distópica y alejada de México es una realidad que será factible con el país que es nuestro principal socio comercial.

a) ¿Cuáles son las bases y creencias de estos desarrolladores de la economía digital?

￼Dentro del top 10 de las empresas y hombres más ricos del mundo, ocho se dedican al desarrollo de tecnologías.

Aunque en la lista se mueven las posiciones temporalmente, en su generalidad se mantienen los siguientes nombres: Elon Musk quien fundó Tesla, Space X y Twitter (usualmente en 1er. lugar); Jeft Bezos quien fundó Amazon, Blue Origen (varia en el 3er lugar); Larry Ellison de Oracle quien también invirtió en Tesla; Bill Gates fundador de Microsoft; Mark Zuckerberg fundador de Facebook ahora Meta; Steve Ballmer quien trabajó en Microsoft; Larry Page de Google; Sergey Brin quien cofundó Google con Larry Page. (Stadista, 2023)

Todos ellos son eminentemente transhumanistas. Pero, ¿qué es el transhumanismo? Es una corriente de pensamiento que considera que el siguiente paso de la evolución del ser humano es fusionarse con la máquina. Considera que la humanidad tiene limitantes y que esos límites deben ser sobrepasados con ayuda de la tecnología, entre ellos: la esperanza de vida; la capacidad intelectual; la funcionalidad corporal, mecanismos sensoriales, facultades especiales y sensibilidades; el estado de ánimo, la energía y el autocontrol.

La filosofía transhumanista forma su base de pensamiento con autores clásicos, renacentistas y modernos. Empezando por la mitología con la Epopeya de Gilgamesh, siguiendo por la Escuela Escolástica (la fe y la razón) y el estudio de la Alquimia, la Oración sobre la dignidad humana (1486) de Giovanni Pico della Mirandola, para sostener la libertad del individuo a decidir sobre su vida y destino.

Además, el transhumanismo hunde sus raíces en el humanismo racionalista de Bacon, Isaac Newton, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, el marqués de Condorcet. El transhumanismo argumenta, con base en lo anterior, que el hombre debe tener el coraje de pensar y razonar, de dominar la ciencia para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Se apoya además en la teoría darwiniana de la evolución del hombre para sostener que la humanidad debe seguir evolucionando al punto de utilizar la ciencia en favor de su evolución: incluyendo el uso de máquinas (cosa que ya hacemos con medicinas, cirugías, y dispositivos médicos).￼

Toma a Nietzsche y la Doctrina del Übermensch: “Yo os enseño el superhombre”, para proyectar esa idea en la modernidad. Crear un superhombre con capacidades que desafíen las limitantes naturales que lo conducen a la muerte. Porque se puede pensar en un mundo donde se alargue el tiempo y calidad de vida. Y, de hecho, es la sociedad en la que vivimos el día de hoy.

El transhumanismo también hace caso de la ciencia ficción de autores como Aldous Huxley Brave New World e Isaac Asimov Fundación y Tierra y Yo Robot, quienes exploraron cómo el desarrollo tecnológico podría llegar a alterar profundamente la condición humana.

En el hilo de pensamiento de lo anterior, para 1965 el estadístico Good I, explora la idea de desarrollar una máquina ultrainteligente que supere las capacidades humanas. En 1993, Vernor Vinge expone la “Singularidad tecnológica”, predijo que dentro de treinta años se tendrían los medios tecnológicos para crear inteligencia suprahumana.

Y así llegamos a Nick Bostrom, filósofo actual que da forma a esta corriente de pensamiento con la finalidad de dotarla de mayor formalidad, y para ello crea, en 1998, la Asociación Mundial Transhumanista. En su artículo “Transhumanist values” publicado en Review of Contemporary Philosophy en mayo de 2005. Desarrolla todas estas líneas de pensamiento y explica las limitaciones a superar de la humanidad (la esperanza de vida, capacidad intelectual, funcionalidad corporal, mecanismos sensoriales, facultades especiales y sensibilidades, estado de ánimo, energía y autocontrol).

En el sitio web de la Asociación Mundial Transhumanista se puede leer la Declaración Transhumanista y los nuevos valores Transhumanista. Dichos trabajos, pláticas y ponencias son fuertemente impulsados mediáticamente por las 8 empresas tecnológicas más ricas del mundo.

Dicho y demostrado el contexto anterior. Entonces cabe la pregunta, ¿en qué dirección va el mundo?, precisamente en esa dirección que es válida de temer a lo que la misma ciencia ficción nos ha mostrado.

Julian Huxley, un biólogo distinguido y primer director general de la UNESCO, así como fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza, adopta el término transhumanista por primera vez, lo cual no es coincidencia al ser hermano de Aldous Huxley, autor de la novela de ciencia ficción Un mundo feliz, libro que presenta la hipótesis de un mundo controlado por una superinteligencia que clasifica y asigna tareas a los humanos.

En suma, la generación de geeks que vive y desarrolla tecnología en Silicon Valley cuya religión, creencias y valores se basan en el transhumanismo; son los que imponen esos nuevos factores de producción, relaciones productivas e infraestructura de la economía en la era digital. Y no solamente eso, sino que ahora la economía ha desarrollado sus propios aparatos ideológicos con la finalidad de tener un consumidor cautivo y obsesionado con una forma o estilo de vida, todo en pos de una narrativa que defiende una mejor calidad de vida en sacrificio de rendirse ante el control tecnológico.￼

A partir de la metáfora del edificio de Althusser, podemos comprender que los aparatos ideológicos que utiliza el Estado para el control de la población son la religión y la educación, lo que permite imponer un sistema de creencias y valores desde la educación básica (independientemente de la corriente ideológica). En la actualidad, esta nueva economía de los desarrollos tecnológicos, la ciencia ficción, el dataismo y el transhumanismo han erigido sus propios aparatos ideológicos para mantener un usuario y un deudor cautivo del sistema. En medio de todo este contexto, ¿qué papel juega el derecho?, y ¿qué contrapesos debe crear?, es lo que dilucidaremos a continuación.

b)   El papel del derecho.

En medio de este contexto económico, sus actores, valores y creencias que determinan en gran medida hacia dónde va el mundo; el papel del derecho es establecer contrapesos que protejan al ser humano en medio de la carrera por el desarrollo de tecnologías emergentes, a los derechos humanos y al desarrollo de los avances tecnológicos en perjuicio de la humanidad.

Por ello, la comprensión del estado de la cuestión es fundamental para situar posicionamientos que permitan responder desde el derecho. Así pues, la visión e ideales que se acojan en el presente son las bases que respaldarán la sociedad actual y futura. ¿Qué mundo queremos construir?, comprender este contexto como juristas es fundamental para entender:

a) en qué sentido se desarrollan constructos normativos;

b) en qué sentido se pondera un derecho, se imparte justicia y se sientan precedentes, y

c) en qué sentido se desarrolla tecnología para los Poderes Judiciales (Justicia digital).

Cuando se desarrollan normativas relativas a desarrollos tecnológicos, cuya naturaleza es altamente disruptiva y cambiante, lo recomendable es aproximarse a través de establecer principios y regular conductas del mal uso o abuso de las herramientas. Es decir, se regula al hombre no al martillo. El martillo (tecnología) debe cumplir estándares específicos de acuerdo a la función para la que esté diseñado, pero se regula la conducta del hombre que utiliza el martillo, no al martillo.

Ahora bien, un instrumento jurídico debe ser reflejo de la visión con la que una herramienta tecnológica se pretende adoptar en un país. Especialmente si se pretende que sea una fuente de innovación e industria. Por ejemplo: en la actualidad no se cuenta con una regulación específica de inteligencia artificial en México. Pero no se debe contar con una hasta entender realmente el rol que México puede jugar dentro de este escenario geoeconómico y geopolítico de la guerra y competencia por las IA. Y, sobre todo, comprender la industria IA en México actual y por existir, así como el contexto de las tecnologías emergentes.

En medio de este contexto, la pregunta obligada es ¿qué mundo queremos construir en la impartición de justicia ante el uso de las tecnologías emergentes? Como bien mencioné, en un mundo en el que con un solo clic el usuario adquiere relaciones de consumo, es sujeto de posibles fraudes, suplantación de identidad, y otros delitos. En un mundo digital donde las personas establecen todo tipo de relaciones que aterrizan en el campo de lo civil, mercantil o familiar.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), ofrece un primer piso magnífico para abordar dieciséis conceptos tecnológicos que plasma en diversas fracciones en el artículo 2do, los cuales se enuncian a continuación:

1. Archivo o documento electrónico: Comprende el escrito generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos, digitales u ópticos, enviado, recibido, almacenado o utilizado a través de sistemas de justicia digital.

2. Cadena de bloques (blockchain): Conjunto de tecnologías cuyas características buscan posibilitar la transferencia de valor en entornos digitales a través de métodos de consenso y cifrado.

3. Certificado digital: Mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada.

4. Clave privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica avanzada.

5. Digitalización: Migración de documentos en soporte físico a un medio electrónico, óptico, digital o de cualquier tecnología, que genera como resultado un mensaje de datos.

6. Documento electrónico: Escrito que es generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos, que es enviado, recibido, almacenado o utilizado a través de sistemas de justicia digital.

7. Expediente electrónico: Conjunto de información contenida en documentos electrónicos, documentos digitalizados o mensajes de datos que conforman un determinado procedimiento jurisdiccional.

8. Firma electrónica avanzada: El conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control.

9. Firma electrónica simple: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante.

10. Metaverso: Espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens y cadena de bloques.

11. Notificación electrónica: Acto mediante el cual se hace saber a las personas a quienes va dirigida, a través de medios electrónicos, una resolución judicial.

12. Procedimiento en línea: Todo procedimiento, contencioso o no contencioso, regulado en el presente Código Nacional, que se tramite utilizando sistemas de justicia digital.

13. Promoción electrónica: Cualquier documento enviado o presentado ante un órgano jurisdiccional, a través de sistemas de justicia digital.

14. Sala virtual: Programa de cómputo, herramienta, plataforma electrónica de videoconferencia, metaverso, sistema de realidad virtual o aumentada, sistema holográfico, o cualquier otro medio tecnológico designado como sistema de interacción a distancia.

15. Sistemas de justicia digital: Todo dispositivo electrónico, programa de cómputo, aplicación, herramienta tecnológica o plataforma electrónica, propiedad del Poder Judicial o de terceros, que sea utilizada para consultar, usar, enviar o llevar a cabo procedimientos en línea, audiencias y diligencias virtuales, expedientes electrónicos, firmas electrónicas, mensajes de datos, documentos electrónicos o digitalizados, promociones electrónicas, salas virtuales y videoconferencias.

16. Videoconferencia: Sistema interactivo de comunicación que transmita, de forma simultánea y en tiempo real imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas ubicadas en un lugar distinto del recinto del órgano jurisdiccional.

Estos conceptos sirven de marco para el Libro Noveno que establece los principios y procedimientos en la implementación de Justicia Digital. En su artículo 934 expresa cuatro principios: elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación, neutralidad tecnológica y seguridad de la información.

a) La elegibilidad se refiere al derecho de las partes de optar voluntariamente por el proceso en línea, lo cual permitirá la integración del expediente digital.

b) La equivalencia funcional o no discriminación, implica que la autoridad jurisdiccional no negará la validez oficial de los documentos electrónicos solo por constituirse en documentos electrónicos.

c)  La neutralidad tecnológica, se refiere a que no se impondrán preferencias por alguna tecnología específica.

d) Seguridad de la información, es referente a que los Sistemas de Justicia digital deberán cumplir con los requisitos que establece el Código y los Lineamientos del Consejo de la Judicatura.

El libro Noveno (del artículo 933 al 973) plasma el procedimiento en línea e integración del expediente digital, la digitalización y uso de firma electrónica, las audiencias y diligencias virtuales, las características de los Sistemas de Justicia Digital y las obligaciones que atiendan lo referente a la seguridad de la información. Sobre la notificación electrónica, no aclara si el￼ emplazamiento debe ser de forma personal, previa a la notificación electrónica.

Otros conceptos pareciesen un poco forzados como “Metaverso”. Pero entendamos, ¿qué es el metaverso?

Abordemos el concepto metaverso con facilidad y en palabras simples, empezando por describirlo tecnológicamente y su finalidad. Tecnológicamente es el conjunto de varias tecnologías para ofrecer una experiencia inmersiva.

Ese conjunto de tecnologías se aplica de la siguiente manera:

a) inteligencia artificial, para analizar patrones y conductas de los usuarios;

b) cadenas de bloques (blockchain) para realizar transacciones de valor con criptomonedas de forma segura y rastreando la cadena de la transferencia de valor;

c)  realidad virtual y 3D, para crear experiencias inmersivas;

d) uso de interconexión de redes para generar redes sociales, y

e) ubicuidad computacional para permitir que el usuario pueda viajar y transportarse por diversos metaversos.

Pero el objetivo de las empresas al crear metaversos consiste en desarrollar una nueva economía digital y generar nuevas necesidades a los consumidores. Claramente en medio de este contexto, la inclusión de este concepto en el CNPCF resulta adelantando. Sin embargo, se aprecia que el objetivo fue prever las audiencias virtuales en algún metaverso, o que el mismo Poder Judicial local creara un metaverso para desahogar audiencias. Pero no hace daño que el concepto se encuentre presente.

Ahora bien, cuando hablamos de “Justicia Digital” se debe comenzar por entender dicho concepto. ¿Qué es la Justicia Digital? ¿Cómo debemos entenderla?

La Justicia digital debe comprenderse más allá de procedimientos jurisdiccionales en línea integrados en un expediente digital (que debe cumplir con los lineamientos del Consejo de la Judicatura) y que el operativo jurídico debe integrar en papel y de forma electrónica. Lo cual en el terreno de la eficacia y la práctica termina siendo un dolor de cabeza para el operativo jurídico quien termina odiando el proceso en línea por ser lo menos amigable e intuitivo.

Abordar el concepto Justicia Digital, requiere una visión holística y macro del Poder Judicial Federal y local como un sistema abierto y entrelazado, que trabaja de forma heterogénea en cada juzgado (teoría de la complejidad), es decir, cada juzgado trabaja de acuerdo a la forma y estilo del trabajo del juez en turno.

Adoptar una visión de la Teoría General de Sistemas y Complejidad nos brinda un enfoque más completo de la problemática a resolver. Debido a que el objetivo de la Justicia Digital debe ser facilitar la vida a todos los usuarios del sistema (litigantes, operadores jurídicos, administrativos, impartidores de justicia y justiciables).

Por ello, abogo que se debe optar por una visión de desarrollar un Sistema de Justicia Digital Eficaz (Ver Artículo Arley, Principios, 2023) que permita una mayor comprensión más allá de lo que plasma el instrumento normativo.

El objetivo de un Sistema de Justicia Digital Eficaz debe ser ayudar a resolver la problemática que implica desarrollar un nuevo modelo mental, que respete los derechos procesales constitucionales de los justiciables; y que a su vez identifique y solucione las necesidades de los operadores jurídicos en la praxis; ello a partir de recoger sus experiencias cognoscitivas en las diversas áreas de su desempeño, conocimiento y experiencia; y de esta manera desarrollar soluciones automatizables en el diseño de remedios judiciales y diversas actividades administrativas.

Ahora bien, ¿cómo imaginamos una Justicia Digital? El ejercicio de imaginar es fundamental para resolver una ecuación, un problema. En este caso: que los Departamentos de Gestión Tecnológica, los tomadores de decisiones y los operativos contribuyan para diseñar una Justicia Digital que mejore la experiencia de impartición de justicia en la práctica; que sea eficaz para todos sus usuarios. Es decir, que la usen, sea útil para todos y no termine siendo una experiencia tecnológica frustrante para los usuarios.

Aquí la pregunta conducente es ¿cómo desarrollamos un Sistema de Justicia Digital Eficaz?, a través de un enfoque de tres pilares: a) instrumentos normativos de la materia que se trate (en este caso: familiar y civil), b) principios y c) la praxis. En la siguiente imagen propongo un esquema:

Sistema de JusSistema de Justicia Digital Eficazticia Digital Eficaz

Instrumentos normativos

Principios

Práctica

¿Cuál de estos pilares debe trabajarse primero? deben trabajarse de forma simultánea.

En este caso de análisis: el Código Nacional, tenemos ya un instrumento normativo que nos proporciona los principios y procesos de la materia. Pero, debido a la naturaleza disruptiva y cambiante de la tecnología, más allá de establecer procesos detallados tendría que hacer hincapié en los principios. Para ello, en mi libro: Resolución Electrónica de Disputas (RED) explico catorce principios que hay que analizar al momento de desarrollar plataformas de Justicia Digital o RED. Los cuales expongo a continuación:

1. Accesibilidad tecnológica: El diseño de la plataforma tecnológica debe ser amigable, de fácil uso y lectura, inteligible, simple y asequible, incluyendo el fácil uso para personas con debilidad visual y auditiva. Se aconseja prever la traducción a otras lenguas dependiendo de la competencia y jurisdicción en la que se pretende opere la plataforma.

2. Neutralidad tecnológica: La plataforma debe ser justa e imparcial, incluyendo el diseño de algoritmos en caso de haberlos.

3. Efectividad tecnológica: Se recomienda involucrar a los usuarios en el diseño y pruebas de uso de las plataformas; además la tecnología debería buscar ser adaptable e implementarse por fases y someterse a procesos de evaluación.

4. Seguridad tecnológica y protección de datos personales: El sistema diseñado debe ser consistente, seguro y confiable, debe asegurar que todos los datos ingresados a un portal serán resguardados y no utilizados ni comercializados para otros fines.

5. Consentimiento tecnológico: El sistema debería basarse en el consentimiento explícito e informado de las partes.

6. Gratuidad: El uso y servicio de la plataforma debe ser gratuita si pertenece al sector público. Y gratuita en el sector privado si ésta se deriva de una plataforma que tiene el control de un nicho de mercado.

7. Publicidad: Se sugiere que de acuerdo a la materia y ámbito en que opere la plataforma, ésta publicite el sentido de los acuerdos logrados con la finalidad de motivar el desarrollo de buenas prácticas reciprocas y sin dar a conocer los datos personales de las partes.

8. Efectividad: La plataforma debe asegurar el cumplimiento de los Acuerdos a través de la ejecución de tribunales nacionales

9. Velo de la ignorancia: El diseño y desarrollo de la plataforma debe guiarse por el supuesto de que todos estén desprovistos de información.

10. Transparencia: a) Es conveniente que se dé a conocer toda relación que pueda existir entre el administrador y un determinado proveedor para que los usuarios del servicio estén informados de cualquier posible conflicto de intereses. b) El administrador puede considerar conveniente publicar estadísticas o datos anonimizados sobre los resultados de la solución de controversias en línea para que las partes puedan evaluar sus antecedentes generales, en consonancia con los principios de confidencialidad aplicables. c) Toda la información pertinente debería estar disponible en el sitio web del administrador ODR, presentada de un modo sencillo y accesible para los usuarios.

11. Independencia. Es conveniente que los administradores desarrollados para el ámbito privado adopten un código de ética para sus terceros neutrales, a fin de orientarlos en relación con los conflictos de intereses y otras normas.

12. Especialización. El administrador puede considerar conveniente aplicar políticas integrales que rijan la selección y la capacitación de los terceros neutrales.

13. Proporcionalidad: En caso de que el conflicto se dé entre partes de una relación que por su naturaleza es desigual, la plataforma incentivará la igualdad y empoderamiento de las partes.

14. Necesidades: El diseño de proceso de solución de conflictos en línea debe motivar el descubrimiento de las necesidades de las partes, para ayudarlos a construir soluciones creativas.

15. Aceptación voluntaria: Las decisiones deben implementarse sin mano dura, manipulación o coerción para que sean consideradas justas.

Si bien, no es necesario que estos principios se plasmen en el Código. Sí se pueden considerar dentro de los Lineamientos para el desarrollo de Plataformas o Sistemas de Justicia Digital que debe emitir el Consejo de la Judicatura.

Entonces hagamos un cuadro en el que se puedan visualizar los conceptos contenidos en el instrumento normativo (CNPCF) y la dispraxis jurídica que pueda chocar con la realidad. Es decir, lo que faltará trabajar en la praxis.

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Columna 4

1. Accesibilidad tecnológica

a) La elegibilidad (voluntariamente)

a) 5=a)

1. Accesibilidad tecnológica

2. Neutralidad tecnológica

b) Equivalencia funcional o no discriminación (validez)

b) 8 =b)

2. Neutralidad tecnológica

3. Efectividad tecnológica

c) La neutralidad tecnológica

c) 3=c)

3. Efectividad tecnológica

4. Seguridad tecnológica y protección de datos personales

d) 4=d)

4. Seguridad tecnológica y protección de datos personales

5. Consentimiento tecnológico

5. Consentimiento tecnológico

6. Gratuidad

6. Gratuidad

7. Publicidad

7. Publicidad

8. Efectividad

8. Efectividad

9. Velo de la ignorancia

9. Velo de la ignorancia

10. Transparencia

10. Transparencia

11. Independencia

11. Independencia

12. Especialización

12. Especialización

13. Aceptación voluntaria

13. Aceptación voluntaria

14. Necesidades

14. Necesidades

15. Aceptación voluntaria

15. Aceptación voluntaria

Como se aprecia en la tercera columna que:

-  el principio teórico numérico 5 “el consentimiento tecnológico” es igual al inciso a) la elegibilidad (voluntariamente),

-  el principio teórico numérico 8 “efectividad” es igual al inciso b) Equivalencia funcional o no discriminación (validez),

-  el principio teórico numérico 3 “efectividad” es igual al inciso c) Neutralidad tecnológica,

-  el principio teórico numérico 4 “efectividad” es igual al inciso d) Seguridad de la información.

Y, por tanto, todos los principios de la primera columna deben verificarse que se desarrollen en la praxis y no queden asilados en un constructo normativo sin eficacia real. ¿Cómo hacer eso? Aquí algunas ideas:

1. Primero. Realizando estos cuestionamientos: a) ¿Cuál es la medida y nivel de eficacia real y pragmática de los procesos tradicionales?; b) ¿Qué experimentan día a día los operativos jurídicos en su interacción con el sistema?; c) ¿Qué cambios son necesarios para que los operativos jurídicos (Usuarios) tengan una mejor experiencia y una mejor forma de trabajo, desde su punto de vista y experiencia?; d) ¿Dónde mejoramos nuestros procesos tradicionales?; e) ¿Dónde aplicamos procesos tecnológicos para facilitar el acceso a los justiciables?; f) ¿Dónde aplicamos procesos tecnológicos para facilitar el trabajo de los operativos jurídicos?, y g) ¿Dónde aplicamos procesos tecnológicos para facilitar el trabajo de los impartidores de justicia?

Estas preguntas no son limitativas y más bien responden a un trabajo de metodología empírica con los operativos jurídicos que vaya permitiendo diseñar y producir soluciones, cambios y migraciones tecnológicas flexibles y asequibles para todos los involucrados del sistema.

De forma tal que se realice un proyecto serio de forma colaborativa institucionalmente con el Sistema de Tribunales del país, estableciendo estándares y políticas comunes, así como capacitando al personal de los departamentos de tecnología respecto de la compra, diseño y uso de mejores aplicaciones tecnológicas.

2. Segundo. Velando porqué la respuesta a los cuestionamientos anteriores siempre se respeten, resguarden y se desarrollen conforme a principios fundamentales que protejan los derechos fundamentales de los usuarios.

3. Tercero. En la observación práctica bajo el enfoque de la Teoría de sistemas y el enfoque de Complejidad, me ha permitido comprender al Poder Judicial como un sistema compuesto de subsistemas, donde cada subsistema es en sí mismo un sistema compuesto de subsistemas. Y cada uno de estos varían en su composición de fondo y no de forma; ya que cada uno de ellos se compone por individuos con experiencias cognoscitivas que influyen en su quehacer jurídico. Es decir, cada juzgado trabaja de acuerdo al estilo y proceso cognitivo del juez en turno. Lo cual genera variables diversas de formas de trabajo y eficiencia en el análisis y aplicación de la norma. Ya que el juez es formado para interpretar la norma, no para ser director ejecutivo del juzgado.

Por lo cual, la mejoría de los procesos de trabajo impactará directamente en:

a)   la calidad de las sentencias;

b)   el tiempo de desahogo y resolución de los procesos;

c)   credibilidad en la impartición de justicia;

d)   detección y mejora de procesos en los juzgados, y

e)   mejora en la calidad de vida de las personas que integran el sistema.

Es por ello que la transformación digital del Poder Judicial y de los Tribunales locales, debe abordarse desde una visión y construcción entrelazada al momento que estamos más cerca de un punto de inicio.

En donde las experiencias y necesidades de todos los operadores jurídicos (abogados litigantes, impartidores de justicia, jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas, personal administrativo, ciudadanía y usuario final, etc.) sean consideradas para la construcción de un Sistema de Justicia Digital Eficaz.

Y no solamente como un diseño procedimental y constitucional transferido a un medio tecnológico, desde la falta de comunicación y lenguaje común entre los ingenieros y abogados que enfrentan el reto de este tipo de soluciones.

4. Cuarto. Estamos en presencia de crear nuevos modelos mentales a partir de nuevos cuestionamientos, los cuales no podemos responder desde viejos modelos mentales. Ya que la realidad tecnológica y social nos obliga replantearnos diversos temas, como: el derecho procesal, la flexibilidad de los procesos en el medio ambiente digital, el uso de la psicología conductual a través de la plataforma para inducir a la solución de conflictos, ello con la finalidad de evitar producir procesos en línea tortuosos (jurisdiccionales o no jurisdiccionales) que igualmente no ayuden a resolver la saturación de procesos.

5. Quinto. ¿A qué debe aspirar el Sistema de Justicia Digital? Teniendo en mente los elementos anteriores, ahora es momento de repensar el Sistema de Justicia a partir de un nuevo modelo mental que relacione los beneficios de los avances tecnológicos con los servicios y actividades de los Tribunales y Organismos de impartición de justicia, mismo que facilite a todos los usuarios en sus diversas actividades.

Por ejemplo:

a.  Desarrollo de software para los procesos jurisdiccionales que incluyan:

a) Oficialías de parte electrónicas sin necesidad de duplicar con expedientes en papel.

b) Asignación inteligente de casos a secretarías A y B de los juzgados.

c) Registro categorizado de nombres de las partes con supervisión humana.

d) Correos electrónicos automatizados para oír y recibir notificaciones.

e) Calendarización automatizada de audiencias.

f)  Trabajo a distancia de jueces y de los operativos jurídicos.

g) Aplicación de reconocimiento facial en la identificación de procesos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

h) Desahogo de audiencias virtuales.

i)  Traducción de textos legales a otras lenguas.

j)  Asistencia a usuarios con discapacidad (invidentes, sordos, etc.).

k) Chatbots.

l)  Desarrollo de sistemas inteligentes de asistencia que sean capaces de: traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje mucho más accesible a cualquier persona; buscar casos con elementos similares; asistir los procesos internos; entre otros.

m) Desarrollo de soluciones y Apps de acceso móvil.

n) Interoperabilidad de sistemas y realización de acuerdos con otras instituciones con las que usualmente interactúan los tribunales con la finalidad de generar procesos más rápidos y en línea de forma interinstitucional.

b.  Desarrollo de software o plataformas públicas y/o privadas para el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias que, dentro de sus muchas finalidades, pretenden despresurizar los tribunales de conflictos que se pueden resolver por vías como: negociación, mediación y conciliación. Con funciones que incluyan:

c) Desahogo de audiencias virtuales;

d) Trabajo remoto de los facilitadores, mediadores y las partes;

e) Chatbots;

f) Traducción de textos legales a otras lenguas;

g) Asistencia a usuarios con discapacidad (invidentes, sordos, etc.);

h) Desarrollo de sistemas inteligentes de asistencia que sean capaces de: traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje mucho más accesible a cualquier persona; búsqueda de casos con elementos similares; asistencia de procesos internos; entre otros;

i) Formas de validación y ejecución inmediata de los acuerdos, y

j) Sistema que genere los datos necesarios para comprobar que los casos mediables no regresan en￼ forma de litigio al tribunal.

6. Sexto. Una de las grandes problemáticas en el sistema actual de justicia, es la dispraxis jurídica que ocurre entre la norma jurídica y el mundo objetivo en que se aplica la norma. Es decir, la “igualdad ante la ley” es referente al mundo abstracto en que la ley debe aplicarse igual a los iguales. Mientras que la “igualdad en la ley” es la exigencia de que efectivamente nos vuelva iguales en el mundo objetivo.

Esta divergencia es notoriamente conocida en el país. Ahora bien, como parte de lo que se requiere es generar procesos más eficaces y nuevos paradigmas en los operativos jurídicos, es necesario establecer las dos estrategias siguientes en el diseño e implementación de nuevos modelos de Justicia Digital, migración de procesos electrónicos, implementación del expediente judicial electrónico o el diseño de tribunales electrónicos de forma igual en todo el país, éstas son:

a)  Primero. La creación de un grupo de expertos que contribuya con la producción de políticas y estándares comunes que sirvan de guía para los desarrolladores de plataformas de Tribunales electrónicos y plataformas de solución de conflictos en línea, y

b)  Segundo. Que este grupo de expertos ayude en la observación del desarrollo de los proyectos de transformación digital hacia la construcción de un sistema de justicia digital.

Con respecto a este último sexto punto, en mi observación empírica he notado un cuestionamiento repetitivo en diferentes latitudes del mundo, el cual se expresa en la siguiente pregunta: ¿eficiencia tecnológica por encima de la eficacia de la norma, o viceversa?

Tal como alcanzo a apreciar en mi observación empírica comparada acerca de diferentes modelos de desarrollos tecnológicos en el campo del derecho aplicados a la impartición de justicia o a la solución de conflictos en línea; existen al momento dos maneras de abordar la construcción de modelos y/o plataformas, esto es: 1) desde una perspectiva puramente procesalista en uso de la tecnología, o 2) desde una perspectiva flexible con prioridad al desarrollo tecnológico.

La elección entre una y otra visión, guarda relación directa con el tipo de modelo de derecho constitucionalista y procesal; por ejemplo: en el derecho anglosajón, se tienden a desarrollar plataformas tecnológicas desde la segunda perspectiva, es decir, más flexible puesto que no se supeditan a regulaciones procesales de estricto derecho; lo que permite utilizar las bondades de la tecnología para inducir al usuario o ciudadano en su conducta hacia la solución de conflictos. Mientras que los desarrollos tecnológicos en latitudes pertenecientes a tradiciones del civil law, con un derecho procesal claramente estipulado en la norma, muchas veces terminan siendo la translación de un proceso off line a un proceso online.

En suma, ésta es apenas la punta del iceberg de lo que es posible realizar con la interacción entre la tecnología y su aplicación al campo de la impartición de Justicia.

Fuentes de consulta:

Arley Orduña, A. M. (2019), Resolución electrónica de disputas (Online Dispute Resolution) en el comercio electrónico transfronterizo B2C en la región de América, Tesis Doctoral Posgrado de Derecho, UNAM, pp. 605

— (2023). Principios para un sistema de justicia digital eficaz en México, a través de la reforma al artículo 17 constitucional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, (164). https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2022.164.18092

— (2021). Resolución Electrónica de Disputas (ODR): Acceso a Justicia Digital. Editorial Tirant Lo Blanch, noviembre, 2021.

Bostrom, N. (2005). “Transhumanist values”, en Review of Contemporary Philosophy, Vol. 4.

Sitios web

Los diez personas más ricas del mundo en marzo de 2024, según su patrimonio neto (en miles de millones de dólares), disponible en https://es.statista.com/estadisticas/534561/los-mas-ricos-del-mundo/

¿Es regresiva la Reforma del artículo 9 fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 17 de enero de 2024?

Autora Sara Gabriela Bonilla López[5]

El diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, se publicaron una serie de reformas en el Diario Oficial de la Federación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Civil Federal y Código Penal Federal; dichas reformas tienen íntima relación entre sí, puesto que llevan un hilo conductor, que es la protección a las mujeres, de diversos temas sobre violencia, visto con el rasero de la perspectiva de género.

Dichas reformas obedecen a una realidad que se vive en el día a día en incontables casas, calles y colonias de este país, que permea en cada oficina, negocio formal o informal, escuela o reunión cualquiera que sea su fin, en las que franca o veladamente, se ejerce violencia contra dos de los sectores más vulnerables de la población, y￼   específicamente nos referimos a mujeres y niños.

Para nadie es un secreto las luchas sociales que se han librado para revertir lo anterior; sin embargo, desde luego no es una tarea acabada, al parecer la erradicación de la violencia, en todas sus modalidades, será eternamente una asignatura pendiente.

Desde Constituciones Federales, Tratados Internacionales, hasta el último reglamento, se han ido impregnando de esta lucha, y siempre falta más por hacer.

No obstante, es importante acercarse a una porción normativa muy pequeña, que es, como se mencionó antes, el artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en la fracción IV, que, para fines ilustrativos, se cita:

Artículo 9.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de las violencias contra las mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativo, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán:

…

IV. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar, violencia a través de interpósita persona y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma;[6]

…

En efecto, es pequeña, pero de una trascendencia tal vez inconmensurable, y es factible señalarlo así porque se trata de niñas, niños y adolescentes que quedarán sin estar sujetos a patria potestad, porque alguno de sus progenitores haya incumplido con obligaciones para con ellos, de carácter pecuniario.

Por supuesto que no debe minimizarse el que se trate de dinero, y desde luego no se pretende caer en el absurdo de permitir que un deudor alimentario cumpla con sus obligaciones de una forma caprichosa o simplemente las incumpla; empero, es necesario observar si la consecuencia es proporcional a la falta.

Para ello, es preciso indicar que la patria potestad es una figura jurídica que se ha instituido en favor de niñas, niños y adolescentes, dado el estado de protección reforzada a que son acreedores, por tanto, su obtención no es premio, ni su pérdida castigo, pues se insiste, su constitución implica el cuidado del cual precisan aquellos.

Así, cuando aquél que tiene la patria potestad respecto de una niña, niño o adolescente, que, en la gran mayoría de los casos, es su descendiente, la pierde, en realidad no se está afectando el estatus de ese adulto, sino el que se modifica es el del menor que está sujeto a esa figura, pues ahora, en lugar de ser dos quienes lo tienen que proteger, cuidar, guiar, socorrer, educar y un largo etcétera, se convierte en uno solamente.

Es innegable que la proveeduría económica es importantísima, tan es así, que puede poner en riesgo la subsistencia del acreedor; empero, se recalca, el estatus que se está modificando, es el del sujeto a la patria potestad, no el del adulto.

En este contexto, respecto de lo que se ha mencionado en el párrafo anterior, en cuanto al peligro de la subsistencia del acreedor alimentario, ríos de tinta han corrido en lo tocante a este tema, siendo dable destacar que con anterioridad, por lo menos en el Estado de México, la ley contemplaba que para que fuera procedente la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones económicas, era necesario que se demostrara que con ello se había comprometido la salud, la seguridad o la moralidad del acreedor alimentario; tal “doble requisito”, fue declarado inconstitucional a través de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación[7], en la que se determinó que el simple incumplimiento por determinado tiempo, era más que suficiente para la pérdida de la patria potestad, sin tener que demostrar el estado de vulnerabilidad en que se haya colocado al acreedor alimentario; con la salvedad de que tal circunstancia sería reversible una vez puesto al corriente y garantizando por un año más la debida satisfacción de los alimentos.

Con lo anterior, se regresaría al estado idóneo de la niña, niño o adolescente sujeto a patria potestad. Hoy, con la reforma que aquí se analiza, se vuelve imposible, generando una mayor desvinculación entre padres e hijos.

Bastaría entonces una pandemia, un desempleo, un descuido, una mala administración (quiebra), ser víctima de un delito o, incluso, una defensa insuficiente o inexistente para, de una vez y para siempre, modificar la condición de una niña, niño o adolescente respecto de la figura de la patria potestad.

Demostrado está, que el endurecimiento de las leyes no trae como consecuencia la modificación de las conductas de los integrantes de la sociedad, lo que tiene mejores efectos siempre serán la educación, la prevención y la concientización; asimismo, es destacable advertir quién es el afectado final de esta reforma, acaso los adultos o los niños sujetos a patria potestad.

Justicia Adaptada para NNyA al tenor del CNPCYF

Autora Mtra. Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez[8][9]

“… La justicia es, en el mayor grado, la completa virtud… el hombre más perfecto no es el que emplea la justicia en sí mismo; es el que la emplea para otro”

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Introducción

Producto de las reflexiones del Ejecutivo Federal en torno a mejorar el contexto de la justicia cotidiana, surge el 7 de junio de 2023, de las entrañas intelecto-jurídicas del Congreso, un nuevo paradigma en materia Civil y Familiar: el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) que, aunque a estas alturas quizá suene “tautológico”, lo cierto es que con cada nueva ojeada a su contenido insólitos dogmas germinan, cuyo abordaje reclama la razón del jurista, ejemplo de ello es la justicia adaptada (JA).

En este ensayo se reflexionará sobre el tema, con especial énfasis a niñas, niños y adolescentes (NNyA); responderemos a dos interrogantes ¿de qué trata la JA?, y ¿cómo aplicarla al interés superior de la infancia?, ello, en armonía con uno de los fines del CNPCyF: elevar la calidad de la administración de justicia para ese sector de la población.

Justicia adaptada (JA)

Todos los NNyA poseen derechos, los cuales son protegidos al tenor del principio del interés superior de la infancia (ISI), cuya aplicación, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), busca satisfacer todas sus necesidades y exige adoptar un enfoque basado en estrategias que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.

Tales estrategias son denominadas “medidas especiales”, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre las cuales destaca un sistema de justicia adaptado con base en las capacidades de la infancia, “conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión-, sin discriminación alguna”.1

En 2011, México incorpora tal principio en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal y el CNPCyF no se queda atrás; ejemplo de ello, lo encontramos en su artículo 5, párrafo segundo, el cual impone el deber jurisdiccional de actuar y resolver con base en el ISI, además, el de adecuar las actuaciones judiciales a las circunstancias, mediante formatos alternativos, a fin de garantizar equidad y accesibilidad durante el procedimiento, es decir: adaptar la justicia.

Tal adaptación implica, de acuerdo con el ordinal 2º fracción I del CNPCyF, ajustes de procedimiento, entendidos estos como las modificaciones o adecuaciones necesarias para facilitar y garantizar la intervención consciente (en la medida de lo posible) de NNyA, en todos los procedimientos judiciales, en condición de igualdad.

Modificaciones que ya han sido tangibles en los Poderes Judiciales del país, en el de esta entidad, por ejemplo, a través de la adecuación de los aspectos materiales y procesales dentro de los juicios en que participen NNyA; espacios de tránsito; salas de espera (lúdica) y de escucha; sentencias en formato de lectura fácil; el maravilloso “cuaderno de escucha de niñas y niños, una aventura en el Poder Judicial del Estado de México"[10] que con caricaturas explica los derechos de NNyA, así como lo relativo a la figura de la persona juzgadora; empero, el sistema de justicia adaptado (SJA), va más allá.

“… Yo tenía como 3 o 4 años y, de repente, me llamaron a la sala y mi mamá no me había dicho qué era y yo no entendía bien lo que era, ni quién era un juez”.

Niña de Chile[11]

Aplicación JA

El SJA implica, involucrar en mayor medida a NNyA, durante todo el proceso, no únicamente en su escucha y posterior lectura de sentencia en formato de lectura fácil, el NNyA debe, no solo saber qué sucede en una escucha ni qué se resolvió en una sentencia, sino cómo es que él se vio implicado en una circunstancia de tal índole y por qué una persona extraña y ajena a su familia, como la persona juzgadora, decidirá sobre su presente y futuro.

Tales condiciones son relevantes para respetar y garantizar en todo momento su intervención, previo conocimiento de la causa que los lleva a tomar una u otra determinación y ello se encuentra ligado, además con el principio del debido proceso y derecho de audiencia, previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues finalmente son sus derechos los que están siendo objeto de decisiones judiciales y por ende, la autoridad judicial tiene el deber de proteger, respetar, promover y garantizar.

Ello, no obstante que sean sus representantes quienes promocionan por ellos; y es que, NNyA, por sus características particulares dependen de las personas responsables de sus cuidados para la realización de sus derechos, lo cual puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses.

Entonces, si conforme al SJA en estricto apego al ISI, implica efectuar modificaciones para facilitar y garantizar la intervención de NNyA en los procedimientos, se concibe la necesidad de ajustar el proceso desde el auto admisorio de una demanda, contestación de demanda, audiencias, admisión de pruebas, etcétera, en formato de lectura fácil, que muestre a los NNyA no la pugna entre papá y mamá o entre sus familiares o personas inherentes a su situación jurídica, pero sí para explicarle que ha iniciado un camino que le implicará relevancia en su vida, en el cual él tendrá en todo momento la oportunidad y opción de opinar.

Y, así como se hizo en el cuaderno de escucha de niñas y niños, referido a través incluso de dibujos, explicar de acuerdo con la edad del NNyA qué inicia, por qué, qué implica, qué son pruebas, qué se debate y qué se resuelve, en un lenguaje claro, sencillo y libre de cargas procesales o circunstancias que papá o mamá puedan manejarle cada uno a manera de alienación.

De este modo, se garantizará su participación consciente, pues en todo momento, sabrá lo que acontece, por qué acontece, los motivos y razones de los cambios que comenzará a ver en su vida, entonces y solo entonces, sabrá el valor de su entrevista y los resultados podrán ser mayormente fructíferos en pro de su interés superior, lo cual alcanzará un impacto por demás eficiente en la sentencia definitiva e inherentemente en la administración de justicia.

Sin soslayar que dichas opiniones de NNyA podrán y deberán valorarse como probanzas, independientemente de que ello haya sido parte de los hechos narrados por las partes.

Dicha circunstancia, encuentra sustento, por ejemplo, en el Amparo Directo en Revisión 1187/2010 derivado de un juicio de guarda y custodia de dos infantes, donde le correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinar si el juez A Quo puede analizar todas las pruebas que se hayan aportado en juicio o solo aquellas que se relacionen con los argumentos presentados por los litigantes.[12] [13] [14]

La Corte consideró que el ISI demanda que en toda situación donde se vean involucrados NNyA, el juez deberá valorar todos los elementos que tenga a su alcance para determinar lo que sea mejor para la infancia, a pesar de que no estén relacionados con los argumentos de las partes litigantes.5

De modo que el impacto de adaptar la justicia, a través también de los formatos en lectura fácil, incluso, a través de dibujos relacionados con los autos de admisión de demanda; audiencias, admisión de pruebas, entre otros que ponga al niño en conocimiento del asunto que cambiará su vida, no se desapega al ISI, por el contrario, le garantiza una opinión y por ende participación consciente en el juicio.

Conclusiones

La JA, es una herramienta de derechos humanos con la cual se busca satisfacer todas las necesidades de NNyA en pro de su interés superior; a través de la adopción de un enfoque basado en medidas especiales, que permitan garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad sin discriminación alguna.

El CNPCyF adopta tales medidas6 a través de los ajustes al procedimiento por medio de formatos de lectura fácil, los cuales, conforme al contenido de dicha ley adjetiva, es viable adaptar a partir del auto admisorio, auto que tiene por contestada la demanda, audiencias, admisión de pruebas, aquellos que le impliquen conocer el proceso, de modo tal que NNyA no conozcan la pugna entre sus familiares, pero sí el tránsito por un camino que podrá hacer cambios relevantes en su vida, en el cual tendrá en todo momento la oportunidad y opción de opinar, así como el motivo por el cual interviene una persona extraña y ajena a su familia para decidir tal rumbo.

¡Imaginemos la extraordinaria fuerza que tendrá la opinión del NNyA, quienes, conocedores del hecho que los tienen ante nuestra presencia, podrán estimar, exponer, valorar e incluso pedir lo que le merezca importancia y necesidad para su vida presente y futura!, se cumplirá en máxima medida con la obligación de impartir justicia adaptada a NNyA en estricta observancia al ISI.

Ello, será verdaderamente determinante en proceso y por ende en sus vidas, cuando NNyA entiendan la finalidad del mismo, el objetivo y relevancia de su participación u opinión, su impacto en el fallo judicial y, por añadidura, en su vida.

Es un gran reto, ¡sí, lo es! Pero vale la pena, vale por NNyA quienes no solo son el futuro, también son el presente y lo que hoy decidamos para ellos tendrá repercusiones trascendentales en el camino que elijan andar; es el eslabón en la cadena de oro y flores que une su vida y que los lleve, en algún momento de su vida a pensar:

Aquel fue un día memorable para mí, pues provocó grandes cambios en mí. Pero lo mismo ocurre con cualquier vida, imagina que un día seleccionado, es eliminado de ella, y piensa cuán diferente habría sido su curso. Deténganse quienes leen esto y piensen por un momento en la larga cadena de hierro u oro, de espinas o de flores, que nunca los habría unido, de no ser por la formación del primer eslabón en un día memorable.

Grandes Esperanzas, Charles Dickens

Resoluciones relevantes￼

Adopción Homoparental

Autora María de Lourdes Hernández Garduño[15]

Me gustaría iniciar mencionando que siempre se ha dicho que la familia es la organización social más importante, porque en ella sus miembros se desarrollan en diversos ámbitos, lo que por supuesto tiene repercusión en ellos.

El concepto de familia se ha ido transformando con el tiempo por los cambios de la sociedad a nivel cultural y de derecho, así la definición de familia conformada por papá, mamá e hijos fue rebasada, pues actualmente existen varios modelos de familia.

La familia monoparental, conformada por la madre o el padre y el hijo o hijos.

La familia biparental, es aquella compuesta por una pareja y sus hijos, pareja que puede ser heterosexual (pareja de distinto sexo), o bien homoparentales (del mismo sexo).

Familias reconstruidas, que son las que se forman por personas que vienen ya de una familia anterior, monoparental o biparental que concluyó, donde incluso puede haber hijos de uno o ambos.

Existen otras clasificaciones como pueden ser familia de origen, extensa, ampliada, de acogida o pre adoptiva, pero para efectos del tema será suficiente con la￼   clasificación antes explicada.

Ahora bien, el derecho a la familia es uno de los derechos humanos fundamentales, reconocido en el artículo 4° Constitucional, sin distingo de tipo de familia, por ende, todas las personas tienen derecho a formar una familia, sin distinción de género u orientación sexual.

Así, siendo la adopción una forma jurídica a través de la cual una niña, niño o adolescente se integra a una familia, con todos los derechos y obligaciones inherentes a la relación paterno-filial, es factible establecer que dicha institución está permitida para familias homoparentales.

Luego, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, donde se les reconoce como titulares de derechos, entre otros, el derecho a vivir en familia.

Después de este preámbulo, he de mencionar que el Juzgado Especializado en Adopciones del Poder Judicial del Estado de México, se creó el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, y no fue sino hasta el veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, que se llevó a cabo la primera adopción homoparental, una pareja conformada por dos mujeres acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal, donde después de haberse realizado valoraciones en materia de psicología, de trabajo social y médicas, obtuvieron su certificado de idoneidad, así como el informe de adoptabilidad de la pequeña.

Con estos documentos en términos del artículo 97 de la ley que regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, acudieron al juzgado especializado, a través de un procedimiento especial en el que se llevó a cabo una audiencia donde se valoraron pruebas, se escuchó a las solicitantes y se dictó sentencia, en la cual se destacó que las solicitantes cumplieron con los requisitos establecidos en la ley, que atendiendo al interés superior de la niña implica tomar en consideración aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de sus derechos, y que la comaternidad es una figura que comprende una doble filiación materna, donde la pareja de mujeres se encarga del cuidado y protección de los hijos, en un ambiente armónico donde se les brinde amor y educación, así como atención a la salud y vivienda; la adopción resultó procedente.

Por lo anterior el órgano jurisdiccional ordenó reservar el acta primigenia y un nuevo registro en la que figuren como madres las adoptantes, con todos los datos que se requieran conforme a la ley, de igual manera se ordenó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dar seguimiento a la adopción a fin de verificar las condiciones físicas, educativas y emocionales de la pequeña.

Esta adopción resulta un avance en términos de inclusión y no discriminación, como lo señaló el titular del Poder Judicial Dr. Ricardo Sodi Cuellar el día de la celebración de la audiencia.

Adopción que sin duda es un parteaguas para la institución de la adopción, que abre camino, pues después de ella el órgano jurisdiccional en cuatro meses ha celebrado dos adopciones más de familias homoparentales compuestas por hombres, con ello sin duda se restituye el derecho de la infancia a vivir en familia.

Y no se puede dejar de mencionar que la adopción homoparental es un tema polémico, puesto que a nivel social hay diferentes puntos de vista; sin embargo, desde el punto de vista legal el avance es significativo, sobre todo al garantizar el cumplimiento del principio de interés superior del niño al respetar su derecho a vivir en familia por encima del derecho de los adoptantes de convertirse en padres.

Comentarios￼

Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de México

Autor Humberto García Villegas[16]

El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta convención se estableció –en el artículo primero- que su propósito es precisamente promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente; se precisa en el segundo párrafo del primer artículo, que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

La adopción de esta Convención que tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, obliga a los Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad, así como a adaptar su sistema jurídico para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria.

En ese sentido, el artículo 2 fracción V de la Ley sobre la Celebración de Tratados, prevé que “Ratificación”, “Adhesión” o “Aceptación” es el acto por el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. México, firmó la citada Convención el 30 de marzo de 2007, que fue aprobada por el Senado (ratificación) el 27 de septiembre de 2007, y se encuentra en vigor para nuestro país desde 3 de mayo de 2008,[17] convirtiéndose así en parte de los Estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad mundial inclusiva.

Cabe mencionar, que por cada tratado internacional en materia de derechos humanos, se crea un Comité u órgano, con el propósito de vigilar el cumplimento y observancia del tratado que lo crea. En lo que atañe a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el órgano creado para tal efecto, es el￼    denominado “Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Este Comité se integra por expertos independientes, elegidos entre los Estados partes entre sus nacionales, que ejercen sus funciones a título personal, es decir, no actúan como representantes de los Estados que los proponen; ello según lo prevé el artículo 34 de la misma convención.

De manera general, tales Comités tienen distintas facultades, que, según cada supuesto, pueden variar, pero en esencia son las siguientes: a) Examen de informes; b) Observaciones finales; c) Investigaciones, y d) Observaciones generales.

Por cuanto hace al examen de informes y en las observaciones finales, el mandato principal para los Comités es vigilar la aplicación del tratado. Mediante el examen de los informes, uno inicial y otros presentados periódicamente por los Estados parte, sustancialmente el Estado miembro expone la evolución general y los progresos realizados en materia de derechos humanos. Una vez recibido el informe, el Comité, previo a realizar el examen, formula una lista de cuestiones y preguntas para el Estado parte: ello permite preparar la información necesaria e integrar un diálogo constructivo para el examen oficial.

El examen del informe culmina con la aprobación de las Observaciones Finales donde se emiten consejos prácticos y recomendaciones hacia el Estado parte para la adopción de medidas encaminadas al cumplimiento del tratado. En los informes periódicos, el Estado parte debe informar sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones hechas en las Observaciones Finales del informe anterior; aunque las recomendaciones que realizan los Comités no son vinculantes, los Estados suelen asumirlas y atenderlas con seriedad.

Ahora bien, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 581 sesión de fecha 25 de marzo de 2022, al examinar los informes periódicos segundo y tercero combinados de México, aprobó una serie de observaciones finales, donde se acogió con satisfacción dichos informes; sin embargo, también puntualizó motivos de preocupación y emitió recomendaciones.

En los aspectos positivos observó con satisfacción que México haya dotado de legislación y de políticas públicas, así como de protocolos y directivas destinados a promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, entre los motivos de preocupación y recomendaciones el Comité puntualizó: la inexistencia de un plan nacional para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; de ahí que recomendó formular un plan nacional integral sobre la aplicación de dicha Convención tanto a nivel federal como estatal en la que se incluyan los mecanismos necesarios para aplicarla y se conceda atención particular a las personas indígenas con discapacidad.

También preocupó al Comité que la legislación estatal siga presentando graves lagunas en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y el uso de lenguaje peyorativo; de ahí que recomiende que México armonice sus leyes para proteger los derechos de las personas con discapacidad y elimine la terminología peyorativa hacia éstas.

Preocupó al Comité la prevalencia de un modelo asistencialista y médico de la discapacidad, recomendó su abandono y que éste sea sustituido por el modelo basado en los derechos humanos. Si bien es cierto ha habido un gran avance desde el ámbito jurisdiccional al declarar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como inconstitucional e inconvencional la figura del Estado de Interdicción por cuanto se refiere a las personas con discapacidad, cierto es que tanto la legislación sustantiva como procesal, no se han armonizado totalmente con los criterios de la SCJN.[18]

Dentro de los derechos específicos, preocupó al Comité la falta de medidas específicas para empoderar a las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las indígenas, así como para garantizar que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad sean protegidos plenamente y en igualdad de condiciones; por lo que el Comité recomendó que México aplique la legislación, programas e iniciativas destinados a las mujeres y niñas con discapacidad para prevenir la discriminación múltiple en todos los aspectos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

En cuanto al acceso a la justicia, preocupó al Comité el limitado acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en particular las de las comunidades indígenas, las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia y abuso, y las personas que viven en instituciones. Por tanto, el Comité recomendó que nuestro país apruebe medidas jurídicas adaptadas a la edad y con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, con especial énfasis en las mujeres de las comunidades indígenas, tales como: ajustes al procedimiento, asistencia jurídica accesible y asequible, asesoramiento y asistencia personal, eliminación de las barreras existentes en el entorno físico y las que obstaculizan el acceso a la información.

El Poder Judicial del Estado de México comprometido con las obligaciones internacionales, en el año 2023 aprobó el programa “Poder Judicial Accesible e Incluyente”, con dos objetivos generales con cumplimiento a mediano plazo: a) Favorecer la independencia y protagonismo de las y los colaboradores judiciales con discapacidad mediante el fomento del desarrollo personal, el uso de ayudas técnicas, la aplicación de las nuevas tecnologías y la construcción de redes de apoyo; y, b) Promover e implementar políticas y acciones que coadyuven a disminuir las barreras y desventajas que enfrenten las personas con discapacidad para el pleno goce de sus derechos en el ámbito de impartición de justicia en el Estado de México.

Y como objetivos específicos: a) Fomentar cambios en los entornos y en los valores culturales que posibiliten la inclusión, integración permanente y eficaz de las personas con discapacidad; b) Generar mecanismos que aseguren la accesibilidad ajustes razonables y de procedimiento de personas con discapacidad en el ámbito de la administración de justicia, y c) Generar movimientos asociativos en las personas con discapacidad, sus familias y comunidad.

Asimismo, mediante Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en sesión ordinaria del 16 de octubre de 2023, se aprobó la creación del “Consejo Consultivo Accesible e Incluyente del Poder Judicial del Estado de México” (Circular 79/2023), con el fin de fortalecer el diálogo social y la participación en el proceso de inclusión social y accesibilidad de las personas con discapacidad. Dicho órgano está encargado de opinar, proponer y asesorar al Poder Judicial del Estado de México en los asuntos relacionados con las políticas y acciones que coadyuven a la efectiva inclusión social, participación y accesibilidad de los servidores judiciales y usuarios del servicio con discapacidad. Siendo así que, en el mes de enero de 2024, se tomó protesta a los integrantes de este Consejo y se encuentra en funciones. ¡Éxito a todos sus miembros!

Entrevista￼

Infancia es Destino

Se ha observado que quienes están en reclusión durante su infancia, en ocasiones regresan como personas privadas de su libertad (PPL) en edad adulta, la razón es que muchos de ellos nacieron y crecieron dentro de los centros penitenciarios, viendo estos lugares como su hogar. Ante esta realidad, urge implementar políticas públicas fundadas en investigaciones sólidas para desarrollar programas adecuados.

El 12 de mayo de 2022 el Poder Judicial del Estado de México en coordinación con la Universidad Autónoma de la entidad, instalaron la Cátedra de Investigación “Infancias con referentes de crianza en prisión: Infancia es destino”. Su objetivo es buscar soluciones para las hijas y los hijos de las PPL, con una duración de cuatro años.

La cátedra permite evaluar resultados y continuar proponiendo soluciones desde una perspectiva psicológica, jurídica, sociológica y multidisciplinaria.

La población privada de la libertad enfrenta múltiples situaciones que acentúan la vulnerabilidad en la que se encuentran y que afecta incluso a sus familias. La violencia, la exclusión social y la pobreza, así como el estigma y la discriminación afectan directamente a sus hijas e hijos, de acuerdo al Diagnóstico Estadístico “Maternidades e infancias con referentes de crianza en prisiones del Estado de México”.

En esta entrevista Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia nos ofrece una profunda reflexión sobre los desafíos y avances en la entidad, respecto a este importante tema.

¿Cómo surge la Cátedra de investigación: “Infancias con referentes de crianza en prisión, infancia es destino”?

La Cátedra de Investigación “Infancias con referentes de crianza en prisión, infancia es destino” surge de la imperiosa necesidad de visibilizar y reflexionar sobre la realidad de las infancias que viven en esta situación. Iniciativa entre el Poder Judicial del Estado de México y UAEMéx, que busca fortalecer un escenario de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Además, se han sumado instancias diversas del gobierno estatal y algunas asociaciones civiles comprometidas con la defensa y promoción de los derechos de la niñez.

¿Cuántas mujeres privadas de la libertad son madres?

Según el análisis, el 86.7% de las mujeres privadas de libertad son madres; de las cuales 6.6% ha tenido hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios y ya han sido externados, mientras que el 66% tenía a sus hijos presentes en el momento de su detención. Los datos recabados en este estudio, que explora la intersección entre maternidad y prisión, también revelaron que el 12.2% de las mujeres estuvo embarazada durante su reclusión. Mientras que el 2.6 enfrentó un aborto mientras cumplía condena.

¿Hasta qué edad los infantes pueden permanecer con su madre en prisión?

La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), en su artículo 45, especifica que los menores podrán permanecer con sus madres dentro de los centros penitenciarios solo durante la etapa postnatal y de lactancia, o hasta que el infante cumpla tres años de edad, garantizando siempre el interés superior de la niñez.

¿Cuántas niñas y niños viven actualmente en reclusión?

Al momento del levantamiento del diagnóstico, se registraron 23 infantes viviendo con sus madres en reclusión, con edades entre 4 meses y 2 años 8 meses.

¿Qué situaciones enfrentan los menores cuando se crían en prisión?

Los menores que crecen en prisión enfrentan diversas problemáticas. Aquellos que habitan como acompañantes en los centros penitenciarios se enfrentan a un encierro constante y están expuestos a altos niveles de violencia. Si bien, las cárceles no son sitios pensados ni diseñados para las infancias, la realidad exige generar condiciones que permitan un desarrollo lo más adecuado posible durante el tiempo que deban estar con sus madres. Pero lo cierto es que ningún niño o niña debería vivir entre rejas y con la amenaza de la ruptura al apego con la madre al momento en que deben abandonar el centro penitenciario, o ante la pérdida de convivencia cercana con un padre o madre privado de la libertad ante la falta de tiempo, recurso económico o inaccesibilidad por múltiples factores.

¿Cómo se puede apoyar a las infancias en esta situación?

Es indispensable desarrollar mecanismos que disminuyan la afectación en las infancias y fomentar la creación de redes y estrategias de apoyo para la crianza a mujeres que deben externar a sus hijas o hijos, o que los tienen viviendo fuera del Centro.

¿Quiénes intervienen en el análisis de este estudio?

En el análisis participaron el Poder Judicial, representantes de cinco secretarías del Gobierno del Estado de México, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y su homólogo estatal, asociaciones civiles invitadas e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, buscando entender la complejidad del tema.

¿Cuál es el propósito de este diagnóstico?

La propuesta surge de la inquietud de contar con datos actualizados sobre la experiencia de maternidad dentro de los centros penitenciarios, tanto de los infantes que viven hasta los tres años con sus madres en reclusión, como de aquellos que viven fuera, en condiciones a veces desconocidas por sus madres.

¿Considera que es necesario generar acciones ante esta situación?

Si no se desarrollan acciones específicas de apoyo a estos grupos sociales, un alto porcentaje podría no salir de la espiral de violencias y vulneraciones múltiples; por ello, deben generarse acciones de intervención prioritaria.

¿Por último, qué representa para usted, Magistrado Presidente Ricardo Sodi y para el Poder Judicial este estudio?

Este documento publicado por el PJEdomex y la UAEMéx es un paso hacia un mejor futuro, lleno de amor para estas infancias. Retomamos la frase de Sigmund Freud “Infancia es destino” que nos recuerda que los adultos estamos marcados por las experiencias de nuestra niñez y justo por eso debemos cuidarlos y procurarlos.

Voces desde el Poder Judicial

Comentarios en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Autor Mtro. Noé Eugenio Delgado Millán[19]

En el marco del Congreso Nacional de Derecho Procesal denominado “Justicia Cotidiana en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevó a cabo del cuatro al siete de marzo del dos mil veinticuatro; en representación del Poder Judicial del Estado de México, participé como ponente en dicho congreso.

Mi participación fue en relación con el Libro Segundo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares denominado “Del Procedimiento Oral Civil y Familiar”, así como al Libro Cuarto titulado “De la Justicia Familiar”. Resalté la importancia de las disposiciones contenidas en el artículo 130 de dicho ordenamiento; indicándose que, aunque no se trata de una cuestión novedosa, sin embargo, cobra principal trascendencia el hecho de que niñas, niños y adolescentes, podrán comparecer a juicio por sí mismos o por cualquier persona en su nombre. Esto es, sin la intervención de su legítimo representante, cuando éste se halle ausente o desaparecido, se ignore quién sea, esté impedido, se negase a promover la acción o hubiese un conflicto de interés con su representado.

Es decir, una persona menor de edad podrá comparecer por sí misma (o por cualquier persona, aunque no sea su representante legal) ante una jueza o un juez para presentar su demanda y las personas juzgadoras deberán dar trámite a dicho ocurso. Desde luego, se les deberá nombrar un “representante independiente” para que intervenga en el juicio, debiendo preferirse a los familiares más cercanos, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifique la designación de persona diversa.

Por otro lado, también realicé comentarios en torno a las disposiciones del artículo 134 destacando que, a mi juicio, fue acertada la regulación relativa a que, en cualquier procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las partes, sus abogados y/o representantes autorizados (sin perjuicio de su derecho de comparecer a exponer sus alegatos en la audiencia respectiva) podrán solicitar fuera de audiencia una cita a la autoridad jurisdiccional. Lo anterior para manifestar, en lo particular, los aspectos que consideren relevantes en la solución del juicio en el que intervengan; dicha cita se solicitará por escrito y recaerá acuerdo en el que se indique día, hora y duración de la misma, la cual se autorizará con la finalidad de que comparezcan al recinto judicial el interesado y su contra parte, o bien, sus asesores jurídicos, a fin de respetar el principio de contradicción.

Resaltándose que dicho artículo señala que, fuera de estos casos, las autoridades jurisdiccionales estarán impedidas para escuchar en lo particular o individual a cualquiera de las partes, sus abogados o representantes; lo cual pone fin a la reiterada práctica consistente que, las partes o sus abogados constantemente pretenden “pasar a hablar” con la persona juzgadora a manifestar lo que es conocido como “alegatos de oídas”, cuyo fin no es más que persuadir a las juezas o jueces para que fallen a su favor.

Finalmente, respecto a la prueba pericial, hablé de las implicaciones que traerá en la práctica las reglas del artículo 306; en especial la relativa a que, en todos los casos se nombrará persona “perito oficial”, cuyos honorarios serán cubiertos por el Estado; haciendo referencia a la experiencia en el Estado de México, respecto a la pericial en materia de ADN. En alguna época, los honorarios de dichos peritos fueron cubiertos por el Poder Judicial de la Entidad, pero después ya no fue posible seguirlos cubriendo. Indicándose la necesidad de proponer una reforma a dicho numeral, pues de lo contrario, al no contar con los recursos para pagar los honorarios de los peritos (en materias diversas a las de Psicología Familiar y Trabajo Social), implicará que los procedimientos se rezaguen y no se resuelvan hasta que se cuente con los recursos económicos para desahogar las pruebas periciales.￼

Diálogos en materia de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.[20] Buenas prácticas en las entidades federativas: Caso Estado de México

Autora Aena Laura Landeros Mayen[21]

Hoy nos toca reflexionar sobre la manera en la que el Poder Judicial Mexiquense ha puesto en práctica las buenas prácticas que se han implementado en materia de protección de los derechos de NNA.

Como dijo Aristóteles “Los hombres no se hacen sabios por acumular conocimientos, sino por la reflexión sobre ellos”.

Hablar de una protección efectiva de los derechos de NNA, necesariamente implica hablar de sistemas de justicia adaptada, entendiendo por tal, aquel “Sistema de justicia que diseña y garantiza interacciones sensibles y respetuosas a las necesidades y derechos de todas las personas y grupos de personas, particularmente a aquellos que experimentan vulnerabilidades específicas”.

Dicho de otra forma, sólo aquellos sistemas de justicia de que se adaptan a las necesidades de los más vulnerables pueden garantizar una protección efectiva de sus derechos.

Estos ámbitos de adaptación tienen que encaminarse en 4 direcciones:

a. Argumentativa, que tendrá que ver con la actividad de cada persona juzgadora en la construcción de sus resoluciones.

b. Espacios físicos, es decir, crear o acondicionar los lugares, foros, recintos para la participación￼ efectiva y el ejercicio de derechos.

c. Procesales o normativos, entendiendo por tal, aquellos ajustes sobre los procedimientos o sobre las disposiciones que lo rigen para hacerlo más flexible y por ende más accesible.

d. Actitudinales, que hace alusión al rol activo que cada operador jurídico asume frente a la protección de estos derechos.

El Poder Judicial Mexiquense ha implementado una serie de acciones estructurales que han fortalecido la protección de NNA y que podemos concentrar en 8 buenas prácticas:

-       Espacios físicos

1. CECOFAM

1. Salas lúdicas y de de NNA

1. Juzgados especializados

1. Modelo de trabajo corporativo

-       Adaptaciones procesales

1. Justicia digital

1. Convenios interinstitucionales

1. Justicia alternativa

-       Actitudinales

1. Comunicación con NNA

1. CECOFAM

Un espacio neutral, amigable y seguro donde se armonizan los derechos humanos de mantener las relaciones familiares y tener una familia con otros derechos que puedan estar en colisión, por ejemplo, el de vivir en un entorno libre de violencia, el derecho al sano desarrollo, entre otros.

Los CECOFAM son construcciones diseñadas ex profeso para verificar convivencias paterno o materno filiales, por ende, sus espacios obedecen a necesidades específicas de los NNA.

Actualmente tenemos en funcionamiento 2 Centros que son Ecatepec y Toluca, dos más que ya están construidos y uno en construcción.

En cada uno existen espacios que tienen un propósito específico como son: escucha

1. Área de ingreso de custodios

1. Área de convivencia de tránsito

1. Enfermería

1. Lactario

1. Salón para talleres

1. Área administrativa

1. Área de registro de custodios

1. Sala de justicia restaurativa familiar

1. Salas de mediación

1. Área de registro de convivientes

1. Área de encuentro

1. Salón de lactantes

1. Salón de preescolar

1. Área de fotografía

1. Salón de usos múltiples

1. Sala de TV

1. Salón de adolescentes

1. Área abierta

1. Área de hornos

Las personas juzgadoras del Estado de México pueden decretar tres tipos de convivencia con participación del CECOFAM:

1. Supervisadas: se llevan a cabo dentro de las instalaciones de las que hemos hecho referencia y en horarios específicos determinados de acuerdo con la edad de los NNA, esto para generar ambientes más homogéneos de convivencia, y al orden alfabético de su primer apellido por el número de usuarios que se atienden en dichos Centros. De acuerdo con el Reglamento de los CECOFAM, las convivencias supervisadas tienen una duración de 2 horas y regularmente se llevan a cabo sábado y domingo, salvo que las constancias del expediente hagan necesario que se establezca un día distinto.

2. De tránsito: en este tipo de convivencia, la intervención de los especialistas es únicamente en la entrega y recepción de NNA, esto es, cuidan que los progenitores atiendan los horarios y revisan las condiciones en que son presentados los NNA en ambos momentos.

3. Electrónicas: estas convivencias se realizan a través de salas virtuales, donde los especialistas cuidan el lenguaje y actitudes de los padres y madres, como de los NNA. Este tipo de convivencia se implementó con mayor auge durante la pandemia, pero hoy día siguen llevándose a cabo, incluso en escenarios mixtos, es decir, en tránsito y electrónicas o supervisadas y electrónicas.

Además de las convivencias, en el CECOFAM se desarrollan programas, campañas, talleres y foros que buscan la sensibilización de padres y madres, pero que además cuidan el interés superior de la infancia.

1. Programa de integración y vinculación familiar para el fortalecimiento de los lazos filiales.

1. Visitas a los Centros de Convivencias Familiar por los Jueces y Juezas Familiares para el puntual seguimiento de las convivencias que decretan.

1. Programa de conferencias de Magistrados, Jueces y especialistas que mensualmente proporcionan información de relevancia para los usuarios.

1. Programa de Justicia terapéutica para la transformación de los núcleos familiares en conflicto.

1. Campañas de Acompañamiento con diversidad de temas para transformación del ser humano, como son:￼

1. Aprendiendo juntos de discapacidad.

1. Mi actitud ante el conflicto.

1. Platiquemos del medio ambiente.

1. El final de una etapa, el inicio de una oportunidad positiva de cambio.

1. Construyendo comunicación a través del diálogo.

1. El fortalecimiento de la relación parental, una responsabilidad compartida.

1. El comportamiento del ser humano, entendiendo quién soy.

1. Habilidades parentales, construyendo una convivencia sana.

1. Derechos y responsabilidades de niñas, niños y adolescentes.

1. Vivir con calores, cambia la perspectiva de nuestro mundo.

1. Programa de círculos de lectura y programa de actividades lúdicas para habilidades parentales.

1. Talleres psicoeducativos para ascendientes, niñas, niños y adolescentes.

1. Actividades de integración familiar en fechas festivas.

1. Foro de NNA, anualmente en el mes de abril.

1. Coordinación de parentalidad.

Talleres para adultos:

1. El duelo como proceso de aprendizaje.

2. Nos separamos como pareja, no como mamá o papá; seguimos siendo una familia.

3. Hoy es un buen día para amarnos.

4. Crianza compartida, una responsabilidad de amor.

5. El apego, una forma correcta de amar en la familia.

6. El perdón, un cambio de paradigma para fortalecer a la familia.

7. Comunicación asertiva y afectiva.

8. Inteligencia emocional ante el conflicto.

9. Niñas, niños y adolescentes merecemos crecer con amor igualdad y respeto.

10. Construyamos un mundo mejor.

11. Identificando mis sentimientos y expresando mis emociones con respeto, genera una convivencia sana y respetuosa.

12. El comportamiento del ser humano entendiendo quién soy.

13. Habilidades parentales, construyendo una convivencia sana con nuestras hijas o hijos.

14. Vivir con valores cambia la perspectiva de nuestro mundo.

15. Resolviendo conflictos, mejorando nuestros entornos.

Talleres NNA

1. Las niñas y los niños construyen sus emociones.

2. Me reconozco y me restauro como niña o niño.

3. Me reconozco y me restauro como adolescente.

4. Aprendiendo mis derechos y deberes como niña, niño y adolescentes. Me permite comprender mi mundo.

5. Los adolescentes construyen sus emociones y reconocen sus derechos.

6. Derechos y responsabilidades en niñas, niños y adolescentes. Un compromiso internacional.

7. Discapacidad en niñas, niños y adolescentes.

8. Aprendiendo herramientas para afrontar conflictos, y reconocer mis habilidades.

9. Platicando de actitudes y límites en nuestros entornos, para una mejor convivencia.

El CECOFAM hace uso de tecnologías en la aplicación de programas y la prestación de servicios, de tal suerte que su interfaz está vinculada al sistema de expediente electrónico de los juzgados familiares, con lo que se vinculan y alimentan de manera sincrónica.

Además, permite el registro de los progenitores a través de tecnologías para evitar incidencias y la evaluación de los programas y servicios que se brindan, con miras a mejorarlos.

1. Juzgados especializados, modelo corporativo y justicia digital

Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores, y demás especiales y No Contenciosos Relacionados con Menores de Edad y Sumario de Conclusión de Patria Potestad.

Nació en el año 2018 como una opción para agilizar los procesos especiales en los que se involucra a NNA y que estaban rezagados, debido a las cargas de trabajo de los juzgados tradicionales.

Es un juzgado de jurisdicción concentrada, lo que implica que ningún otro conoce de los procedimientos de adopción, restitución internacional y sumarios de conclusión de patria potestad.

Su funcionamiento es hibrido, ya que tiene una sede física que permite recibir promociones y consultar expedientes, pero puede llevar diligencias en forma remota, además, se integra por duplicado el expediente, tanto en físico como en electrónico, de acuerdo a las herramientas digitales con que se cuentan.

El funcionamiento de este juzgado ha permitido restituir a NNA su derecho de vivir en familia en un tiempo breve.

Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de NNA del Estado de México.

El Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de NNA del Estado de México, es un órgano jurisdiccional que labora las 24 horas del día, los 365 días del año, con competencia territorial en todo el Estado de México, y conoce exclusivamente del proceso especial de controversia de violencia familiar y de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio, en relación a derechos de NNA, actuando en expediente digital sin generar expediente físico.

Por ende, su objeto consiste primordialmente, en emitir y ejecutar de manera inmediata, conforme a las necesidades del caso, las medidas de protección en los procedimientos especiales sobre violencia familiar, y de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio en relación a derechos de NNA; así como celebrar las audiencias y diligencias necesarias que contempla el proceso de su competencia, dentro de los plazos de ley, para procurar garantizar de manera real y efectiva el restablecimiento de la paz y el orden familiar en el Estado de México.

La creación y operatividad del Juzgado, fue determinada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México; específicamente, mediante circular 81/2021 fue dado a conocer el acuerdo del Pleno del Consejo del 11 de octubre de 2021, por el cual se crea dicho órgano jurisdiccional, al tiempo que fue expedido el reglamento que regula su funcionamiento.

Para dar respuesta eficiente al problema social que se observa en el Estado de México, se consideró necesario plantear una propuesta única en el país, mediante la creación de un juzgado totalmente en línea, que durante los 365 días del año, las 24 horas del día, substancie controversias en materia de violencia familiar, de manera pronta, completa e imparcial, pero sobre todo, que dictará las medidas de protección conforme al marco jurídico vigente, disminuyendo los tiempos de respuesta por el órgano jurisdiccional.

Actualmente, el juzgado es conformado por 6 equipos con funciones de carácter jurisdiccional, constituidos por jueces, secretarios, notificadores y técnicos judiciales, que laboran en turnos alternados de 24 horas, por lo que, el servicio se lleva a cabo de forma simultánea e ininterrumpida, y su funcionamiento se delimita por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y el propio Reglamento del Juzgado.

Además, cuenta con un equipo administrativo, integrado por un administrador, técnicos judiciales, agentes certificadores y un técnico de audio y video, cuyo objeto es realizar labores de gestión, planeación y funcionamiento del juzgado especializado.

Debido a la competencia territorial en todo el Estado de México, el juzgado especializado se auxilia, para su funcionamiento, de los servidores públicos adscritos a los juzgados que conocen en materia familiar, y excepcionalmente de cualquier otro adscrito a juzgados civiles o mercantiles, para la práctica de diligencias que hayan de realizarse en los diferentes municipios de esta entidad federativa, así como el uso de las salas de audiencias, para evitar dilaciones innecesarias y el traslado de los usuarios.

Es así, que los únicos requisitos para tramitar un procedimiento ante el juzgado, son la Firma Electrónica Judicial del Estado de México (FEJEM) de las partes interesadas y algún dispositivo electrónico con cámara y micrófono, que permita la interacción con el órgano jurisdiccional; sin embargo, la plataforma electrónica habilitada en el sitio web del Poder Judicial del Estado de México, está diseñada para que, de manera fácil, cualquier persona ingrese una demanda vía internet, o incluso, a través de un formato estandarizado que puede ser presentado de manera física en las oficialías de partes común de cada distrito judicial, con tramitación inmediata de la firma electrónica en ambos casos, a cargo de los agentes certificadores, de tal manera que se salvaguarde el derecho de acceso a la justicia de cualquier víctima de violencia familiar.

Seguidas las fases propias del procedimiento de violencia familiar, con actuaciones totalmente digitales, se emite sentencia definitiva que, acorde a lo establecido en el artículo 34 Nonies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, determinará las órdenes de protección y medidas que deban dictarse de manera temporal por el tiempo que precise la sentencia.

Una de las principales funciones del juzgado especializado, es decretar medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar; sin embargo, la experiencia tanto de los juzgados familiares, como en el especializado, permitió identificar áreas de oportunidad para su ejecución eficaz, debido a que, uno de los principales problemas que se presentan, es llevar a cabo la coordinación con los cuerpos policiacos de los diversos municipios, para el cumplimiento y materialización de medidas como el auxilio policiaco e intervención en diversas diligencias judiciales (desocupación del domicilio familiar de la persona agresora, retención de armas, entrega de objetos de uso personal y documentos de identidad).

Frente a ello, el Poder Judicial del Estado de México, buscó la colaboración y coordinación con gobiernos municipales, con la finalidad de eliminar la violencia y proteger la infancia mexiquense; además, ello permite cumplimentar las recomendaciones sobre capacitación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Lo anterior, ha permitido la creación de un protocolo efectivo, para ejecutar medidas de protección de manera inmediata, pues una vez que la persona juzgadora emite el decreto, personal administrativo entabla comunicación con la víctima de violencia para recabar los datos necesarios que permitan materializar de forma efectiva la medida; posteriormente, se coordina la diligencia con el funcionario judicial que corresponda, para finalmente comunicar al enlace municipal, la orden con fecha y hora de ejecución.

De esta forma, se ha logrado reducir el tiempo de ejecución de las medidas de protección, además de eficientar el trámite del procedimiento.

Con todas las acciones llevadas a cabo por el Poder Judicial del Estado de México, se ha logrado que, mediante una demanda en línea se salvaguarde la integridad de las víctimas de violencia familiar al evitar que esta escale, otorgando medidas de protección de forma rápida y oportuna en todo el territorio mexiquense, dentro de las 4 horas siguientes a la solicitud formal, con la tramitación de un procedimiento totalmente en línea y audiencias que se llevan a cabo a través de los medios electrónicos, o bien, en las instalaciones del Poder Judicial más cercanas al domicilio de las partes.

1. Modelo corporativo

Esta forma de trabajo implica la división de funciones, particularmente quitar al juzgador aquellas actividades que no son esenciales para que ocupe su tiempo, fuerza y energía en el estudio de casos, resolución de asuntos, llevar a cabo audiencias, es decir, atender al cien por ciento lo relativo a los expedientes sometidos a su consideración.

Las actividades que no tengan que ver directamente con esa función como son: atención al público, informes, correspondencia, manejo de personal, papelería, insumos, etcétera, están a cargo de un administrador.

Este modelo corporativo se aplica en los juzgados penales, en el juzgado especializado de violencia y recientemente en los juzgados conocidos como “Colmena” que son:

1. Izcalli

1. Ecatepec

1. Chalco

1. Valle de Chalco

1. La Paz

1. Ixtapaluca

1. Teotihuacán

1. Zumpango

La visión del PJEdomex es transitar en este modelo para eficientar los recursos humanos disponibles, sobre todo las actividades encomendadas a las personas juzgadoras.

Otra ventaja de este modelo es que se trata de un trabajo en cadena, de ahí el nombre de “colmena” por la analogía con las abejas, esto quiere decir que no hay una relación directa entre personas sino entre áreas, lo que permite que la falta o ausencia de un servidor público no impacte en el servicio que se presta, pues se compensan entre los demás.

1. Justicia digital

Expediente electrónico.

Se integra simultáneamente con el expediente físico, salvo en los juzgados en línea, donde solamente existe el primero.

Toda documentación recibida por vía electrónica se imprimirá y agregará al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma electrónica avanzada respectiva.

La documentación recibida en formato impreso se digitalizará e ingresará al expediente electrónico respectivo, certificándolo mediante el uso de la firma electrónica avanzada correspondiente.

Cuando las promociones sean presentadas a través del portal de tribunal electrónico, la persona juzgadora podrá requerir la exhibición física del documento -regularmente en audiencia- para corroborar su autenticidad e integridad.

Notificaciones

Para correr traslado en la notificación electrónica, se adjunta el documento digitalizado, documento electrónico o mensaje por la persona actuaria, asentando constancia en las actuaciones.

Las comunicaciones a instituciones, como vistas al Ministerio Público, Fiscalías o Representación Social, requerimientos a las autoridades, peritos y demás auxiliares oficiales, se hacen en forma electrónica a su correo electrónico oficial o a través de la interfaz correspondiente, en las áreas de peritos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores [SIARA] y Poder Judicial Federal con quienes existen convenios de interconexión.

Audiencias en línea

Los juzgados en línea celebran sus audiencias en forma remota, sin embargo, todos los órganos jurisdiccionales disponen de usuarios en la plataforma de salas virtuales, para que, de ser el caso, lleven sus audiencias en esa forma.

Esta modalidad permite que cualquiera de las partes o la autoridad jurisdiccional, estén presentes vía remota o a través de sistemas de justicia digital, siempre y cuando se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios procesales.

Quienes intervengan en forma virtual o remota deberán:

1. Tener acceso a una computadora o dispositivo que tenga la capacidad de realizar videoconferencias (micrófono y cámara web).

1. Contar con conexión a Internet.

1. Señalar un correo electrónico que esté registrado para ser notificado y para recibir el enlace o método de acceso a la sala virtual.

Las audiencias y diligencias virtuales se registran en el expediente electrónico respectivo y su copia, cuando proceda otorgarla, se hace a través de un enlace remitido vía correo electrónico. Lo que reduce los tiempos y recursos implementados para acceder a su contenido.

La participación de las partes a través de audiencias virtuales genera los mismos efectos y alcances jurídicos que la audiencia o diligencia que se realice con presencia física, ya que además de la videograbación se autorizan las actas mínimas con sus firmas electrónicas avanzadas.

En la celebración de audiencias virtuales deben acatarse las mismas reglas de orden, decoro y respeto que para las presenciales.

Resoluciones

La página de firmantes que contiene las firmas electrónicas avanzadas de las personas funcionarias judiciales, hace las veces del sello físico que la autoridad jurisdiccional impone en los expedientes físicos.

Las resoluciones electrónicas cuentan con las firmas electrónicas avanzadas de los servidores públicos que las autorizan y de forma automática, una vez que es firmada cualquier resolución por el Juez y secretario, el sistema libera su consulta para las partes, salvo que se marque como “actuación secreta”.

Letras y Familia￼

Reseña del libro - ￼LA VERGÜENZA,

Ernaux, Annie,

España, Tusquets, 2020, 136 pp.

Autora Sara Anabel Flores Peña[22]

Annie Ernaux relata en ciento veintiséis cuartillas, concluidas en octubre de 1996, cómo el haber presenciado un suceso de violencia familiar donde su padre intentó asesinar a su madre dentro de su domicilio en Francia, un domingo de junio de 1952, introdujo en su vivencia, con marcado rigor, el sentimiento que intitula su obra: “La Vergüenza”.

Cursando la quinta década de su vida, la escritora identifica aquel suceso como el más doloroso que ha presenciado en su historia, cuando apenas contaba con doce años de edad, y emprende la construcción del contexto en el cual se encontraba, a partir de una serie de objetos y recuerdos que conserva de aquella época, evidenciando la dificultad que le representa, derivada de la confusión que se generó en su vida por dicho acontecimiento.

Pone de manifiesto un contraste entre la opulencia y la carencia para describir su lugar de origen y revela provenir de una familia sencilla, de costumbres comunes, pero sujeta a mecanismos sociales de censura a las conductas reprochables, los cuales encontraban terreno fértil en la facilidad con la cual se conocía la vida de todos los habitantes.

“La urbanidad era el valor dominante, era el primer principio del juicio social (…) permitía estar a bien con la gente y no dar pie a comentarios (…) no se perdona a quienes niegan la existencia de los demás no mirando a nadie (…) considerada como una barrera de protección, la urbanidad resultaba inútil entre marido y mujer, y entre padres e hijos, incluso era considerada como una hipocresía o una maldad. La rudeza, el malhumor y el hablarse a gritos constituyen las formas habituales de la comunicación familiar”.

Expresa con cierto pesar que el ser como todo el mundo era objetivo general, el ideal que debía alcanzarse, donde la originalidad pasaba por excentricidad; por lo que, las normas de su mundo, en su temprana adolescencia, le causaban sensación de agobio y encierro. Al tiempo que comparte, a lo largo de su escritura, las sensaciones que hasta su actualidad seguía causándole el recordar las circunstancias que acompañaron aquel trágico suceso de su vida familiar.

Explica cómo su formación académica y religiosa fueron fuentes constantes de prohibición, esta última seguida fervientemente por su madre para regir su formación como hija y no tanto compartida por su padre, quien cumplía con cierto desagrado los deberes religiosos. Sobre dichas bases, resaltó que el suceso violento entre sus padres no tenía cabida en los códigos y normas en que se encontraba encerrada.

Así, la protagonista concluye: “la vergüenza, siempre lleva consigo la sensación de que, a partir de ese momento, puede sucederte cualquier cosa, de que es algo que no tiene fin, pues la vergüenza se alimenta de vergüenza (…) la vergüenza, no es más que repetición y acumulación (…) La vergüenza se convirtió en una forma de vida”.

Tan auténtico y sentido relato invita a la reflexión sobre los efectos que, aun en su edad adulta, e incluso como consecuencia de un solo evento, acompañan a un niño, niña o adolescente que ha sido víctima directa o indirecta de la violencia familiar, alterando de forma significativa la percepción de sí y de su entorno.

Con la obra reseñada, Ernaux, una mujer galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022, abre una puerta a la toma de conciencia familiar y social a que todas y todos estamos llamados para mejorar el futuro de la humanidad, cuidando no avergonzar con nuestra conducta mostrada, a la infancia y adolescencia.

Reseña del libro - Cómo era ser pequeño. Explicado a los grandes

Pescetti, Luis María

Siglo XXI Editores, 2022,192 pp.

Autor Raúl Aarón Romero Ortega[23]

Qué esperan los pequeños de los adultos

Esperan:

(…)

Que los defendamos ante una injusticia

Había escuchado las canciones de Luis Pescetti cuando mis hijos eran pequeños, en su momento nos parecieron divertidas, de ahí que llamara mi atención desde que leí el título de esta obra, porque asumí que descubriría secretos para comprender a las niñas y niños, lo cual resulta necesario tanto para ejercer la paternidad, como para la función jurisdiccional en la materia familiar, dada la exigencia de juzgar con  perspectiva de infancia.

En efecto, esta obra nos atrapa en cada uno de sus apartados, de los que se advierte la gran experiencia que el autor tiene en el trato con niñas y niños, a quienes se les cataloga como uno de los grupos vulnerables, haciéndonos saber lo que aquéllos sienten en su relación con los adultos.

Aprendí que “lo que nos gusta” es otro de nuestros sentidos, situación que olvidamos en el contexto adultocentrista donde nos desenvolvemos de manera cotidiana. Esto nos remonta a otro de los libros que pareciera estar escrito para niñas y niños, pero en realidad somos los adultos quienes al leerlo reconocemos la riqueza que representa nuestra infancia, hablo desde luego de El principito.

El libro escrito por Luis Pescetti puede catalogarse como literatura infantil, de lectura obligada para el público en general, porque nos permite recordar el tiempo de nuestra infancia, nos da consejos para comprender mejor a hijas e hijos, niñas y niños y, en su caso, poder juzgar de mejor manera.

Cierro con otra recomendación del autor de esta magnífica obra literaria, en el sentido de evitar competir con los chicos en el manejo de la tecnología, sino que ellos esperan de los adultos, entre otras cosas, que “seamos todo lo divertido que sea posible”.

Poema - Defender a la Justicia

Mario Benedetti

Defender la Justicia,

de los opresores y de los canallas.

Defenderla de frente,

sin falsos rodeos,

sin ambage inútil,

sin perder el tiempo.

Defenderla de todos

y también por todos,

como una Bandera.

Sin pactar traiciones,

sin cejar empeños,

sin ceder ni un dedo.

Defenderla del tiempo

y al margen del sitio

cual valor Supremo.

Defender la Justicia,

la Social y la otra;

la que predispone

a jueces y a hombres

a impartir lo suyo;

la que da a cada uno

lo que más merece;

la que sobrepasa

la razón y el mundo

porque es algo eterno.

Defenderla, en suma,

de los que predican

y los justicieros

[1] Magistrado de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco.

[2] Director General de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Derecho Civil, Familiar y Teoría de la argumentación jurídica.

[3] Con el término “Juez Hércules” se alude a la figura de un juez omnicomprensivo, apegado a los principios constitucionales, conocedor del derecho, dotado de un espíritu finísimo, capaz de encontrar la respuesta correcta a la luz de los derechos humanos, apartándose de la norma injusta o inconstitucional si ello fuera menester, haciendo prevalecer ante todo la equidad.

[4] Consultora en Justicia Digital e Inteligencia Artificial.

[5] Magistrada de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla.

[6] Lo subrayado es propio.

[7] Registro digital: 160666, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CCV/2011 (9a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, página 205, Tipo: Aislada. PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD. LA PORCIÓN NORMATIVA DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4.224 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECE UN REQUISITO ADICIONAL AL ABANDONO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS POR MÁS DE DOS MESES, ES INCONSTITUCIONAL.

[8] Jueza Adscrita al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl.

[9] Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia. SCJN. ed. 1ª. 2021. p. 4

[10] Presentado en el 3er Foro de NNyA, en abril de 2023.

[11] Carreta, F. y García Quiroga, M., “Justicia de familia y victimización secundaria: un estudio aplicado con niños, jueces y abogados”, Derecho PUCP, núm. 87, Lima, Perú, 2021, pp. 471-497.

[12] Pensemos, por ejemplo, en un juicio donde solo se hayan ofrecido pruebas documentales pero que se haya ordenado oficiosamente escuchar la opinión de un niño, de cuya conversación se deduzcan afectaciones psicológicas que no fueron ofrecidas por ninguna de las personas progenitoras ni aludidas por estos en sus hechos de los escritos fijatorios de la litis.

[13] Ver: http://bit.ly/3dQQquo

[14] Medidas basadas en las capacidades de la infancia, conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, sin discriminación alguna.

[15] Jueza Adscrita al Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores, y demás Especiales Y No Contenciosos relacionados con Menores de Edad y Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México.

[16] Juez Adscrito al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Atizapán de Zaragoza.

[17] https://cja.sre.gob.mx/tratadosmexico/tratados/eyJpdiI6IkpGWGRsUVZwcnFVeHE5Qm9mZ1FYVVE9PSIsInZhbHVlIjoidDhvUzdUSUxZaFBHUUczWUd6ekhtUT09IiwibWFjIjoiN2M1YTAxOWY2OTg1OTRhM2FhMzg1YzE3Y2I3N2Q1YmEzNTRjMWY0Njc0YTlkZDczMGM4NjYwNTc0OTc1NzYwZCJ9 (consultada el 19 de marzo de 2024).

[18] “Personas Con Discapacidad. La Figura de "Estado De Interdicción" no es armonizable con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Registro digital: 2019961; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional, Civil; Tesis: 1a. XL/2019 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, mayo de 2019, Tomo II, página 1261; Tipo: Aislada”.

[19] Juez Adscrito al Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan

[20] Realizados en Cancún, Quintana Roo, el día 31 de mayo de 2024.

[21] Jueza Adscrita al Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de NNA del Estado de México.

[22] Jueza Adscrita al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca.

[23] Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.

1. Teoría del Caso en materia Familiar

2. Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

3. Los nuevos conceptos tecnológicos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

4. ¿Es regresiva la Reforma del artículo 9 fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 17 de enero de 2024?

5. Justicia Adaptada para NNyA al tenor del CNPCYF

6. Adopción Homoparental

7. Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de México

8. Infancia es Destino

9. Comentarios en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

10. Diálogos en materia de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Buenas prácticas en las entidades federativas: Caso Estado de México

11. Reseña del libro - LA VERGÜENZA,

12. Reseña del libro - Cómo era ser pequeño. Explicado a los grandes

13. Poema - Defender a la Justicia

14. Notas al pie