PRESIDENTE

Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Mgdo. Dr. Raúl Aarón Romero Ortega 

Mgdo. Dr. Enrique Víctor Manuel Vega Gómez

Jueza Dra. Astrid Avilez Villena

Jueza Dra. Edna Edith Escalante Ramírez 

Dr. Pablo Espinosa Márquez

Mtra. Cristel Yunuen Pozas Serrano

Director Editorial

Mgdo. Raúl Aarón Romero Ortega 

Edición Digital

Coordinación General de Comunicación Social

Editora

Martha Valdespino Vargas

Editora Ejecutiva

Laura Alejandra Terrón González

Maquetación y Diseño digital

Gibran Marcial Leal Angulo

Poder Judicial del Estado de México

https://www.pjedomex.gob.mx

Presentación Justicia Familiar

Me es sumamente grato presentar a los ojos lectores, que espero se cuenten por cientos, una Revista como ésta, que es fruto del talento y el compromiso de servidoras y servidores públicos comprometidos con cuestiones tan trascendentes como delicadas. Me refiero, por supuesto, a los tópicos relacionados con la Justicia Familiar, justamente el nombre que con lujo de pertinencia se ha dado a la publicación.

Y es que, en efecto, las cuestiones relativas al interés superior de niñas, niños y adolescentes, a la protección del núcleo familiar, al combate decidido a la violencia entre parientes (ni qué decir a aquella suscitada entre cónyuges y concubinos) y a la generación de un ambiente que tutele adecuadamente los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, son solamente unos cuantos ejemplos entre los muchos que se desenvuelven a lo largo de esta apasionante materia.

Este primer número, que incluye referencias puntuales y utilísimas al nuevo ordenamiento familiar que se irradiará a toda la práctica jurídica desde el reciente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no se halla exento de poesía. Metafórica y literalmente, algunas de nuestras plumas más capaces y talentosas se hacen cargo de develarnos la belleza que puede encontrarse aún detrás de un velo obsesivamente complicado y que muchas veces implica a personas que, por su edad, sufren condiciones que no pueden considerarse siquiera cercanas a un mínimo de Justicia y empatía. La Literatura contribuye, qué duda cabe, a tornar más humanas las frías consideraciones del expediente judicial.

Sin querer adelantar disfrute y reflexión al amable lector, he de hacer notar que el volumen se centra en programas de gran trascendencia que se han instrumentado desde el Poder Judicial del Estado de México, próximo a cumplir sus primeras veinte décadas. Me refiero por supuesto a los Centros de Convivencia Familiar y al Juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección a niñas, niños y adolescentes, un auténtico revulsivo tecnológico puesto al servicio de las mejores causas locales, encabezadas por el efectivo acceso a la Justicia.

Felicito a las plumas autorales de excelencia que han acompañado este esfuerzo y muy particularmente a quien lo ha concebido y dirigido, el magistrado Dr. Raúl Aarón Romero Ortega, consejero de la Judicatura en el bicentenario Estado de México. Larga vida a Justicia Familiar, pues quedan muchos temas por tocar (infancias con referentes de crianza en prisión, adopciones internacionales, divorcios, filiación) y estoy seguro de que se hará con enorme prestancia desde las páginas de tan destacada publicación.

Magistrado Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de México

Índice

Sobre derecho de familia

Capacidad Jurídica. Una mirada desde el umbral del nuevo modelo social para discapacidad

Restitución Internacional de niñas, niños y adolescentes y su tratamiento a través de las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Los Centros de Convivencia Familiar y afines, un espacio para la protección de niñas, niños y adolescentes

La Adopción

Resoluciones Relevantes

Alcances de la representación de Niñas, Niños y Adolescentes en un proceso judicial

Comentarios

Observación General número 26 del Comité de los Derechos del Niño

Entrevista

Todo sobre el Juzgado Naranja

Voces desde el Poder Judicial

Operación del Juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar, estrategias de colaboración con autoridades de seguridad pública municipal

Letras y Familia

Reseña del Libro - La alegría del padre

Reseña del Libro - Orientaciones para Transversalizar la Perspectiva de Derechos Humanos del Estudiantado con Discapacidad en la UNAM

Poema - Monólogo de un padre con su hijo de meses

Sobre derecho de familia

Capacidad Jurídica. Una mirada desde el umbral del nuevo modelo social para discapacidad

Juridical capacity. A view from the threshold of the new social model for disability

Autora: Erika Icela Castillo Vega¹

RESUMEN: En México, las personas con discapacidad han luchado contra la discriminación y estereotipos, promoviendo un cambio hacia un modelo basado en dignidad y derechos humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es parte de la regulación constitucional y respalda este enfoque.

El artículo 1° de la Constitución mexicana exige igualdad y no discriminación, lo que se traduce en ajustes razonables, apoyos y medidas afirmativas para garantizar equidad en la distribución de cargas y ventajas sociales. La adaptación de procedimientos judiciales para asegurar el acceso equitativo es crucial.

El proceso de designación de apoyos extraordinarios, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, busca facilitar los derechos de las personas con discapacidad. Cumple con estándares nacionales e internacionales al reconocer la capacidad jurídica y derechos de este grupo.

Esta evolución refleja un compromiso hacia una justicia inclusiva y respetuosa de la dignidad y derechos de todas las personas, sin que la discapacidad sea un parámetro para restringir su ejercicio.

ABSTRACT: In Mexico, people with disabilities have fought against discrimination and stereotypes, promoting a change towards a model based on dignity and human rights. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is part of the constitutional regulation and supports this approach.

Article 1st of the Mexican Constitution requires equality and non-discrimination, which translates into reasonable accommodation, support and affirmative measures to guarantee equity in the distribution of social burdens and benefits. Tailoring court procedures to ensure equitable access is crucial.

The process of designation of extraordinary supports, in the National Code of Civil and Family Procedures, seeks to facilitate the rights of people with disabilities. It complies with national and international standards by recognizing the legal capacity and rights of this group.

This evolution reflects a commitment to inclusive justice that respects the dignity and rights of all people, without disability being a parameter to restrict its exercise.

Contenido

Las personas con discapacidad han sido un grupo históricamente discriminado en la sociedad mexicana, a lo largo de los años, agrupaciones de personas con discapacidad, han luchado por el efectivo reconocimiento de sus derechos, los cuales se han visto históricamente denigrados derivado de movimientos estereotipados.

A partir de esta lucha, es que se ha pasado de un modelo de prescindencia en el tratamiento de las personas con discapacidad, en donde éstas eran excluidas del resto de la sociedad, a un modelo social en el tratamiento de la discapacidad, mismo que se encuentra basado en que todas las personas con discapacidad tienen dignidad humana.

Derivado de este modelo social, el tratamiento de las personas con discapacidad dejó de enfocarse en la diversidad funcional de las personas y reorientó el entendimiento de la discapacidad hacia el impacto de las barreras sociales como los elementos del entorno que discapacitan a las personas, entiendo a estas conductas como limitantes en el desarrollo de las personas con discapacidad.

Este modelo, ha sido adoptado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pacto internacional que es parte del bloque de regularidad constitucional tal como lo prevé el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al cual todas las autoridades del Estado Mexicano deben observar.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en lo que nos atañe, que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, que queda prohibida toda distinción basada, en la edad, discapacidades, la condición social y las condiciones de salud, entre otras.

De lo anterior, se advierten los principios generales y derechos de igualdad y de no discriminación, como derecho, la igualdad y no discriminación, implican, entre otras cosas, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación, de tratar a todas las personas de tal modo que las cargas y ventajas sociales se distribuyan equitativamente.

Por ello, cualquier tratamiento discriminatorio respecto al ejercicio de los derechos que le corresponden a cualquier persona, resulta inconstitucional, no obstante, no todo tratamiento diferenciado implica un tratamiento discriminatorio, excepcionalmente las distinciones que se ejerzan hacia un grupo de personas pueden ser necesarias, razonables y objetivas.￼

Lo que se sostiene, partiendo de la implementación del modelo social de discapacidad, el cual deriva de forma substancial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos principios rectores, son el respeto a la dignidad humana, autonomía individual y no discriminación.

No se soslaya que el procedimiento de declaración de estado de interdicción se implementó y empleó en forma poco afortunada en el Estado de México, dado que su estructura resultó en una medida de restricción a la capacidad jurídica de las personas, por lo que justificadamente este procedimiento ha sido declarado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconvencional.

Derivado de lo anterior, surge entre los juzgadores y justiciables, la interrogante de ¿cómo llevar a cabo dichos procesos, así como el planteamiento de los mismos ante las autoridades judiciales, con la finalidad de cumplir con los estándares constitucionales y convencionales de la materia?

Como juzgadoras y juzgadores familiares, en repetidas ocasiones nos encontramos con esta problemática, ya que aun cuando existen distintas propuestas de cómo llevarlos a cabo, en la actualidad y con las legislaciones procesales vigentes, no existe un solo criterio, sino que existen lineamientos que constituyen estándares mínimos para la sustanciación de este tipo de asuntos.

Así, a fin de responder la interrogante que nos hemos planteado anteriormente, conviene precisar que al resolver el Amparo Directo en Revisión 44/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que de acuerdo al artículo 12.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el sistema de apoyos implica una obligación del Estado.

Conforme a esta obligación, en los procedimientos deben realizarse ajustes razonables, ajustes al procedimiento y deben emplearse medidas afirmativas que combatan y disuelvan las desigualdades que el entorno social genera en las personas con alguna discapacidad funcional o mental.

Por lo que hace a los ajustes razonables, de acuerdo a lo que señala el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son modificaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Así, el sistema de apoyos privilegia la voluntad de las personas con discapacidad y se refieren a las medidas necesarias para auxiliar a las personas con discapacidad a desarrollar su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, a través de los ajustes razonables que se estimen necesarios para ello.

Por su parte, los ajustes al procedimiento, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1043/2015, son medias intraprocesales que durante la tramitación de un juicio pretenden que las personas con discapacidad estén en las mismas condiciones que el resto de las personas.

Como ejemplo de dichos ajustes procedimentales, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su observación general número 6, señalan que pueden ser, entre otras:

a) Transmisión de información de manera comprensible y accesible.

b) Reconocimiento de distintas formas de comunicación y adaptación a su uso.

c) Accesibilidad física en todas las etapas del proceso.

d) Apoyo financiero en el caso de la asistencia letrada, si procede, y con sujeción a los requisitos reglamentarios en cuanto a los medios de vida y la justificación de esa ayuda.

Sin embargo, la necesidad de ejercer ajustes al procedimiento no puede ser determinada a partir de una o varias reglas generales, sino que su pertinencia y alcance, dependerá del caso concreto en análisis, dado que así y solo así resultarán eficaces.

Por su parte, las medidas afirmativas consisten en introducir o mantener ciertas ventajas en favor de un grupo insuficientemente representado o incluso marginado, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los Amparos Directos 28/2010 y 8/2012, así como los Amparos Directos en Revisión 2357/2010 y 772/2012 y en el Amparo en Revisión 159/2013, las medidas afirmativas tienen entre sus objetivos:

Modular la aplicación de requisitos y condiciones procesales previas al dictado de la resolución de fondo.

Maximizar el ejercicio de las garantías de debido proceso.

Apreciar los hechos, valorar las pruebas y aplicar el derecho tomando en cuenta las condiciones concretas de vulnerabilidad.

Como parte del derecho humano de acceso a la justicia, tratándose de personas con discapacidad, es obligación de todos los Tribunales el ejercer una justicia con perspectiva de discapacidad, en los tres momentos procesales en los que se manifiesta este derecho humano, que lo son:

Una etapa previa, donde se garantice que pueden acceder a los Tribunales.

Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y que corresponden las garantías del debido proceso.

Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de la resolución o resoluciones emitidas.

En este apartado, es pertinente remitirnos al Procedimiento de Designación de Apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y al Procedimiento de Designación Judicial Extraordinaria de apoyos, regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que será el marco jurídico procesal a través del cual deberán tramitarse los casos que involucren personas con discapacidad, a fin de señalar si dichas disposiciones cumplen con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se considera pertinente, establecer que la capacidad jurídica es total e igual para todas las personas, pues se trata de la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, no puede limitarse de forma alguna y se extingue con el individuo².

Sin embargo, existe una restricción a la capacidad jurídica de las personas, cuando éstas no logran por sí mismos efectivizar sus derechos, de ahí surge el concepto de capacidad de ejercicio, entendida como esos mecanismos de materialización de derechos y obligaciones empleados por las personas.

La capacidad de ejercicio no es igual para todas las personas puesto que no todas cuentan con las mismas herramientas, ni se encuentran en los mismos supuestos para ejercer la misma, de ahí que existan figuras que coadyuvan a la gestión de tales derechos, como por ejemplo la tutela, curatela y actualmente la designación de apoyos extraordinarios.

Dichas figuras fueron desarrolladas a través de procedimientos, sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que se ha derrumbado el paradigma proteccionista y limitante que se tenía sobre las personas con discapacidad se ha realizado un avance considerable en la regulación destinada a dicho sector social.

Como ejemplo de una regulación acorde a los estándares convencionales, se encuentra el artículo 2 ° del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece las acepciones de “ajustes al procedimiento”, “apoyo”, “grupos sociales en situación de vulnerabilidad”.

Lo anterior, resulta trascendente, en tanto que se encuentra enlazado al precepto 5° de dicho ordenamiento, en el cual se prevé la posibilidad de que la persona juzgadora realice los ajustes de procedimiento o en su caso, supla las deficiencias de los planteamientos de las partes, con el fin de proteger a los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

En dicha porción normativa, también se impone como obligación de los órganos jurisdiccionales el adecuar las actuaciones a las circunstancias de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, citando como ejemplos, los formatos alternativos con la finalidad de garantizar equidad y accesibilidad estructural y de comunicación con las personas en situación vulnerable.

De lo anterior, se evidencia que en principio las referidas disposiciones generales cumplen con lo establecido en el artículo 1, incisos a) y h) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ahora, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 fracción XIII, uno de los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, es la oralidad, a través del cual, el proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones previstas en el mismo Código, en tales casos la persona juzgadora se encuentra obligada a fundar y motivar su decisión.

En ese sentido, en el artículo 140 del ordenamiento en estudio, se precisa que las audiencias se celebrarán presencialmente en la sede judicial o de forma virtual, mientras que en el precepto 141 se precisa que en las audiencias en las que participen personas con discapacidad, podrán acompañarse de las personas de apoyo que designen, así como de los animales que para dichos efectos estimen.

En los preceptos citados, se soslaya el supuesto en el que una persona con discapacidad se encuentre impedida para acudir al Órgano Jurisdiccional y que además no cuente con los recursos tecnológicos idóneos para presenciar de forma virtual al desahogo de las audiencias referidas.

Sin embargo, el contenido del artículo 5 es acorde a lo establecido en el precepto 9 del la Convención en estudio, dado que precisa se contempla la facultad de la persona juzgadora para realizar los ajustes al procedimiento a fin de proteger, en este caso a las personas con discapacidad.

La inclusión de las personas con discapacidad y el respeto a su capacidad jurídica se concretiza en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el cual se establece que cuentan legitimación procesal para comparecer a juicio las personas físicas por sí o por medio de las personas que designen para su apoyo.

Lo anterior, representa un reto de adaptabilidad para el ámbito jurídico, pues existirán supuestos en los que para ciertos actos jurídicos las personas con discapacidad nombre a personas que designen como apoyos para dichos actos en particular, con independencia de los representantes legales que pudiesen tener, lo cual se estima que salvaguarda el principio de voluntad de las personas con dignidad.

Ahora, por lo que hace a la regulación de la designación de apoyos extraordinarios, se encuentra en el Título Segundo, Capítulo I del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, denominado “De la Jurisdicción Voluntaria”, este capítulo, tiene como finalidad regular los actos que por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas, se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional, sin que se promueva alguna cuestión litigiosa.

El artículo 425 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, refiere que a través de dicho procedimiento podrá realizarse cualquier otro que sólo tenga interés el promovente, como podría ser en el de designación de apoyos extraordinarios.

Por lo que hace al procedimiento, se tramitará por escrito ante la autoridad competente, por medio de un escrito cuyos requisitos se encuentran establecidos en el precepto 426 del Código en consulta, que de forma general se estiman los necesarios para designación de apoyos extraordinarios.

El diverso artículo 428 contempla el supuesto en el cual se requiere la intervención de persona distinta al promovente, como lo sería el proceso en estudio, de forma substancial se establece que el promovente comparecerá ante la autoridad jurisdiccional y sin formalidad alguna expondrá la causa de petición, proporcionará el nombre y domicilio de las personas interesadas.

Posteriormente, se establece como requisito que el promovente presente los medios de convicción que sustenten su petición, luego, se emplazarán a las personas que tengan interés para una audiencia que se celebrará a los tres días siguientes, en dicha audiencia se desahogarán los medios de prueba ofrecidos por las partes y en seguida se emitirá la sentencia respectiva.

En general, estimamos que el procedimiento cuenta con la celeridad que la designación de apoyos extraordinarios amerita, dado que una vez que se efectué el emplazamiento a las personas interesadas, en tres días se llevará a cabo la audiencia; sin embargo, pueden ocurrir distintos supuestos, como, por ejemplo, que la persona solicitante no allegue al órgano jurisdiccional de los medios de prueba pertinentes que sustenten su petición.

No obstante, lo anterior, recordemos que en el artículo 5° del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la persona Juzgadora cuenta con la facultad de emitir ajustes al procedimiento, lo cual posibilita la modificación de la tramitación en análisis en beneficio de las personas cuyo apoyo extraordinario se solicite, en ese sentido se estima que el procedimiento cumple con los estándares que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad exige.

Por lo que hace a la regulación específica del procedimiento de designación de apoyos extraordinarios, el precepto 445 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se establece que la finalidad del procedimiento es regular las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

En dicho artículo, se precisa que los apoyos deberán facilitar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, privilegiando la manifestación de la voluntad de las personas, finalidad que satisface uno de los propósitos esenciales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contemplado de forma específica en el artículo 1°.

Ahora, de acuerdo al tipo de discapacidad y grado de la misma, habrá supuestos en los cuales las personas con discapacidad se encuentren impedidas para externar su voluntad, para estos casos el artículo 446 del ordenamiento en consulta, establece los mecanismos que la persona juzgadora deberá emplear a fin de salvaguardar su integridad.

En el referido artículo, se establece que una vez que la persona juzgadora advierta que se realizaron esfuerzos reales, considerables y pertinentes a fin de obtener alguna manifestación de la persona cuyo apoyo extraordinario se solicita y se hayan empleado las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables, la persona juzgadora puede determinar los apoyos necesarios.

Cuando previamente la persona con discapacidad haya designado de forma anticipada de apoyos, se estará a la misma, dicha posibilidad tendrá una injerencia preventiva en la sociedad.

Por tanto, se concluye que la regulación del procedimiento de designación de apoyos extraordinarios, tal y como es prevista en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cumple con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la doctrina que a la fecha ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será desde luego una herramienta importante en el reconocimiento de que la capacidad jurídica de las personas, es un derecho fundamental que debe tutelarse, considerando que serán los procesos y procedimientos los que deban adaptarse a la necesidad y requerimiento de las personas con cualquier tipo de discapacidad, logrando su efectiva participación en la vida social, generando una sociedad igualitaria, justa, sin discriminación que permita que el proyecto de vida de todas las personas encuentre su origen en el desarrollo holístico de su personalidad y las encamine a una vida plena, de felicidad y de objetivos cumplidos, porque ése es el objeto del derecho y el fin último de la justicia.

Fuentes de consulta:

Bretón-Diez, Natalia, Fernández-Rodríguez, María, & Guerra-Mora, Patricia. (2017). Medidas de modificación judicial de la capacidad en personas con trastorno mental grave: ¿Protección o iatrogenia? Revista de Bioética y Derecho, (39). Recuperado en 22 de agosto de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872017000100005&lng=es&tlng=es.

Legislación local:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Legislación internacional:

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Resoluciones locales:

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 28/2010,

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 8/2012.

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 2357/2010

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 772/2012

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 44/2018

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 159/2013

Sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 1043/2015

Restitución Internacional de niñas, niños y adolescentes y su tratamiento a través de las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Autora: Blanca Colmenares Sánchez³

Resumen: El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de derecho de familia, y específicamente en la restitución internacional de las infancias, introduce las estructuras de derechos humanos y de las convenciones, así como de trabajos de Soft law creando la estructura que permitan tener seguridad jurídica a nivel nacional sobre la aplicación de las normas procesales es un tema de gran sensibilidad, toda vez, que es precisamente en estas etapas de formación, en que las niñas, niños y adolescentes, dan paso cierto a su identidad y su conformación presente y futura.

Así, la UNICEF, señala que la primera infancia hasta los 8 años es el periodo de vida esencial en el cerebro, se establecen miles de millones de circuitos neuronales, altamente integrados por medio de la interacción de la genética, el medio ambiente y la experiencia (UNICEF).

Dicha estructura, era de inminente necesidad, toda vez que, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de la que México forma parte, en su artículo 27 establece que el derecho interno no puede justificar incumplimiento del tratado; y lo cierto es que, nuestro país no contaba con una homologación de normas para abordar la sustracción o retención ilícita internacional y solamente algunos estados contaban con legislaciones al respecto en sus códigos procesales, y algunos otros hacían una revisión directa a las convenciones. Sin embargo, los procedimientos aplicables eran de diferente naturaleza, como procedimientos judiciales no contenciosos, procedimientos controvertidos y el tema de recursos también brindaba una gama de diversidad importante entre un estado y otro; en tal virtud, se cumple en este Código de estudio con lineamientos basales que permitirán uniformidad, así como el poder brindar una tutela judicial efectiva y de protección reforzada a las familias y a los niños, niñas y adolescentes, en los tópicos de sustracción y retención ilícita.

Palabras clave: restitución, internacional, sustracción, niños, niñas, adolescentes, Código Nacional.

Abstract: The National Code of Civil and Family Procedures, in matters of family law, and specifically in the international restitution of children, introduces the structures of human rights and conventions, as well as Soft law work, creating the structure that allows having Legal certainty at the national level regarding the application of procedural rules is an issue of great sensitivity, since it is precisely in these stages of training, in which girls, boys and adolescents give certainty to their identity and their formation. present. and future.

Thus, UNICEF ​​points out that early childhood until age 8 is the essential period of life in the brain, thousands of millions of neural circuits are established, highly integrated through the interaction of genetics, the environment and experience (UNICEF).

This structure was of imminent necessity, since, according to the Vienna Convention on the Law of Treaties, of which Mexico is a party, in its article 27 it establishes that domestic law cannot justify non-compliance with the treaty; And the truth is that our country did not have standardization of standards to address international illicit theft or retention and only some states had legislation on the matter in their procedural codes, and some others made a direct review of the conventions. However, the applicable procedures were of different nature, such as non-contentious judicial procedures, controversial procedures and the issue of resources also provided a range of important diversity from one state to another; As such, this Study Code complies with basic guidelines that will allow uniformity, as well as being able to provide effective judicial protection and reinforced protection to families and children and adolescents, in the topics of abduction and illicit retention.

Key words: restitution, international, abduction, boys, girls, adolescents, National Code.

Es importante considerar que las normas que ahora pulsaremos devienen del decreto de fecha 15 de septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana.

Del decreto de mérito se advierte que fue dispuesto un plazo para la expedición de la legislación única en materia procesal civil y familiar referida en la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto señala:

“Sección III

De las Facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

…

XXX.- Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución.”

Posterior a diversos actos que impulsaron el desarrollo y presentación de dicha legislación, el 7 de junio de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Del que, entre otros temas, es posible advertir lo relativo a la Justicia Familiar y particularmente el procedimiento de Restitución Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que tiene como finalidad tutelar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser trasladados de manera ilegal de su domicilio habitual, tal como se advierte del numeral 629 de la codificación de análisis.

Siguiendo la línea argumentativa, por lo que hace a la Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes y su tratamiento, al efecto, es posible observar el artículo 641 de la señalada codificación, que determina:

“Las solicitudes de restitución internacional de niñas, niños o adolescentes se regirán conforme a las disposiciones previstas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y por este Código Nacional.”

Así, se abordarán los elementos esenciales de este procedimiento internacional.

En este contexto, es importante destacar que de acuerdo a la globalización y a las nuevas dinámicas familiares, cobra relevancia el estudio de fenómenos que atentan contra la esencia de la persona humana en sus primeros años y en su conformación de adolescente y se ha redimensionado la concepción clásica de las estructuras de familia, en donde dadas las complejas circunstancias que pudiesen cursar los núcleos de familia se aumenta el riesgo del desplazamiento ilícito de los niños y niñas a lugares diferentes de su residencia habitual dado que convergen diferentes situaciones de índole cultural, económico y social.

Así, en México, sólo algunas entidades federativas contaban con instrumentos procesales especializados, creando incertidumbre entre aquellos que no contaban con los mismos, toda vez que algunos aplicaban procedimientos judiciales no contenciosos o procedimientos especiales, pero no, reglas uniformes, lo que no permitía diligentemente atender el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

La construcción de la normatividad del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares permite una mayor claridad en razón a la construcción internacional de protección en los casos de sustracción y retención ilícita de las infancias y adolescencias.

Y si bien es cierto, en este tipo de procedimientos podemos dividir los casos en entrantes y salientes, esto es, cuando se formula a México una solicitud de restitución a otro país o cuando México solicita la restitución, y el código de estudio no refiere textualmente los casos salientes, como sí lo contemplaba el código del Estado de México, dando competencia al juez del último domicilio del menor, e inclusive en un rubro señalado Restitución de Menor al Estado Mexicano, donde podía acudirse a la Autoridad Judicial para que por su conducto se hiciere llegar su petición a la Autoridad Central, lo cierto es que, al establecer en su artículo 1151 que la solicitud de restitución se regirá de acuerdo a los tratados internacionales, ello conlleva a la intervención de la Autoridad Central, por lo que es admisible internacionalmente la consideración preponderante a dicha autoridad, de acuerdo con el artículo 8 de la convención de La Haya, que establece los siguiente:

“Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la Autoridad Central de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado contratante, para que, con su asistencia, quede garantizada la restitución del menor.”

Quien, en su caso, revisará los requisitos para el procedimiento de restitución que se efectúe en el extranjero.

De la misma forma, el código nacional, en este procedimiento, no contempla la intervención en estos procedimientos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Agente del Ministerio Público, como sí lo hacia el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; sin embargo, tomando en consideración el principio del Interés Superior de las Infancias, y en su caso, una posible controversia en cuanto a la pretensión del padre o la madre, con la de su menor hijo, es dable que deba darse intervención a dichas instituciones, o por lo menos, a la procuraduría en cita, de ser necesario y así considerarlo el juzgador.

Así, era menester que en nuestro país se estructuraran las reglas procesales que permitan responder a las obligaciones internacionales que se han adquirido.

En tal virtud, al retomar la normatividad de estudio en su artículo 1151 al 1161 del Libro décimo de los procesos de carácter internacional, en la sección tercera sobre la Cooperación de Procedimientos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que las solicitudes de restitución internacional de niñas, niños o adolescentes se regirán de acuerdo con los tratados internacionales; por lo tanto, acoge desde luego la Convención de La Haya de 25 de octubre 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que es el convenio por excelencia en la materia, al ser vinculante entre estados contratantes en materia de cooperación y colaboración internacional. Cuya eficiencia se ha demostrado en cuanto a la cantidad de países que la han suscrito, así para el año 2022 se reportaron 103 Estados, de acuerdo a los datos obtenidos por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. México forma parte desde el 20 de junio de 1991 (HCCH).

De la misma forma, esta estructura del código de análisis nos lleva a la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, que tiene objetivos de máxima proximidad con el Convenio de La Haya de 1980, en sus ámbitos de aplicación de naturaleza, personal, materia y espacial. México forma parte desde el 29 de julio de 1994 (OAS).

Así, se da paso a la aplicación con mayor certidumbre de las Convenciones en línea universal y regional en materia de restitución internacional.

Y en el mismo sentido, la convención de La Haya de cita desde el año 2001, en el amparo en revisión 1134/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el proceso de aprobación del convenio cumplió con los principios legales y constitucionales (SCJN, p.10).

Ahora bien, la estructura de las normas del código nacional, permiten ordenar medidas precautorias y de aseguramiento, con el fin de asegurar el bienestar de niñas, niños y adolescentes y prevenir nuevos traslados, en su artículo 1151 fracción I, precepto que atiende el principio del interés superior de las infancias, al considerar su integridad en los ámbitos social, físico y psicológico.

Las medidas que pueden adoptarse son diversas, y únicamente a manera enunciativa tenemos:

Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte (artículo 404 de la codificación nacional)

Vigilancia policiaca al probable sustractor

Información de las escuelas, de que el niño se presenta a clases.

Aviso al Instituto Nacional de Migración, de que los niños no pueden salir del país.

En casos que lo ameriten, podría ser incluso, retención de pasaportes y albergar a las infancias, en circunstancia muy extrema y plenamente justificado, en los Centros de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México DIFEM.

De la misma forma, se establece en la fracción II del artículo 1151 que los procedimientos de restitución no podrán pronunciarse y decidir sobre el fondo de la guarda y custodia. Lo que es acorde, con lo que establece la Convención de La Haya en su artículo 16, que precisa:

“…las autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que no se reúnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del menor o hasta que haya transcurrido un período de tiempo razonable sin que se haya presentado una solicitud en virtud de este Convenio…”

Ello es así, toda vez que es precisamente el juez de la residencia habitual el que se encuentra en mejor posición para determinar el fondo del asunto y la competencia de estos procedimientos otorgada a los estados en primera fase, es limitada a la restitución.

De la misma forma, se contempla en el artículo de análisis que, en estos casos de retención o traslado ilícito, deberá procederse de inmediato y sin dilación, lo que es precisamente el objeto de los convenios de restitución, tanto el de La Haya de 1980, como de la Convención Interamericana. Así, se establece en la primera convención de cita, en su artículo 1:

“…

a) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante;

…”

Es también, de suma importancia el último párrafo del artículo 1151 que establece:

“…

Ninguna autoridad jurisdiccional de lugar diferente al de la residencia habitual de la niña, niño o adolescente, podrá declarar a favor de la persona que retiene o efectúe el traslado, algún derecho de custodia, salvo que el derecho convencional internacional lo permita. Si se encuentran en trámite procedimientos jurisdiccionales que resuelvan la custodia, éstos deberán suspenderse.”

En tal orden de ideas, se sigue la línea argumentativa del artículo 16 del Convenio de La Haya, toda vez que, únicamente la determinación de fondo podrá efectuarse cuando no se reúnen las condiciones del convenio para la restitución o cuando haya transcurrido un periodo de tiempo razonable, sin que se haya presentado una solicitud.

Siguiendo las pautas marcadas por la codificación de análisis, es viable observar lo dispuesto por el artículo 1152, dado que, en este, es posible advertir las causas de excepción, esto es, que las autoridades jurisdiccionales podrán rechazar una solicitud de restitución de una niña, niño o adolescente, existiendo varios supuestos a saber:

“I. La persona, institución u organismo titulares de la solicitud de restitución, no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido, o había consentido o posteriormente aceptado, dicho traslado o retención.”

Lo que, sin duda resulta acorde con lo previsto por el convenio de La Haya multiseñalado, mismo que en su artículo 13 inciso a, precisa:

“…

a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención…”

De lo que se desprende, uno de los objetivos esenciales de la convención en cita, que es, la protección del derecho de custodia efectiva. Entendiéndose por efectividad, a la declaratoria expresa del deber de cuidado, mismo que es valorado y decidido por un juez. De ahí, que debe existir el ejercicio efectivo de la custodia, pues sin dicho ejercicio procedería la excepción de cita. Al respecto, la efectividad de la custodia es un presupuesto de facto sobre acciones que evidencien tal acción.

2.- Asimismo el artículo 1152, establece en su fracción II, lo siguiente:

“Existe un riesgo grave de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psicológico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.”

Esta excepción, atiende al interés superior del menor, pues la misma surge ante la existencia de un riesgo grave de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psicológico, o que de cualquier otra manera ponga al infante en una situación intolerable.

Circunstancia que se armoniza con lo contenido en el convenio de La Haya en el numeral 13, inciso b), que matiza:

“…

b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.”

Estos riesgos pueden clasificarse de la siguiente forma:

a) Grave riesgo del progenitor que solicita la restitución, como pudiese ser circunstancia de violencia alegada. Es muy importante considerar, en estos casos la ponderación con la perspectiva de género, también protegida por nuestro Código Nacional y consultar la guía de buenas prácticas en materia de mediación y también el proyecto de guía de buenas prácticas sobre el artículo 13 (1)(B), documentos de Soft law de La Haya, que precisan lineamientos en materia de pruebas preconstituidas.

b) Causa relacionada con el peligro en el país de origen, ello se genera, por ejemplo, en cuestiones de terrorismo, y su estudio es caso por caso.

c) Causa relacionada con el padre sustractor, que se vincula a situaciones de quien ejecuta el acto de la sustracción o la retención, por ejemplo, circunstancias de migración.

En este orden de ideas, también se contempla la excepción de la fracción III, que establece:

“La niña, niño o adolescente, se oponga a la restitución, si ya alcanzó una edad y un grado de madurez suficiente en que resulte apropiado tener en cuenta su opinión.”

Cuya textura, se basa en una reacción extrema por parte de las infancias o adolescencias a la restitución, y en tal virtud, se hace necesario, considerar de acuerdo a su edad y madurez, la opinión de la persona a restituir.

Lo que, además se encuentra determinado por la Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 12, que al efecto establece:

“…

1. Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”

Así, los criterios orientadores para la valoración de las opiniones son la edad y la madurez, dado que, en su caso, toda cuestión esencial de su retorno o no retorno pueda ser decisiva si, en opinión de las autoridades competentes, ha alcanzado el criterio orientador; por lo que, las niñas, niños y adolescentes se convierten en intérpretes de su propio interés, como lo señala Pérez Vera (informe explicativo, s.f.).

Además, en el procedimiento enmarcado por la codificación nacional, los tribunales deben resolver la restitución, considerando la opinión del infante o adolescente, sobre sus propias costumbres y tradiciones, así como el apego a su entorno, lo cual se valorará de acuerdo con su grado de comprensión, entendimiento y edad.

De la misma forma, la fracción IV y V de dicha normatividad (artículo 1152), en relación a violentar derechos humanos reconocidos en los estados unidos mexicanos o la temporalidad de la petición son acordes con la estructura de excepciones que contempla el artículo 13 de la convención de La Haya de 1980 y 11 de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores.

Lo que igual se encuentra reconocido por el convenio de La Haya que al efecto en su artículo 20 dispone:

“La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.”

Y por lo que hace a la temporalidad, dicha circunstancia se encuentra contemplada por el convenio de La Haya, que al efecto precisa en su artículo 12:

“…

La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente.

...”

Así, la temporalidad, es un rubro que se dispuso con el objeto de alcanzar, en términos descifrables, el concepto de integración al que se encuentra sujeto el retorno o no de las infancias después de un año en que se produjo el traslado o retención ilícitos. Siendo de trascendencia prestar atención, a las circunstancias que rodean a los menores, lo que se traduce en un elemento físico de estar relacionado con una comunidad y un entorno, debiendo verificarse los componentes emocionales que denota seguridad y estabilidad.

De esta forma, la normatividad de nuestro código nacional se encuentra en armonía con el tratamiento de las excepciones que plantean las convenciones y que se reflejan en el artículo 1152 de estudio.

Es importante puntualizar, que la actuación de la autoridad que decide sobre el retorno de un niño, una niña o adolescente, deberá, en cada caso, estudiar y decidir lo más benéfico para el mismo. Así, esta hipótesis ofrece un panorama abierto, y no puede considerarse viable la excepción, sino bajo una mirada restrictiva y con estructura probatoria fehaciente y suficiente, dado que la carga de la prueba lo es para quien hace valer las excepciones, como lo establecen también, criterios federales al efecto, tal como el que se aprecia a continuación:

Convención sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de menores. Carga de la prueba de quien se opone a la Restitución de un menor. Del artículo 13 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores se advierte que quien se oponga a la restitución de un menor tiene la obligación de demostrar las causas en que hace descansar esa oposición, de donde se sigue, que éstas no son de aplicación automática y, en principio, a esta parte le corresponde la carga de la prueba. De manera excepcional, cuando el juzgador natural en salvaguarda del interés superior del niño ordena recabar pruebas oficiosamente, deben estar vinculadas con alguna de las causas de oposición que enumera el citado artículo 13 y su desahogo debe ajustarse al plazo de seis semanas que el juzgador tiene para resolver, según lo indica el artículo 11 de la convención en comento.

Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito.

Amparo en revisión 225/2009. 8 de octubre de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Juan Manuel Vega Sánchez. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretaria: Benilda Cordero Román.

En esta misma línea de estudio, el Código Nacional prevé en su artículo 1153 el plazo de la restitución de forma inmediata y el momento en que debe computar cuando se desconozca el paradero de las infancias, que lo es, cuando fueren precisa y efectivamente localizadas. Esta acotación, es de gran relevancia, porque el artículo 12 de la Convención de La Haya, no contempla esta precisión en cuanto a la cuantificación del término y sí lo hace el artículo 14 de la Convención Interamericana.

Normatividad que es acorde a la restitución inmediata, cuando hubiera trascurrido un periodo inferior a un año desde que se produjo el traslado o retención ilícita que establece el artículo 12, de la convención de La Haya de 1980 y 14 de la convención interamericana sobre restitución internacional de menores.

Por su parte, el artículo 1154 contempla adecuadamente la intervención de las autoridades centrales, citando que será la secretaria de relaciones exteriores la cual remitirá las solicitudes a las autoridades jurisdiccionales competentes, debiéndose adoptar las medidas adecuadas y propiciar una solución amigable a través de la mediación; por lo que se contempla una única sesión y de no lograrse el acuerdo se inicia el procedimiento jurisdiccional o administrativo, para la protección del infante traducido en su restitución, es importante considerar, que en su caso, el juez podrá valorar la pertinencia de más sesiones de mediación con la finalidad de lograr una restitución voluntaria con menos impacto a la familia, toda vez, que el propio código de estudio permite efectuar ajustes razonables de procedimiento, incluso, a través de mediadoras especializadas, profesionistas con las que se cuenta en el Estado de México.

Por lo que hace los artículos 1155 y 1156 de la normatividad de estudio, contemplan los requisitos de la solicitud y los documentos que deben acompañarse, que son acordes, de manera substancial, a lo que establece el artículo 8° de la Convención de La Haya de 1980, que sobre el particular cita:

…

La solicitud incluirá:

a) información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la persona que se alega que ha sustraído o retenido al menor;

b) la fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla;

c) los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor;

d) toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la persona con la que se supone que está el menor;

La solicitud podrá ir acompañada o complementada por:

e) una copia legalizada de toda decisión o acuerdo pertinentes;

f) una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad Central o por otra autoridad competente del Estado donde el menor tenga su residencia habitual o por una persona calificada con respecto al derecho vigente en esta materia de dicho Estado;

g) cualquier otro documento pertinente.”

Y también de manera substancial, contempla los requisitos de la solicitud que establece el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores.

Ello con independencia de que la propia normatividad del Código Nacional abre la posibilidad de la aplicación de las convenciones en sí mismas.

En cuanto al plazo para la restitución que contempla el artículo 1157, lo es de seis semanas, a partir de la presentación.

Dicho plazo, es acorde con los objetivos de las convenciones para evitar que se consolide una nueva situación del niño, niña o adolescente, el cual se encuentra considerado por el artículo 11 de la convención de La Haya de 1980.

Los juzgadores, no deben en todo caso, perder de vista que se establece que será preferente dicho plazo y en caso de tener un exceso de tiempo debe ser debidamente fundado y motivado, así como razonable.

Así también el artículo 1158, establece que ningún procedimiento de custodia tramitado en los Estados Unidos Mexicanos, suspenderá la restitución ordenada.

En cuanto a los artículos 1159, 1160 y 1161, establecen el procedimiento al presentarse la solicitud de restitución, precisando que la autoridad jurisdiccional dispondrá de un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre la admisión de la solicitud, corriendo un traslado para que la parte de la que se presumen ha realizado la retención o traslado ilícito acuda en tres días en compañía de las infancias o adolescencias y con pruebas que apoyen su objeción, si fuera el caso. Asimismo, al atender la solicitud, deben disponerse de las medidas cautelares necesarias y la entrevista con el niño, niña o adolescente.

En esta audiencia única, se intentará una conciliación en busca de la restitución voluntaria de las infancias, y se levantará un acta. De la misma forma, se establece, que de haber objeción se harán valer las excepciones y se ofrecerán las pruebas, así como la entrevista con el niño, niña o adolescente, se admitirán o no las pruebas y se procede a su desahogo, resolviéndose en la misma audiencia; dictándose medidas adecuadas para garantizar el retorno seguro; y, la autoridad jurisdiccional deberá informar de su decisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este procedimiento, da certeza para ser aplicado por todas las entidades federativas en cuanto a sus términos y es acorde con el artículo 11 de la convención de La Haya, en cuanto a la temporalidad en que debe atenderse, aunque dicho artículo únicamente conminaba a que los Estados contratantes, actuaran con urgencia en los procedimientos.

Sin embargo, es importante considerar que en esta propuesta se contempla, en algunos puntos, la ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de los convenios sobre la sustracción internacional del niño, que fue conformada por la conferencia de La Haya de derecho internacional privado y el Instituto Interamericano del Niño, la cual en su artículo 12.2 señala el plazo de veinticuatro horas para que se despache mandamiento de restitución.

Por lo que, en esencia se siguieron algunos de estos parámetros para establecer la ruta del procedimiento en el Código Nacional.

Sin embargo, es importante considerar que en ocasiones las pruebas no podrán desahogarse en una sola audiencia; por lo que, al efecto, tomando en consideración los lineamientos de la ley modelo en su artículo 16, para la diligenciación de los medios probatorios dispuestos, la audiencia podrá ser prorrogada hasta por setenta y dos horas, que sería un plazo igual al señalado para la audiencia única.

Por otra parte, es importante considerar, que las normas de estudio se apegan a la celeridad que requiere el procedimiento de restitución, toda vez, que no se señala que fuese apelable la resolución dictada, por lo que de su adecuada interpretación con el artículo 910 del mismo cuerpo de leyes, al ser irrecurrible, procedería el amparo directo, que da vigor a la tesis 2021022 intitulada Amparo Directo. Procede contra la resolución judicial que decide en forma definitiva sobre la Restitución Internacional de Menores de edad, solicitada conforme a la convención de la materia..

Con lo que es atingente el Código nacional en materia de recursos, con la celeridad necesaria en los asuntos de restitución internacional.

Conclusión

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, da puntuales pautas de derechos humanos y derecho convencional que permiten contar con directrices claras en todo el territorio nacional en materia de normas adjetivas, para de manera precisa abordar los asuntos de sustracción y retención ilícita que impactan en la conformación de esencia de los seres humanos, articulando￼ con eficacia la ponderación de los derechos fundamentales con instrumentos como la perspectiva de género, los ajustes razonables de procedimiento, las tecnologías, en una constante retroalimentación de los trabajos de soft law, que efectúan los comités y los sistemas regional y universal de derechos humanos al permitir una remisión directa a las convenciones, por lo que la textura es abierta y podrá consolidarse en una línea de tiempo su practicidad a las circunstancias que se presenten.

Fuentes de consulta:

Informe explicativo de Elisa Pérez Vera, Madrid, 1981. http://www.menores.gob.ar/userfiles/perez_vera_elisa_informe_explicativo_del_convenio_de_la_haya_de_1980.pdf. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

La Haya. Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=24#_ftn1. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

México. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. DOF, 7 de junio de 2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPCF.pdf. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF, 5 de febrero de 1917. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

República Oriental del Uruguay. Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores Secretaría de asuntos políticos de la Organización de los Estados Americanos (Organization of American States Secretariat for Political Affairs -OAS-), https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-53.html. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

Sentencia emitida en Amparo en revisión 1134/2000, 20 de junio de 2001. Cuaderno de Jurisprudencia No. 1, “Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. p. 10 https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2023-07/CJ%20Restitucio%CC%81n_ELECTRO%CC%81NICO.pdf. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

UNICEF. “Inequidades en el desarrollo en la primera infancia que indican los datos”, Internacional, 2012, p. 2. https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=2020. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

Viena. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Secretaría de asuntos políticos de la Organización de los Estados Americanos (Organization of American States Secretariat for Political Affairs), 23 de mayo de 1969. https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

Los Centros de Convivencia Familiar y afines, un espacio para la protección de niñas, niños y adolescentes

The family convivence centers, a space for the protection of children and adolescents

Autora: Dra. Olga Lidia Sanabria Téllez⁴

Resumen: El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, contempla la facultad de la autoridad jurisdiccional de ordenar que las convivencias se realicen de manera supervisada en los Centros o Instituciones destinadas para tal efecto en el Tribunal o Poder Judicial de cada Entidad Federativa. El presente artículo realiza un análisis de la importancia de la utilización de los servicios de los Centros de Convivencia Familiar o afines ante los conflictos familiares en procesos judiciales, un marco general jurídico de la convivencia, la puntualización de la familia y su separación, así como la importancia de sus metodologías de trabajo, y la necesidad de continuar trabajando en la mejora del servicio en beneficio de las niñas, niños y adolescentes y sus familias.

Palabras Clave: familia, juzgadores, separación, divorcio, niñas, niños y adolescentes, conflicto, Centros de Convivencia Familiar, educación, vinculación, programas, manipulación parental.

Abstract: The new Code of Civil and Family Procedures contemplates the power of the jurisdictional authority to order that coexistence be carried out in a supervised manner in the Centers or Institutions designated for this purpose in the Court or Judicial Branch of each Federal Entity. This article analyzes the importance of using the services of Family Coexistence Centers or similar in the face of family conflicts in judicial proceedings, a general legal framework of coexistence, the clarification of the family and its separation, as well as the importance of their work methodologies, and the need to continue working to improve the service for the benefit of girls, boys, adolescents and their families.

Keywords: family, judges, separation, divorce, children and adolescents, conflict, Centros Convivencia Familiar Coexistence Centers, education, bonding, programs, parental manipulation.

Introducción

En la actualidad se acrecienta el número de conflictos familiares derivados de la separación de parejas o divorcios, en las cuales la determinación de la guarda y custodia, y en consecuencia las visitas y convivencias para que niñas, niños y adolescentes puedan convivir con sus progenitores o a quienes les asista el derecho. En los procesos judiciales se pueden presentar un sinfín de determinaciones, las cuales dependen del caso concreto y situación familiar expuestas a las o los juzgadores, es entonces que se crean alrededor de una familia nuevos escenarios ante un proceso familiar que se vive, los cuales pueden ser benéficos y constructivos o bien acrecentar el conflicto y en consecuencia crear daños colaterales a la familia.

Lo ideal ante una separación, divorcio o conflicto familiar donde se involucren niñas, niños y adolescentes que tengan que definir guarda y custodia, visitas, así como convivencias, es que en el proceso se debe de continuar con la convivencia de forma abierta con los progenitores, su familia extensa e incluso con la familia reconstituida, el derecho de la niña, niño o adolescente es crecer rodeado de un ambiente familiar positivo y libre que lo construya día a día como un mejor ser humano y sea su núcleo familiar la base de su crecimiento.

No obstante, cuando el conflicto lastima y contrariamente existen factores negativos para las niñas, niños o adolescentes, donde se les coloque en ambientes de inseguridad, violencia o abandono, se deben valorar las medidas necesarias para que prevalezca el interés superior de la niñez, que garantice el desarrollo integral, proporcione una vida digna, donde a las y los infantes se les otorguen las condiciones emocionales afectivas, así como las condiciones materiales necesarias para una vida adecuada a su etapa de vida y con ello lograr su máximo bienestar que se conjuga indudablemente con una infancia feliz.

Una de esas medidas que se decreta, es el ordenar que la convivencia se realice de forma supervisada a través de un Centro de Convivencia Familiar o una figura a fin como es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las oficinas mediadoras o conciliadoras o cualquier otra instancia que se determine para ello. La determinación de un juzgador o juzgadora para considerar el apoyo de un Centro de Convivencia Familiar o afín, es buscar en todo momento la protección del infante, dar continuidad a la relación filial, así como al fortalecimiento de los vínculos paterno y materno filiales, debiendo existir situaciones particulares que coloquen en riesgo al infante y puedan generar afectaciones psicoemocionales, para evitar que estos espacios se conviertan en un recurso procesal para condicionar o controlar la convivencia a una necesidad de las partes en conflicto, ya que esto puede generar un efecto contrario y no se logre el objetivo de la vinculación familiar.￼

Hoy el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares⁵ aprobado en abril de 2023, establece en su artículo 561 la figura de la supervisión en cualquier clase de violencia por las instituciones destinadas para tal efecto en el Tribunal o Poder Judicial o la videoconferencia donde debe imperar la voluntad del infante para ello. Por ello el presente artículo realiza un análisis de la importancia de la utilización de los servicios de los Centros de Convivencia Familiar o afines ante los conflictos familiares en procesos judiciales, un marco general jurídico de la convivencia, la puntualización de la familia y su separación, así como la importancia de sus metodologías de trabajo, y la necesidad de continuar trabajando en la mejora del servicio en beneficio de las niñas, niños y adolescentes y sus familias.

El Derecho de niñas, niños y adolescentes

Actualmente la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, nos establece las líneas esenciales que garantizan su desarrollo físico, emocional, intelectual, social y moral, es por ello que diversas disposiciones jurídicas de índole nacional, como internacional son ejes rectores en esta temática entre ellos: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En particular debemos hacer referencia a derechos que en esencia son el marco jurídico que regula en primera línea a los Centros de Convivencia Familiar y afines: iniciaremos por la regulación del origen donde surge el conflicto, “la familia” quien tiene a su cargo una serie de responsabilidades, incluyendo el cuidado y protección de sus hijas e hijos, por ello la Convención Americana de Derechos Humanos⁶, en su artículo 17 párrafo primero y cuarto respectivamente establece la protección de la familia por el Estado y la Sociedad, así como en caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. En este mismo tenor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes⁷ en su artículo 13 fracción IV establece el derecho de las y los infantes a tener una familia.

Ahora bien, se debe referir el interés superior de la niñez regulado en la Convención de los Derechos del Niño⁸ en su artículo 3.1 donde refiere todas las medidas concernientes a las y los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior de la niñez. Es ese orden de ideas el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁹ refiere que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El derecho a la convivencia que se regula por la referida convención en su artículo 9.3 que refiere que los Estados parte respetarán el derecho de la niña o el niño que esté separado de papá o mamá, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior de la niñez.

Es este marco jurídico donde se refiere el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, donde la familia debe ser la primera institución protectora de sus derechos en comunión con el Estado y sus diversas instituciones, y en consecuencia debe de existir una sociedad responsable y consciente sobre esa protección que nos dará la pauta para el desarrollo de mejores seres humanos. El marco legal referido, es el reflejo de una sociedad que debe procurar la construcción de familias capaces de proteger y formar seres humanos que aporten en bienestar de una sociedad, nos da la posibilidad de construir redes de apoyo en beneficio de la niñez que vayan más allá de un cumplimiento legal, sino de un fortalecimiento de una sociedad.

Los Juicios Familiares

En la actualidad la transformación social ha traído consigo, una serie de cambios en figuras tan importantes, como la familia de acuerdo al INEGI¹⁰ en México, durante 2021 se registraron un total de 453,085 matrimonios, y 149,675 divorcios. El número de matrimonios en México presenta una reducción considerable que se incrementa a partir de 2015; en 2020, por la pandemia de la COVID-19 se registra una mayor disminución, pero en 2021 se vuelven a incrementar los matrimonios registrados a nivel nacional.

Desde 2011 a 2019 el número de divorcios en México se ha incrementado de manera constante, sin embargo, en 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19 se registra una disminución considerable, pero en 2021 se vuelven a incrementar los divorcios a nivel nacional. Como se puede observar en las siguientes gráficas￼

￼

￼

Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad. Ediciones 2011- 2021.

Es una realidad social el incremento de las separaciones en nuestro país, sin omitir el impacto del COVID-19 en el actuar social, incluyendo el núcleo familiar, donde este incremento representa un impacto social por todos los contextos del núcleo familiar donde puede representar un impacto, como es el personal, laboral, educativo, económico y social.

En el Estado de México, en el año 2022, de acuerdo a la Agenda Estadística del Poder Judicial del Estado de México¹¹, se presentó la siguiente estadística de juicios en materia familiar:

Fuente: Agenda Estadística del Poder Judicial del Estado de México 2023.

De los datos anteriormente referidos, se puede visibilizar que el número de separaciones sigue un aumento y con él, a la par, un número elevado de juicios de guardia y custodia y en consecuencia de determinación de visitas y convivencias. Son entonces estas separaciones las que dan pauta a que exista un conflicto por determinar quién tendrá el derecho de guarda y custodia de sus hijos o hijas y en consecuencia a quien le asistirá el derecho de convivencia. Ante estas circunstancias donde la familia atraviesa por una fase de cambio y transformación, lo más adecuado sería el que prevaleciera el respeto a la forma de vida antes de la separación con la finalidad de permitir que no se pierdan y al contrario se fortalezcan los lazos familiares y con ello poder otorgar a la niña, niño o adolescente la oportunidad de decisión de la forma de convivir con su familia atendiendo sus propias necesidades y costumbres ya establecidas.

Aunque no siempre esta es la forma de realizarse la convivencia después de una separación y debe ser la o el juzgador quienes determinen la forma más apropiada de realizarse la misma, toda vez que existen una serie de factores que las y os ascendientes o la familia a la que le asiste un derecho hacen valer ante el órgano jurisdiccional o bien este los detecta, por ello se solicita que se dé la convivencia con apoyo de un área que pueda garantizar la supervisión de la convivencia o bien la entrega-recepción de￼ las y los infantes.

Es una potestad que enmarca el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la intervención de oficio de la autoridad jurisdiccional en cuestiones inherentes al orden familiar, donde se le faculta a decretar medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento, entre ellas la guarda y custodia y el régimen de convivencias y dentro de este último se puede señalar el apoyo de un Centro de Convivencia Familiar o un área afín pueda intervenir.

Es importante que para que se de esta asistencia deben de presentarse factores como son:

En situaciones de riesgo por violencia familiar.

Cuando exista uso comprobado de sustancias y posibles abusos.

Cuando quien detenta la custodia impide la convivencia con quien le asiste el derecho de convivencia.

Cuando existe la necesidad de un acercamiento paulatino con la niña, niño o adolescente.

Las condiciones de vida con quien se va a convivir no son las pertinentes para la niña, niño o adolescente.

Cuando existen condiciones de riesgo psicoemocionales que puedan colocar la estabilidad emocional del infante en riesgo.

No debemos olvidar que cada caso es particular y que la autoridad puede valorar otros factores de riesgo que deban ser considerados para la intervención del área referida.

La familia y la separación

La familia ha sido considerada históricamente como la base de una sociedad, por ser ella donde se educa, proporcionan valores e ideologías, así como costumbres y creencias.

La familia como eje central debe cumplir con una serie de roles que permitan la formación de sus miembros y la consolidación de la figura socialmente. Es y será el lugar de protección, seguridad, desarrollo en todos los aspectos (personal educativo, ideológico, etc.) que permita continuar con una línea positiva de construcción de otras familias.

Y es que la familia es el espacio de protección de cada uno de sus integrantes, donde se construye su sistema ideológico, educativo y moral, que presentarán ante una sociedad. En el que día a día se crean hábitos, valores y costumbres que lleva a sus miembros a su conducción social de forma responsable.

No olvidemos que es en la familia donde se construyen los espacios de seguridad y confort que requiere todo ser￼ humano, para construir conjuntamente sus esquemas afectivos en el propio núcleo familiar y con las personas de los contextos en el que se desarrolla cada miembro de esa familia, y al formarse en esa parte positiva, también es el núcleo familiar quien da herramientas para poder confrontar las crisis negativas, los sentimientos y emociones no positivos que pueden llevar a la frustración o represión, por lo que la familia otorga herramientas de autoestima y autocontrol.

Finalmente, es la familia quien fomenta el desarrollo humano de cada uno de sus miembros y lo conduce a su crecimiento personal e independencia para que logre adaptarse a sus contextos y construir su propia historia de vida.

En realidad, el ideal que se podría esperar en una pareja y en consecuencia en una familia es el “felices por siempre”, pero lamentablemente la separación familiar por diversidad de motivos da origen a que muchas de esas familias no logren ese ideal y ante una separación por diversidad de situaciones se encuentren ante conflictos que no les permitan cerrar ciclos para un nuevo inicio solos o construyendo otra familia, lo que conlleva a que la controversia familiar se judicialice en términos de alto conflicto y poco actitud de negociación.

Señala Santamaría que¹² “creer que lo mejor para los hijos es que los padres estén siempre juntos. Evidentemente, esto es lo ideal, lo mejor, no cabe la menor duda, pero si la tensión conyugal atenta contra la armonía familiar y relaja las funciones parentales, si hay continuas discusiones entre los padres, si hay faltas de respeto, amenazas o maltrato, ¿es mejor continuar juntos?”

Esta reflexión nos conduce a analizar que la familia puede cumplir un ciclo y que es momento de iniciar otro que no conduzca a dañar a sus miembros, sino contrariamente sea la mejor alternativa para que esa familia ante su separación siga cumpliendo con sus objetivos de forma proactiva y en bienestar de todos sus miembros.

Ante la separación, cada uno de sus miembros va a vivir una etapa de alta complejidad; ya se enfrentarán a su propia situación personal, que abarca su esencia como ser humano, se confrontara con el mismo, reconocerá emociones y sentimientos negativos que tal vez nunca haya sentido, por lo que podrán presentar momentos de crisis donde sus emociones se desborden y no les permita reconocer la verdadera realidad que se vive y construyan realidades que atiendan a sus necesidades personales y de justificación de lo que viven. Ahora bien, otro factor que aun complica más la situación de separación es el factor social, en el que se deberán de confrontar con la opinión, crítica, juzgamiento y supuesta experiencia en el tema que las personas de sus grupos sociales tienen y perciban de la separación, ambos aspectos en conjunto conducen a que la separación sea aún más complicada de aceptar y reconocer.

Es entonces que empiezan a surgir altas conflictividades que generan conductas y conllevan a que sea un órgano jurisdiccional quien tendrá que decidir lo mejor para esta familia en conflicto, ya que existen conflictos que entre las partes no logran dirimir y uno de los peores conflictos, es que el derecho de tener una familia y poder convivir con ésta para mantener y fortalecer el vínculo familiar, se vea inmerso en la negativa de convivencia de niñas, niños y adolescentes, quienes ante esta situación quedan atrapados y siendo parte de un conflicto que no les correspondía, generándose una separación familiar y fractura en las relaciones filiales que no logran ser recuperadas y con el transcurso del tiempo se rompe cualquier tipo de vínculo que produce no contar con una imagen materna o paterna, contar con ella de forma negativa y poco benéfica para el desarrollo emocional de cualquier persona. Es por ello la importancia de que toda separación ante un conflicto vaya acompañada de un apoyo especializado que evite se judicialicen conflictos que puedan dañar a este grupo base de la sociedad que es la familia.

Los Centros de Convivencia Familiar

Cuando una autoridad judicial decreta una medida provisional referente a la guarda y custodia y al régimen de convivencias; este último puede ser decretado de forma libre con acuerdo de las partes del proceso o bien supervisado por un Centro de Convivencia Familiar o institución afín o bien pueden las partes acordar tanto la custodia como el régimen de convivencia con la misma modalidad libre o supervisada a través del órgano jurisdiccional o de los Centro de Medios Alternos.￼

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 561 refiere que si la autoridad jurisdiccional advierte la existencia de cualquier clase de violencia, deberá modificar o suspender el ejercicio del régimen de convivencias o guarda y custodia, según sea el caso, y podrá ordenar que las convivencias se realicen de manera supervisada en los Centros o Instituciones destinadas para tal efecto en el Tribunal o Poder Judicial de cada Entidad Federativa, o bien por videoconferencia supervisada, siempre y cuando sea deseo de la niña, niño o adolescente, así como dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el orden familiar y dar vista al agente del Ministerio Público que corresponda.

Ahora, es el momento de analizar esta figura que resulta esencial para poder decretar esa convivencia supervisada, y en la cual es necesario que se logre comprender su verdadera naturaleza, objetivo y modelo de trabajo. Por lo que iniciaremos señalando que los Centros de Convivencia Familiar o afines, son espacios neutrales y protegidos donde con apoyo de personal especializado se coadyuva a que se lleven a cabo las convivencias familiares decretadas por el Órgano Jurisdiccional o acordadas a través de un convenio de Medios Alternos, entre ascendientes no custodios y sus descendientes, así como con familias biológicas e incluso restructuradas, si así lo determina el órgano jurisdiccional.

La naturaleza de estos Centros se centra en el apoyo a las familias a restablecer y/o mantener los lazos de unidad, identidad, apego, confianza y afecto entre ascendientes no custodios o a quien le asista el derecho y sus descendientes, luego de que atraviesan por una situación de conflicto entre la pareja o familia.

En el Centro se dispondrán los medios y condiciones que faciliten la realización de sus actividades sustantivas, a fin de procurar minimizar los riesgos de daños físicos y psicológicos de los miembros de una familia que se encuentra involucrada en un procedimiento judicial.

Por ende, son estos espacios los idóneos para fortalecer los vínculos familiares ante altas conflictivas en procesos judiciales.

La convivencia familiar asistida o supervisada por especialistas de Centros de Convivencia Familiar o a fines, se puede realizar bajo diversas modalidades: manera presencial o supervisada en la que la niña, niño o adolescente convive con la o el ascendiente no custodio o con quien le asista el derecho dentro de las instalaciones del Centro destinadas para tal efecto; con la presencia del personal autorizado y bajo los lineamientos emitidos por el órgano jurisdiccional para su desarrollo; de tránsito o entrega – recepción donde se requiere la intervención del Centro, únicamente para la entrega- recepción de niñas, niños y adolescentes al inicio y fin de convivencia que se realiza fuera de las instalaciones y finalmente la modalidad electrónica o asistida virtual que consiste en que la niña, niño o adolescente conviva con su ascendiente no custodio o con quien le asista el derecho por medio de las tecnologías: mediante llamada telefónica en conferencia, videollamada por WhatsApp, Webex, y cualquier otra, en los siguientes supuestos:

Tabla de datos

Elaboración propia

a) el padre custodio o conviviente radique en otro país o Estado de la República,

b) a consideración del órgano jurisdiccional resulte la forma de convivencia más adecuada el caso en concreto, y

c) ante la imposibilidad de que dicha convivencia se lleve￼

dentro de las instalaciones, por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Ahora bien, determinada esta primera esencia de los Centros y afines es importante señalar que actualmente en México existen veinticinco estados cuyos Poderes Judiciales cuentas con Centros de Convivencia Familiar o áreas afines, cuatro estados que trabajan en colaboración directa con el Sistema para el Desarrollo Integral de Familia (DIF), tres estados cuyos Poderes Judiciales no cuentan con Centros de Convivencia Familiar (su labor es interna) y un estado que trabaja conjuntamente con su Centro de Convivencia Familiar y el Sistema para el Desarrollo Integral de Familia (DIF). Información que se puede visualizar por Estado en la siguiente tabla de datos:

Para lograr su objetivo, estos Centros deben ser espacios donde se otorgue a las partes la seguridad que el régimen de visitas decretados se desarrollará bajo la supervisión de especialistas en el tema y que derivado de la misma se informará de forma congruente, verídica y neutral al órgano jurisdiccional la forma en que se está desarrollando la misma.

Estos tres tipos de modalidades en convivencia supervisada deben dirigirse a que se propicie la realización de las mismas, además de fortalecerse a través de una serie de programas, proyectos y talleres que conlleve a la transformación de las actitudes de las partes que conviven en pro del bienestar de niñas, niñas y adolescentes y su grupo familiar

Los Centros de Convivencia Familiar y afines deben tener características específicas para el cumplimiento de la instrucción jurisdiccional:

a. Contar con un modelo adecuado al Estado, que sea acorde a los tipos de familia que existen y sus diversos contextos sociales.

b. Tener instalaciones o infraestructura adecuada para el desarrollo de la supervisión, así como para la aplicación del modelo correspondiente.

c. Contar con especialistas con la formación, habilidades y herramientas necesarias para la atención de las niñas, niños y adolescentes, así como sus familias.

d. Apoyar a la creación de vínculos filiales, a través de una metodología o proceso de intervención para la entrega recepción o supervisión de la convivencia decretada.

f. Construir los programas y actividades necesarias que fomenten la vinculación familiar y puedan permitir que las convivencias se logren de forma libre.

g. Constituirse como un intermediario, neutral e imparcial que garantice todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

h. Contar con una vinculación interna y externa que fortalezca el modelo de trabajo del Centro de Convivencia.

i. Desarrollar un trabajo bajo un marco jurídico que apoye su labor, donde se pueda referir desde la ley orgánica, su reglamento, lineamientos, protocolos de actuación y manuales de procedimientos que darán el fortalecimiento a su actividad diaria.

j. Constituirse como un modelo de justicia terapéutica cuya función se focalice desde la prevención, hasta el fortalecimiento de los vínculos y la educación familiar, que restaure la relación familiar que se consideraba perdida.

k. Contar con talleres psicoeducativos o escuela para padres que habiliten recursos emocionales de las familias en conflicto que sufren los efectos del problema de pareja, a través de la utilización de técnicas psicoterapéuticas que pretenden favorecer el proceso de separación, evitando con ello procesos de revictimización, de manipulación parental o maternal y de violencia de género en cualquiera de sus direcciones y modalidades.

l. Tener vínculos estrechos con las autoridades judiciales para el seguimiento puntual de las convivencias decretadas, así como de la observación de las mismas de forma presencial en las instalaciones de los Centros para verificar sus avances, negativas o cualquier circunstancia de importante valoración por parte de las y los juzgadores.

Son estos puntos esenciales que permitirán a los Centros de Convivencia Familiar y afines lograr sus objetivos y con ello cumplir con una labor más humanizada, basada en la verdadera protección de la familia y del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Se debe tener claro que cada Centro de Convivencia Familiar o afín construirá su modelo atendiendo a sus necesidades, pero sin olvidar los principios básicos sobre los que nos regimos como son: interés superior de la niñez, imparcialidad, neutralidad, profesionalismo, gratuidad, confidencialidad, responsabilidad, objetividad y responsabilidad parental.

Conclusión

Los Centros de Convivencia Familiar y afines deben constituirse como espacios seguros y protegidos, donde se promueva un trato profesional, especializado, con calidad humana y atendiendo a las necesidades de familias que viven elevadas conflictividades, donde exista una labor encaminada nos solo a la supervisión, sino también a la vinculación, educación y desarrollo humano.

En ellos se debe de cuidar que no sean estos espacios lugares donde el conflicto lleve a que las y los infantes sean utilizados para lograr objetivos personales de sus ascendientes o de quienes les asiste un derecho de convivencia. No puede ser un Centro un lugar para que la interferencia parental haga uso de un informe para justificar la negativa de convivencia de una niña, niño o adolescente o un medio de simulación donde se responsabilice a una o un infante a determinar si desea o no convivir, porque se encuentra en una lucha de lealtades con su custodio o a quien le asiste el derecho de convivencia, ya que existe una diferencia entre una decisión personal del infante que debe ser escuchada y respetada, a una responsabilidad que se deposite sobre ellos, toda vez que deben ser sus ascendientes custodios los responsables de propiciar la convivencia y los convivientes los responsables de construir una convivencia basada en el respeto y el amor y no espacios de interrogatorio o de indiferencia.

Los Centros y afines son lugares donde tanto custodio y conviviente sólo deben velar por el bienestar de la niña, niño o adolescente, por construir su vínculo filial sin que éstos pequeños sean parte del conflicto, sino apoyarles a no perder la esencia de su familia. Los conflictos son de los adultos, la niñez debe de tener el derecho de crecer de la forma más apropiada y feliz que se les pueda regalar.

Es una responsabilidad de todos los que participamos en estas convivencias velar por el derecho de estas niñas, niños y adolescentes, quitando todas las emociones negativas que se construyen en el conflicto, la familia es y será el cimiento de los seres humanos que deseemos construir y este nuevo Código confía en la labor de los Centros de Convivencia Familiar y afines, ahora nos toca a las instituciones y a las familias responsabilizarnos por construir el mejor proceso para que el conflicto no destruya, sino construya nuevas oportunidades en el núcleo familiar y consolidar las relaciones parentales que constituyen el lazo que unirá toda la vida a una familia.

Fuentes de consulta:

Santamaría Repiso C. “Afrontamiento de pérdida: duelo/divorcio”. En AEPap ed. Curso de Actualización Pediatría 2013. Madrid: Exlibris Ediciones; 2013. p. 433

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ediciones 2011 – 2021. Recuperado de: https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/myd.aspx?tema=P/>

Agenda Estadística del Poder Judicial del Estado de México 2023. Recuperado de: <https://tercerinformesodi.pjedomex.gob.mx/estadistica/>

Normatividad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Convención Americana de Derechos Humanos.

Convención de los Derechos de los Niños.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes

La Adopción

Autora: María de Lourdes Hernández Garduño¹³

Del latín adoptio, adopción es la acción de adoptar. Este verbo hace referencia a recibir como hijo al que no lo es biológicamente, a través de un proceso establecido por la ley.

Así mediante la adopción se confiere al adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes, y a éstos, los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial. La adopción es el vínculo filial creado por el derecho.

La adopción tiene como fundamento el interés superior de niñas, niños o adolescentes, entendido éste como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.

El interés superior de la niñez es un principio Constitucional por ello su cumplimiento es una obligación y su incumplimiento una falta, este principio deriva de:

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su artículo 3, párrafo 1 dice en lo que interesa, que:

“...en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) reconoce su carácter de titulares de derechos, los artículos 2, párrafos segundo y tercero; 17 y 18 prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a ese principio.

En este sentido, la adopción es el medio jurídico por virtud del cual un niño, niña o adolescente es integrado en una familia en la cual recibe afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo, restituyendo así su derecho a vivir en familia.

Anteriormente se veía a la adopción como un acto de caridad, sin embargo actualmente hay más cultura respecto a ello, así con la adopción las niñas, niños o adolescentes que por alguna circunstancia no están con su familia de origen se incorporan a una distinta, donde el o los adoptantes también quieren tener hijos y por algún motivo no los pueden tener biológicamente o incluso teniendo hijos biológicos desean ser padres de corazón.

La decisión y el proceso no siempre es fácil, debe haber un trabajo previo en los adoptantes, cerrar ciclos y tener asesoría psicológica en la toma de esta decisión, así como asesoría legal puesto que de ella derivan derechos y obligaciones, de carácter moral y legales.

En nuestra entidad el proceso de adopción comienza en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se lleva a cabo un trámite administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México.

Por cuanto hace a la parte legal el Poder Judicial del Estado de México, mediante circular 22/2018, creó el Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás especiales y no contenciosos relacionados con menores de edad y Sumario de Conclusión de Patria Potestad; juzgado especializado y de jurisdicción concentrada que a partir del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, conoce de las adopciones de todo el Estado de México, a través de un proceso ágil y rápido, que encuentra su sustento en el Título Quinto de la Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, en los Capítulos I y II, artículos del 96 al 108, que establecen lo que enseguida se transcribe:

Título Quinto

Del procedimiento de adopción

Capítulo I

Procedimiento

Artículo 96. La adopción es un procedimiento judicial especial, promovido por el DIFEM o los particulares, en su caso, que estén interesados en adoptar, cumpliendo las disposiciones de esta Ley.

Artículo 97. En el escrito inicial ante el Juez deberá manifestarse el nombre del solicitante, nombre y edad de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción, nombre y domicilio de la persona, familia de acogida o acogimiento pre adoptivo, institución pública o privada que lo haya acogido, en su caso, y exhibir el Informe de Adoptabilidad y el certificado de idoneidad expedidos por el DIFEM.

Artículo 98. Cumplidos los requisitos del artículo anterior el Juez tendrá un plazo de cinco días hábiles para citar a audiencia, en la cual deberán ser escuchados los solicitantes y la niña, niño o adolescente atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de resultar procedente se desahogarán las pruebas ofrecidas.

Artículo 99. El Juez verificará que los solicitantes cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, que la asignación ha sido autorizada por el Comité Interinstitucional y que son las personas idóneas para adoptar.

Artículo 100. Efectuada la audiencia de desahogo de pruebas, el Juez resolverá si la niña, niño o adolescente puede ser adoptado por los solicitantes y dictará las medidas que estime necesarias. La adopción es irrevocable.

En caso de resolver en sentido negativo, determinará sobre la guarda y custodia en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 101. Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez remitirá copia certificada de las diligencias al Oficial del Registro Civil del lugar donde haya sido registrada la niña, niño o adolescente, a fin de que, con la comparecencia del adoptante o los adoptantes se registre el acta correspondiente, la cual se inscribirá como acta de nacimiento para hijos consanguíneos.

Artículo 102. La falta del registro de la adopción no impide sus efectos legales, pero sujeta al responsable a las sanciones señaladas en esta Ley.

A partir del registro del acta se harán las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento original, la cual quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna que revele el origen de la niña, niño o adolescente ni dicha condición, salvo resolución judicial.

Artículo 103. El DIFEM, los sistemas municipales DIF o la institución acreditada, según sea el caso, darán seguimiento a la adopción por un lapso de dos años en los términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley pudiéndose extender el tiempo que sea necesario si el caso la amerita.

No obstante, el plazo establecido en el párrafo anterior, el DIFEM dará seguimiento a los casos en que las niñas, niños y adolescentes estén bajo tratamiento médico hasta su conclusión o hasta ya no considerarlo necesario.

Artículo 104. Los Centros de Asistencia Social con equipos multidisciplinarios autorizados tienen la facultad para realizar visitas domiciliarias durante el periodo de seguimiento, el adoptante tiene la obligación de facilitar la visita domiciliaria a dicho personal.

Capítulo II

De la adopción internacional

Artículo 105. La adopción internacional es la promovida por los ciudadanos de otro país con residencia habitual fuera del territorio nacional y que tiene por objeto incorporar en una familia, a una niña, niño o adolescente que cuente con informe de adoptabilidad y que no haya sido posible su adopción dentro del territorio nacional o que, por su situación, se considere que dicha adopción obedece al bien superior de la niña, niño o adolescente.￼

Esta adopción se regirá por los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y en lo conducente, por las disposiciones de esta Ley.

Artículo 106. El DIFEM verificará que las autoridades centrales del país de origen de los solicitantes acrediten a través de un certificado de idoneidad, o equivalente, que los adoptantes son viables para la adopción, anexando los estudios médicos, psicológicos y socioeconómicos que se llevaron a cabo para tal efecto.

En los trámites de adopción internacional el solicitante deberá acreditar su legal estancia en el país, a través de la forma migratoria expedida por el Gobierno Federal.

Artículo 107. En las adopciones internacionales el DIFEM y los sistemas municipales DIF están facultados para dar seguimiento de las condiciones físicas, educativas y emocionales del adoptado a través de las medidas consulares respectivas.

Artículo 108. Resuelta la adopción, el Juez informará al DIFEM, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.

Luego entonces, presentada la solicitud el juzgado dentro de los cinco días siguientes señala una audiencia oral, donde se escucha a la niña, niño o adolescente si su edad y madurez lo permite, así como al o los solicitantes, se valoran pruebas y se dicta sentencia; esta audiencia de acuerdo a la circular 4/2021, se puede llevar presencial, en línea o mixta, para que sea en línea se debe contar con la firma electrónica avanzada del Poder Judicial del Estado de México, (FEJEM).

Ahora con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el proceso de adopción queda de la siguiente manera:

Sección Séptima

Del Procedimiento de Adopción

Artículo 642. Será competente para tramitar la solicitud de adopción la autoridad jurisdiccional ubicada en el domicilio de la persona que se pretende adoptar.

Artículo 643. Cuando en el trámite de adopción acontezca oposición legítima se tramitará en la vía incidental y de resultar procedente se dará por concluido el mismo.

En contra de dicha resolución procederá el recurso de apelación en ambos efectos.

Artículo 644. La solicitud de adopción podrá ser recibida mediante escrito o por comparecencia desahogada en audiencia, esta última será preferentemente videograbada o a través de los medios de comunicación electrónicos previstos en este Código Nacional. En ambas modalidades la solicitud deberá de ser proveída por la autoridad jurisdiccional el mismo día de la recepción.

En todos los casos, la solicitud deberá hacerse del conocimiento del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para privilegiar el interés superior de la niñez.￼

En caso de que la o las personas adoptantes comparezcan sin representación técnica, la autoridad jurisdiccional designará persona defensora pública a fin de que les asista de manera efectiva y gratuita.

Cuando se presente la solicitud por comparecencia deberán de apersonarse la o las personas que pretendan adoptar debidamente identificadas y también podrá concurrir la o las personas a las que les corresponde otorgar su consentimiento para la adopción, ello a efecto de que en la misma audiencia sea otorgado tal consentimiento, lo que deberá de realizarse de manera informada y asistida.

En esta audiencia deberá encontrarse presente la persona Agente del Ministerio Público, a quien se le notificará a través del medio que la autoridad jurisdiccional considere efectivo.

No obstante, el consentimiento para la adopción podrá recibirse en comparecencia por separado o se podrá acreditar mediante la exhibición de la documental pública que consigne el acto, ello al inicio o durante el procedimiento.

Artículo 645. Para la admisión del trámite únicamente deberán de exhibirse las certificaciones de las actas de nacimiento tanto de las personas que pretenden adoptar y de la o las personas que se pretende adoptar.

No obstante, y con independencia de los requisitos establecidos en las legislaciones locales, en la solicitud deberá de expresarse, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

I. El nombre y domicilio de las personas que se pretenden adoptar;

II. El nombre y domicilio de las personas que ejerzan o estén en aptitud de ejercer la patria potestad de quien se solicita la adopción o bien la tutela, así como quien esté a cargo de la guarda y custodia de hecho o de derecho

III. El nombre y domicilio de las personas que pretendan adoptar, y

IV. Los hechos que motiven la solicitud.

Artículo 646. En el proveído que admita a trámite la autoridad jurisdiccional deberá indicarse a las personas adoptantes, preferentemente a través del principio de inmediación en audiencia videograbada, los requisitos que en contraste con los documentos exhibidos faltan de cumplimentar según las leyes aplicables al procedimiento pretendido.

En ese mismo acto de admisión, la autoridad jurisdiccional notificará mediante oficio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o bien a los organismos homólogos en las Entidades Federativas a través de sus Procuradurías, la tramitación de la solicitud y en caso de que no fuera exhibido el certificado o constancia de Idoneidad de Adopción en la comparecencia inicial o escrito correspondiente, se le notificará de inmediato y preferentemente vía electrónica, al organismo encargado de la expedición del documento que deberá proveer en relación con la expedición o negación del documento en un plazo no mayor a noventa días naturales, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser aplicadas las medidas de apremio que establece este Código Nacional.

En el primer proveído del procedimiento se apercibirá a la o las personas adoptantes para que comparezcan ante la autoridad encargada de expedir el Certificado de Idoneidad, en el término de tres días a fin de que realicen todas las gestiones que a ellas corresponda para la expedición del señalado Certificado, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se le aplicará las medidas de apremio señaladas en este Código Nacional.

De manera conjunta con el Certificado de Idoneidad la autoridad administrativa deberá remitir copia certificada del expediente administrativo que dio origen al documento, en el cual siempre deberán ser recabados los estudios psicológicos, sociológicos, médicos y socioeconómicos correspondientes en su caso, a la persona o personas que pretenden adoptar.

Artículo 647. Durante el trámite de la adopción, la autoridad jurisdiccional deberá proveer respecto de las siguientes medidas:

I. La guarda y custodia provisional de la persona o personas que se pretende adoptar, tomando todas las medidas necesarias para la seguridad de dicha o dichas personas, y

II. El acompañamiento psicológico tanto para la o las personas que pretenden adoptar, como para quien o quienes pretenden sean adoptadas, y si es solicitado, para quienes otorgaron el consentimiento para la adopción.

Artículo 648. Una vez reunidos los requisitos señalados por la ley sustantiva para la Adopción, se proveerá respecto de los medios de prueba ofertados y se fijará fecha y hora dentro de los siguientes quince días para el desahogo de la comparecencia de la persona que se pretende adoptar, ello a efecto de que sea escuchada su opinión y su sentir respecto del trámite pretendido.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al desahogo de la comparecencia señalada en el párrafo que antecede, se fijarán fecha y hora para el desahogo de una audiencia especial en la que la o las personas promoventes podrán expresar alegatos, se desahogarán los medios de prueba que fueron admitidos y se dictará de manera oral la sentencia, en la que se incluirá la modalidad del seguimiento de la adopción.

Artículo 649. En caso de que la autoridad jurisdiccional así lo requiera, a la audiencia de desahogo de pruebas, deberá comparecer el personal especializado encargado de la integración del expediente administrativo exhibido en el trámite.

Dentro de los tres días hábiles siguientes al desahogo de la última audiencia, se remitirán los autos originales a la autoridad jurisdiccional de segunda instancia para que proceda a la revisión oficiosa de la resolución, misma que deberá confirmarse, modificarse o revocarse dentro de los siguientes quince días hábiles siguientes a la recepción del expediente, sin que lo anterior implique algún tipo de reenvío.

Artículo 650. Una vez autorizada la resolución de adopción por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia, deberá de emitirse la sentencia en formato de lectura fácil para la persona o personas adoptadas y a cargo del erario las copias y oficios necesarios para la inscripción de la adopción.

Artículo 651. Durante los tres años siguientes a la autorización de la adopción, en ejecución de sentencia y de manera oficiosa, la autoridad jurisdiccional revisará los informes que realice el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o bien los organismos competentes en las Entidades Federativas, con motivo del seguimiento correspondiente a la adopción, así como cualquier medida de similar que haya sido decretada en el fallo en atención al caso concreto.

Artículo 652. Tratándose de extranjeros con residencia en el país, deberán acreditar los mismos requisitos que las personas nacionales.

Artículo 653. En los casos de adopción en los que intervengan extranjeros o mexicanos con residencia en otro país, el procedimiento se llevará a cabo según lo dispuesto por el Capítulo de procedimientos internacionales de este Código Nacional, los tratados internacionales y la legislación aplicable en cada Entidad Federativa.

Que el proceso de adopción se encuentre en el Código Procesal resulta acertado, puesto que establece los requisitos y pasos a seguir durante el mismo para finalmente dictar una sentencia apegada a derecho.

Por cuanto a la competencia en el Estado de México, no se tiene inconveniente alguno, atento a que, al haber un juzgado especializado de jurisdicción concurrente, todos los asuntos serán de su competencia.

Es novedoso que se incluya la posibilidad de oposición legítima, que la solicitud de adopción pueda ser recibida mediante escrito o por comparecencia y que ésta se acuerde el mismo día de la recepción, que en caso de que los adoptantes comparezcan sin representación técnica, se les designe un defensor público, que el consentimiento pueda darse por comparecencia o escrito y antes de la audiencia, la revisión oficiosa de la sentencia por Tribunales de Segunda Instancia, y que una vez autorizada la resolución de adopción por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia, se emita la sentencia en formato de lectura fácil y a cargo del erario las copias y oficios necesarios para la inscripción de la adopción, que de manera oficiosa, la autoridad jurisdiccional revise por tres años los informes que realice el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o bien los organismos competentes en las Entidades Federativas, con motivo del seguimiento correspondiente a la adopción, así como cualquier medida de similar que haya sido decretada en el fallo en atención al caso concreto.

Es importante y conveniente hacer del conocimiento del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Estatales, la tramitación del proceso de adopción.

Otro aspecto a destacar es que se precisen los documentos necesarios e indispensables que deben ser presentados ante el órgano jurisdiccional, como son las actas de nacimiento tanto de las personas que pretenden adoptar y de la o las personas que se pretende, el certificado o constancia de idoneidad, el cual si no se presenta debe ser requerido al organismo encargado de su expedición para que un plazo no mayor a noventa días naturales, lo exhiba, las copias certificadas del expediente administrativo que dio origen al documento, con los estudios psicológicos, sociológicos, médicos y socioeconómicos correspondientes.

El proveer sobre la guarda y custodia provisional de la persona o personas que se pretende adoptar, y el acompañamiento psicológico tanto para la o las personas que pretenden adoptar, como para quien o quienes pretenden sean adoptadas, y si es solicitado, para quienes otorgaron el consentimiento para la adopción, es un aspecto novedoso y benéfico para las niñas, niños y adolescentes, adoptantes y personas que dan consentimiento, pues el trámite de adopción no es solo administrativo y jurisdiccional, sino también emocional y ello no se puede pasar de largo.

En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establece la celebración de dos audiencias la primera en la que se escuchará la opinión y sentir de la niña, niño o adolescente y se proveerá respecto a las pruebas y la segunda para su desahogo, alegatos y sentencia, donde debe incluirse el seguimiento que debe darse a la adopción

Finalmente se habla de la adopción internacional, indicando que el procedimiento se llevará a cabo según lo dispuesto por el Capítulo de procedimientos internacionales del propio Código.

Con todo ello, se estima que el proceso de adopción adquiere seguridad y certeza jurídica en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Resoluciones Relevantes

Alcances de la representación de Niñas, Niños y Adolescentes en un proceso judicial

Autora: Cristel Yunuen Pozas Serrano¹⁴

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño¹⁵, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Lo anterior quiere decir que, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a la niñez, constituye obligación de los juzgadores, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia.

En efecto, tratándose de niñas, niños y adolescentes, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación “…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…” sin condiciones, sin limitaciones o restricciones, el Estado está obligado a lograr el máximo beneficio y bienestar para cada niño, niña y adolescente.

Disposición que tiene coincidencia a nivel internacional con la Convención sobre los Derechos del Niño¹⁶ en su artículo 3, que establece:

“Artículo 3.

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de el ante la ley y, con ese fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados parte se aseguran de que las instituciones, servicios y establecimientos encargadas del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

Esto es, se considera como de alta prioridad la garantía plena de los derechos de la infancia y la satisfacción de sus necesidades de manera conjunta con las personas responsables de su cuidado, para generar contextos favorables para la niñez entre las familias, las comunidades y los Estados, lo que deja ver de cierto modo una forma coadyuvante de garantizar derechos.

En ese orden de ideas, el Máximo Tribunal del país ha delineado los principales aspectos y dimensiones del interés superior de la niñez y lo reconoce como principio rector, que no sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos internacionales, sino que es constantemente invocado por los órganos encargados de aplicar estas normas.

Se trata entonces, de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un niño, sin que se pierda de vista que, el derecho básico de las niñas, niños y adolescentes es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

Desde esta óptica, el niño es destinatario de un trato preferente, debido a su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que significa que son titulares de un conjunto de derechos que deben ser valorados de acuerdo con sus circunstancias específicas.

Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha considerado en diversas resoluciones que los derechos fundamentales de los niños no son exclusivamente los enumerados expresamente en el texto constitucional, sino que también, pueden derivarse de la propia Constitución o de otros ordenamientos y debe interpretarse en conexión con los deberes que se impone por todo el sistema jurídico en su conjunto.

En esta línea argumentativa se ha decretado que cualquier interpretación de disposiciones legales que estén relacionadas con medidas tendientes al aseguramiento de los derechos de la infancia, debe procurar no reducir los correlativos deberes constitucionales al rango de meras recomendaciones, lo que hace posible suplir “al extremo” de decidir lo que es mejor para el niño.

Para valorar el interés superior de la niñez, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que se tiene que examinar minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niñez, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al infante.

En ese orden de ideas, debe decirse que la mencionada Primera Sala, también ha definido que “el interés superior del niño conduce a que no sea necesaria la existencia de un daño a los bienes o derechos de los infantes, si no que basta con que estos se coloquen en una situación de riesgo”¹⁷, circunstancias que no pueden ser meras especulaciones, por el contrario, debe comprobarse debidamente con evidencia.

Ahora bien, la niñez y la adolescencia tiene características particulares en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral que le impide ejercer ciertos derechos, por lo que resulta necesario llevar a cabo adecuaciones procesales, que permitan una participación plena en los asuntos que les es de su incumbencia. Lo anterior supone, que estas características particulares que los limitan, impulsa ciertos ajustes razonables como condición para el ejercicio pleno de sus derechos.

Por ello, los Tribunales están obligados a impartir una justicia con perspectiva de infancia¹⁸, lo que implica que cualquier decisión adoptada en el ámbito jurisdiccional, que afecte de manera directa o indirecta los intereses de una niña, niño o adolescente, debe tomarse con base en el reconocimiento de sus características propias. De esta manera el efectivo acceso a la justicia conlleva necesariamente la obligación de las instituciones de procuración e impartición de justicia de brindarle el trato￼ diferenciado y especializado que requiere¹⁹.

Para este efecto, el legislador atendiendo el nuevo paradigma garantista o de la protección integral, dónde la infancia ya no es considerada simple objeto de tutela que requiere ser protegido, publicó el 04 de diciembre de 2014, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como plataforma mínima de los derechos de las personas entre los 0 y los 18 años, -consideradas personas en desarrollo y titulares de derechos- grupo etario, cuya teleología es la de conformar una estructura institucional y cultural de respeto de los derechos humanos de la niñez.

Es decir, dicha Ley General, debe ser considerada materialmente como reglamentaria del artículo 4º constitucional párrafo noveno, la cual se encuentra armonizada con diversos principios constitucionales y convencionales en materia de protección a la niñez.

Consecuentemente, al decidir cualquier cuestión familiar en la que se estén involucrados niñas, niños y adolescentes, ya sea de modo directo o indirecto, debe valorarse siempre el beneficio del infante como interés preponderante y como la consideración primordial.

Luego entonces, cuando la Corte establece los alcances de la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes en un proceso jurisdiccional²⁰, habla de la intermediación adulta, necesaria en función de la edad y grado de desarrollo de la niña o niña que tiene contacto con cualquier proceso.

Es decir, no se debe asumir que protegiendo el derecho de los adultos -de ejercer su paternidad- se ejerce la representación de las niñas, niños y adolescentes o se da por sí misma su “protección automática”.

La ley ha reconocido como pilar fundamental a la representación originaria, que se ejerce a través de la figura de la patria potestad o en su caso, de las distintas formas de tutela; representación que en los casos en que las niñas, niños y adolescentes, participan en procedimientos administrativos o judiciales se ve complementada por la denominada representación coadyuvante, la cual tiene como finalidad que en tales procedimientos, las niñas, niños y adolescentes cuenten con una representación especializada e independiente que proteja sus derechos, no meramente un acompañamiento para las personas adultas.

Esto tiene justificación, en el principio de la menor separación de la familia y de proporcionalidad en la intervención del Estado, en las decisiones que se tomen a través de la representación originaria; luego entonces, el Estado más que sustituir a la familia en el ejercicio de la representación, coadyuva con la protección de los derechos del niño, en la medida que proporcionalmente resulte necesaria.

Así pues, la protección integral de la infancia constituye un mandato constitucional que se impone tanto a los padres como a los poderes públicos, bajo la premisa de que la persona menor de edad está necesitada de especial protección por el grado de desarrollo y formación en el que se encuentra durante esa etapa vital. Atribución que es concedida por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes -Federal y Locales-, como áreas especializadas para la protección efectiva de la niñez.

En este orden de ideas, las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras atribuciones, les corresponde: “…prestar asesoría y representación en suplencia, a la niñez involucrada en procedimientos judiciales, intervenir oficiosamente en representación coadyuvante en todos los procedimientos jurisdiccionales en los que participen niñas, niños y adolescentes…”. De esta manera, el carácter oficioso de la representación coadyuvante permite a las Procuradurías de Protección convertirse en auténticas garantes de que los derechos de la niñez, a fin de que se encuentren protegidos y les permite coadyuvar con la familia para que eso sea posible, complementando el ejercicio de los derechos que realiza quién detenta la representación originaria.

Esta forma de ejercer la representación coadyuvante no supone la suspensión o eliminación de la representación originaria ni tampoco, la parcialidad o actuación tendiente a favorecer los intereses de una de las partes en conflicto, sino por el contrario, permite que quienes deban resolver una problemática que involucre niñas, niños y adolescentes, cuenten con argumentos construidos desde la especialización y proporcionalidad en su intervención y asegura la participación de la niñez en función de interpretar sus necesidades en un sistema construido por y para adultos.

Esto es, cuando el Estado actúa como representante -por conducto de la Procuraduría de Protección- en el procedimiento judicial, significa que debe asumir la función de defensa integral de dichos procesos y para ello es necesario que sea capaz de asegurar una representación especializada, independiente y proporcional²¹.

Lo cual tiene relación, con lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 83 fracción VI²², así como los principios asociados con la defensa de la infancia, incluidos los de la autonomía progresiva y el interés superior de la niñez; el conjunto integral de derechos involucrados y las obligaciones de las Procuradurías de Protección (respeto, protección y garantía). Sin omitir que la última ratio es lo que dispone la Observación General No.12 cuando habla sobre el derecho del niño a ser escuchado (ONU.CR/C/GC/12, 2009) que a la letra dice:

“…El representante deberá ser consciente de que representa exclusivamente los intereses del niño y no los intereses de otras personas (progenitores), instituciones u órganos (por ejemplo, internado, administración o sociedad) …”

Por su parte la representación en suplencia en la Ley General, es considerada como excepcional y sujeta a una aplicación en condiciones de una estricta necesidad, reconociendo que la intervención sustituta del Estado sobre la representación originaria, debe ser decretada por disposición judicial en aquellos casos dónde resulte imprescindible restringirla o suspenderla, lo cual, asegura su compatibilidad con un enfoque de protección de derechos y otros mecanismos de defensa constitucionalmente reconocidos a favor de la infancia.

De esta manera la Suprema Corte establece como situaciones excepcionales para que sea procedente la representación en suplencia:

Falta de la representación originaria, es decir, cuando no exista o no se conozca persona o institución que esté ejerciendo la patria potestad o una tutela en defecto de esta;

Cuando exista conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad o la tutela y las niñas, niños y adolescentes;

Cuando la persona juzgadora advierta que quienes ejercen la originaria están realizando una representación deficiente o dolosa en perjuicio de los intereses del representado; y,

Cuando por alguna otra causa, la autoridad determine la designación de este tipo de representación en suplencia, en el interés superior del infante involucrado; este tipo de representación deberá́ discernirse en vía incidental.

A mayor abundamiento se puede decir que en los casos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, las detenciones y primeras diligencias judiciales, no necesariamente se cometen cerca de los lugares de origen y en tanto se presentan los representantes originarios, lo que da posibilidad a una representación en suplencia de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, el conflicto de intereses se puede visibilizar de aquellos casos donde el imputado en un proceso es una madre o padre y su hija o hijo es la víctima del delito o aquella madre o padre que se opone al pago de pensión alimenticia y el derecho de la niña o niño o adolescente de recibir alimentos. Ejemplos en dónde existe un antagonismo de posiciones y dónde es evidente que la representación originaria puede generar una relación asimétrica.

La deficiente o dolosa representación, puede tener parangón en aquellos casos donde la persona adulta pretende minimizar el derecho del niño para beneficiar a otro adulto, como aquellos casos de abuso sexual y violación justificando la declaración de la víctima y posicionándola como mentirosa o tiene una gran imaginación, o en la guarda y custodia, cuando la madre o padre no permite el derecho de convivencia sin causa plenamente justificada.

Así, el Estado Mexicano debe velar porque toda acción o medida que se tome respecto a las niñas, niños y adolescentes, no transgreda los derechos reconocidos a este grupo vulnerable, y por ello constitucionalmente razonable y exigible, que el ejercicio de la patria potestad se encuentre constreñido a la observancia de los principios jurídicos encaminados a la protección holística de la niñez.

Por tales consideraciones, atendiendo al interés superior de la niñez, así como las condiciones estructurales de la infancia, diferentes a las personas adultas, hacen indispensable que los medios a través de los cuales interactúan con el proceso de justicia, la adecuación procesal, legal e institucional sea particularmente relevante.

Además, se está en presencia del derecho humano a una adecuada defensa, pues si bien es cierto puede ser asistido jurídicamente por un profesional del derecho, también lo es que es necesario el acompañamiento por una persona que cuente con la capacidad técnica para asesorar, apreciar y procurar no sólo lo que jurídicamente es conveniente, sino lo que podrá satisfacer de manera integral cada uno de sus derechos.

Bajo esta premisa, la observación número 2 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, señala que es de suma importancia que las niñas, niños y adolescentes cuenten con instituciones especializadas en la protección de sus derechos, por el hecho de que su estado de desarrollo los hace particularmente vulnerables a violaciones de los derechos humanos.

La experiencia mexicana de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes encuentra similitud con en el Abogado del niño de Argentina, que dejan en evidencia la trascendencia e importancia de contar con intérpretes y traductores -de manera bidireccional- en los procesos judiciales a favor de las niñas, niños y adolescentes respecto de los intereses y derechos de las personas adultas.

A manera de conclusión, la Primera Sala nos deja ver que la asimetría entre las niñas, niños, adolescentes y los adultos que les representan, pueden encontrar apoyo a través de la representación en coadyuvancia, con profesionistas especializados no sólo en el proceso jurídico, sino en las etapas de desarrollo de la niñez.

Por su parte en aquellos casos donde existe un conflicto -evidente y excepcional- entre la niñez y sus representantes originarios, el Estado garantizará mediante la representación en suplencia, que sus derechos sean defendidos y se les proteja de manera integral.

Comentarios

Observación General número 26 del Comité de los Derechos del Niño

Autor: José Trinidad Rodríguez Ortiz²³

Desde la creación del Comité de los Derechos de Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 44/25 de data 20 de noviembre de 1989, cuyo objetivo sustancial es el de supervisar el cumplimiento que se da a la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados firmantes, ha emitido diversas observaciones que maximizan los derechos de la niñez realizando reflexiones sobre cómo los Gobiernos de los Estados deben tomar en cuenta tales prerrogativas en torno a las políticas públicas y decisiones que adopten y que, por supuesto, impacten de forma positiva en la niñez.

En ese sentido, el 22 de agosto de 2023, se dio a conocer la Observación General número 26 (2023) sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático, resultando de vital interés en su contenido porque en su parte introductoria se explica la emergencia climática, el colapso de la biodiversidad y la contaminación generalizada en el impacto de una amenaza para los derechos de los niños, quienes deben disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación, con biodiversidad y con ecosistemas sustentables para toda la vida.

Esta Observación fue elaborada con base a la participación consultiva que se dio en 121 países, y los niños y niñas que fueron consultados, dejaron ver de forma clara que su derecho a una vida sana está en juego, y que los adultos y Gobiernos, en las decisiones que adopten, deben tomar en cuenta tales derechos, asimismo, los defensores de los derechos humanos de los niños también hicieron contribuciones sobre las medidas urgentes y decisivas que deben adoptarse para la protección del medio ambiente y combatir el daño ambiental y la contaminación, destacando que las determinaciones que sean elaboradas no solamente consideran el tema presente, sino que debe tomarse en cuenta en un futuro inmediato dado el desarrollo tecnológico, económico y de cambio social que sufren los Estados.

En su diverso articulado, especialmente en el punto 8, explica que la degradación ambiental afecta el disfrute pleno de los derechos de los niños y que, una crisis climática que no se combate de forma adecuada, seguirá impactando negativamente tal disfrute.

En su numeral 10 realiza una breve explicación del esfuerzo del Comité para la interpretación de tal Observación, destacándose dos de ellos, el primero concerniente a las normas, los principios, estándares y obligaciones existentes del derecho medioambiental internacional, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París y, un segundo, relativo al reconocimiento del derecho que se tiene a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible.

La Observación en comento, en su apartado II, explica los derechos de los niños que se encuentran involucrados en el tema de la amenaza de la degradación ambiental y como deben interpretarse, sin que deban omitirse en este comentario por su importancia, tales como: a) el derecho a la no discriminación; b) el interés superior del niño o niña; c) derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; d) derecho a ser oído; e) derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica: f) acceso a la información; g) derecho a no sufrir ningún tipo de violencia; h) derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; i) derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado; j) derecho a la educación; k) derecho de los niños indígenas y de los niños pertenecientes a grupos minoritarios; l) derecho al descanso, al juego, al esparcimiento; m) derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

Los anteriores derechos se encuentran contenidos en los artículos 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la Convención sobre los Derechos del niño, por tanto, para hacer realidad la garantía de que, todos los niños y niñas gocen de un medio ambiente limpio, sano, sostenible en sus recursos y ecosistemas, los Estados parte utilizando el principio pro infancia o pro niñez, deben adoptar decisiones para asegurarse que los diferentes sectores de su sociedad tomen las medidas necesarias para reducir los impactos ambientales, que cese esa amenaza que conlleva vivir en un clima contaminado, máxime que, como lo dice en su apartado 68, los Gobiernos tienen la obligación de proteger a las niñas y niños contra los daños que puedan ser ocasionados por terceras personas o incluso por empresas comerciales nacionales e internacionales, ya que, es imperativo que ellos para lograr su pleno desarrollo integral, disfruten de un ambiente libre de contaminación, realizándose de ser posible una transición rápida del uso de la energía que actualmente ocupamos hacia una más limpia y la adopción de estrategias y programas que garanticen el uso de los recurso hídricos, de ahí que, en el siguiente numeral 69, se precisa que se deben implementar políticas y proyectos para identificar y prevenir daños, mitigarlos si estos están efectuados, verificar los medios oportunos y efectivos para repararlos, es decir, que se debe actuar de una forma contundente por los diversos sectores que integran el Estado, que den un resultado óptimo, eficaz y eficiente que garantice el derechos de la niñez a desenvolverse en un entorno adecuado.

Destaca en su punto 70, el respeto que debe de darse a los derechos de niñas y niños de expresar sus opiniones sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente y que tengan acceso a esa información de manera precisa, lo cual es imperioso, ya que conforme a la encuesta realizada, se verifica que tienen plena conciencia del impacto negativo en su persona, si el medio ambiente está contaminado y la consecuencia futura de ella, al ser ellos quienes tendrán que enfrentarse al mundo climático que les espera.

En su punto 72 explica que los Estados deben destinar los recursos financieros, naturales, humanos y los que estén a su alcance para que desde el punto de vista nacional y en el marco de cooperación internacional, se puedan hacer efectivos los derechos del niño.

En los apartados b, c, d y e, se realiza un análisis exhaustivo respecto a que se requieren evaluaciones para verificar que las Leyes, políticas, reglamentos, presupuestos y decisiones que se tomen en torno al medio ambiente, satisfacen los derechos del niño y la niña, los posibles efectos directos e indirectos de tales programas, tomando en consideración el impacto diferenciado de las decisiones ambientales en los niños y otros grupos vulnerables, atendiendo a su contexto social y económico en el que se desenvuelvan, de la misma forma se hace notar la responsabilidad de las empresas en torno al medio ambiente, evitando, entre varios factores, la liberación de sustancias tóxicas y peligrosas que contaminen el aire, el agua, las actividades agrícolas y pesqueras, haciéndolas insostenibles y por ende perjudicando el sano desarrollo integral de las niñas y niños.

En el apartado D particularmente, establece la necesidad de reparar las violaciones que se cometan y la oportunidad de promover la justicia social, para evitar que existan obstáculos que limiten el pleno ejercicio de sus derechos y los medios que tienen para hacer valer sus derechos respecto al medio ambiente, por tanto, la implementación de vías de acceso a la justicia, mecanismos de denuncia, tomando en cuenta algunos factores como el género, la discapacidad, la vulnerabilidad y que se les dote la posibilidad de denunciar por sí mismos tales actos dañinos iniciando los procedimientos ante las instituciones correspondientes, de ahí que se debe ajustar las reglas de legitimación de las niñas y niños involucrados y, de los numerales 81 al 90, se efectúa una detallada explicación de cómo se debe asegurar el acceso a la justicia por el daño y las consecuencias negativas en torno al clima ambiental, concluyendo que debe existir el acceso a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, dice mediante la ratificación de un Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones.

En relación al cambio climático, que se detalla en el apartado V en sus diversas secciones, el Comité pide a todos los Estados parte, que adopten las medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir el calentamiento global, revisando para ello, de forma periódica por conducto de la Ciencia, las adaptaciones sobre tal particular y se deben adoptar medidas idóneas para prevenir, abordar y que cesen cualquier posible efecto adverso, por tanto, es urgente que los derechos de las niñas y de los niños, sean protegidos mediante implementación de medidas de adaptación sensibles a los niños, a su género e inclusivas de la discapacidad y los recursos así como temas adoptados para ello, por ende, debe darse la importancia correspondiente para evitar minimizar las pérdidas y daños con los impactos adversos del cambio climático, ya sea por una actividad interna del Estado o incluso por empresas internacionales que radiquen en él.

Finalmente, se expone la participación importante de alentar a la Sociedad en general sobre la generación, gestión, transmisión y distribución para aumentar el acceso a la tecnología renovable, su asequibilidad y el suministro de productos y servicios energéticos sostenibles, implementando los acuerdos y evaluaciones periódicas al respecto, facilitando el acceso de las comunidades afectadas, especialmente las niñas y los niños la posibilidad de presentar denuncias por violaciones en el tema climático.

Por todo lo anterior, esta Observación General, resulta de especial relevancia para el Estado, gobierno y todos sus sectores, para atender los derechos humanos de la niñez, especialmente para que se propicien políticas públicas y la adopción de medidas, para crear las condiciones necesarias para su libre desarrollo y su derecho a vivir en un entorno libre de contaminación y en condiciones por demás óptimas, pues de manera concluyente se puede decir que, ante un ambiente contaminado y un ambiente climático nocivo y adverso, impactan necesariamente en los demás temas relacionados con la vida y la salud, como son la comida, la seguridad, el traslado a otros lugares para su cuidado y protección, siendo incluso, los que resienten con mayor intensidad, los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, ya que, al confabularse ciertas peculiaridades, incluso se presentarán condiciones médicas adversas y comorbilidades que se propicien por el mismo medio ambiente a que se hace referencia, de ahí que la lucha por un verdadero cambio se torne inevitable.

Entrevista

Todo sobre el Juzgado Naranja

Para combatir la violencia familiar y salvaguardar la integridad principalmente de mujeres, niñas y niños, el Poder Judicial del Estado de México puso en marcha en noviembre de 2021 el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde su implementación, este órgano jurisdiccional ha evitado que la violencia escale y llegue a ser una violencia feminicida. En esta entrevista, Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México nos brinda una visión detallada de cómo funciona este juzgado, las medidas de protección que ofrece y los impactantes casos de éxito que han contribuido a romper la cadena de violencia en la entidad.

¿Cuál es el objetivo del Juzgado?

Ricardo Sodi Cuellar: Se busca acercar el tribunal a las personas, a sus necesidades, atendiéndolas de manera adecuada y oportuna. Salvaguardando la integridad, principalmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, garantizando un auténtico acceso a la justicia y sobre todo evitar que la violencia escale a consecuencias como homicidios, feminicidios, lesiones, mutilaciones y que ya no tengan remedio.

Se busca que las personas tengan una recomposición de sus vidas inclusive ofrecerles servicios de Mediación para que construyan la solución de sus problemas y se privilegie la armonía en un núcleo familiar.

¿Cómo funciona este órgano jurisdiccional?

Ricardo Sodi Cuellar: El Juzgado en línea trabaja 24 horas al día, los 365 días del año, es decir 24/7 y dicta Medidas de Protección en menos de 4 horas, gracias al arduo trabajo de juezas y jueces capacitados y especializados en temas de violencia familiar.

¿Cómo se puede tener acceso al Juzgado en Línea y cuál es el procedimiento?

Ricardo Sodi Cuellar: Existen tres vías para poder denunciar:

La primera de ellas es mediante la plataforma, diseñada de manera amigable y a disposición de las partes, se accede a través de la página www.pjedomex.gob.mx aparecerá un banner naranja donde se le da clic y ahí inmediatamente las víctimas reciben auxilio de manera inmediata, además con firma electrónica de tramitación inmediata y en un plazo no mayor a 4 horas se dicta la Medida de Protección.

La segunda es acudir a las autoridades municipales del DIF en cada municipio ya que ellos cuentan con la capacitación y pueden brindar la atención.

Y la tercera es ir a la agencia del Ministerio Público, pedirle a un agente medidas provisionales, ellos tendrán que solicitar su ratificación por el juez de control; en este caso también se tiene un Juzgado Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en línea para confirmar Medidas de Protección que también trabaja 24/7.

¿Existe algún horario con más demanda?

Ricardo Sodi Cuellar: La estadística nos dice que el espacio donde más denuncias se tienen y entran la mayoría de las llamadas son después de las 10 de la noche y hasta 2:30 de la mañana. Es el horario donde más trabajo tienen los Juzgados en Línea y de esta manera se acerca la justicia a las personas, muy cómoda, fácil, ágil y con resultados claros.

¿Cuáles son las Medidas de Protección?

Ricardo Sodi Cuellar: Son varias, pero entre ellas se encuentran:

La salida del agresor del domicilio donde está ejerciendo la violencia.

Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o el ofendido o con su entorno familiar, centro de trabajo o lugares donde frecuenta para evitar que lo esté hostigando o molestando.

Entrega inmediata de objetos de uso personal, documentos de identidad de la víctima y de sus hijos, pasaportes e identificaciones, actas de nacimiento, ropa, artículos personales o de aseo, joyería, dinero.

Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido por parte de la policía.

¿Qué sucede cuando el agresor o agresora no cumplen con estas medidas?

Ricardo Sodi Cuellar: Para eso existe la ejecución del tribunal, no quedan a la voluntad de las partes ni a la buena fe, incluso se hace uso de la fuerza pública ya que viene mandatado por un juez o jueza y así poderse ejecutar con contundencia.

¿Qué ha hecho el Poder Judicial, para que la ciudadanía se entere que existe este tipo de ayuda?

Ricardo Sodi Cuellar: Se ha desarrollado una estrategia de difusión de las Medidas de Protección para que la gente las conozca, segundo, se ha llevado a cabo la firma de convenios de coordinación para prevenir, atender, erradicar la violencia familiar con más de 50 municipios, entre ellos los once que tienen alerta y doble alerta de género.

El Tribunal capacita a la policía y a los operadores municipales para que ellos también puedan interactuar en este sentido.

¿Cuántas medidas de protección se han dictado?

Ricardo Sodi Cuellar: Con el éxito de las firmas de convenio permitió que el Juzgado en línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dictara más de 4 mil 565 Medidas de Protección.

¿Con qué instituciones se colabora?

Ricardo Sodi Cuellar: El Juzgado especializado en Violencia Familiar funciona de manera interinstitucional con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las municipales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y los municipales, las Secretarías de Salud, de la Mujer, de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública Estatal, además, las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipales y la Fiscalía General de Justicia.

¿Existen casos de éxito?

Ricardo Sodi Cuellar: Hay varios casos, en los que se ha logrado la interrupción de la violencia, actuando con oportunidad, entre ellos:

La historia de un bebé que el padre escondía y se lo quería llevar, se armó un operativo bastante complicado, pero se logró recuperarlo y devolverlo a la madre.

Y otro en la que una niña con síndrome de down era maltratada por otra hija de la madre, aprovechándose de una situación de desventaja.

¿Qué mensaje le gustaría compartir con la audiencia?

Ricardo Sodi Cuellar: Que tengan confianza en el Poder Judicial y en sus autoridades, pues estamos comprometidos para dar el mejor de los servicios y un auténtico acceso a la justicia.

Voces desde el Poder Judicial

Operación del Juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar, estrategias de colaboración con autoridades de seguridad pública municipal

Participación en el XVII Congreso de Jueces y Juezas de Jalisco

Autora: Lic. Teresa Esthela Salgado Vilchis²⁴

Autor: Juez Alejandro Peña Mendoza²⁵

El 8 de noviembre de 2021, inició el funcionamiento del Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; implementado como una propuesta única en el país, totalmente en línea y con competencia en todo el territorio del estado de México, para atender y emitir medidas de protección en menos de cuatro horas. Es así, que el Poder Judicial, garantiza el acceso a las personas a una vida libre de violencia.

Con la reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, publicada en febrero de 2009, inició la oralidad en los procesos jurisdiccionales de la materia familiar. Este acontecimiento propició e impulsó el desarrollo de tecnología al servicio de la administración de justicia en la entidad mexiquense.

Los juzgados competentes para conocer de los procesos y procedimientos de la materia familiar fueron equipados con salas de audiencia, equipos de grabación y conexión remota, a efecto de garantizar la filmación de audiencias y demás actuaciones de carácter oral. Lo anterior, hizo posible que, a partir del año 2012, se hayan celebrado audiencias remotas de oralidad, es decir, sin necesidad de que las partes se encuentren en el recinto judicial.￼

En la actualidad, han sido varias audiencias celebradas, no obstante que los intervinientes se encuentren en diversas ciudades, entidades federativas y países diversos.

Concomitantemente a lo anterior, el proceso y desarrollo tecnológico, permitió la implementación de sistemas electrónicos para el registro de ciertas constancias procesales. El perfeccionamiento de estos sistemas hizo posible la implementación del expediente electrónico.

En 2016, se creó y expidió la Firma Electrónica Avanzada del Poder Judicial del Estado de México (FeJEM), mecanismo que permite a los funcionarios judiciales, terceros auxiliares en el proceso, justiciables y abogados, el acceso seguro al expediente electrónico. Actualmente, las partes y sus abogados no están condicionados a asistir de manera presencial a los juzgados del estado de México para promover, consultar actuaciones, solicitar trámites y asistir a las audiencias; su firma electrónica les permite promover, comparecer a trámites y audiencias, así como consultar su expediente electrónico de forma segura. Es así que el artículo 1.130 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, otorga a cualquier constancia impresa a partir del contenido de expediente digital, la calidad de copia certificada, siempre y cuando cuenten con la cadena de Firma Electrónica Avanzada de Secretario, o el sello electrónico respectivo.

Hoy, sin importar la materia de la cual conozcan (civil, familiar, mercantil y penal), el 95% de los juzgados del estado de México, tiene expediente digital. Esto significa, que a la par de los expedientes físicos que llevan en cada asunto, existe un expediente digital, que se traduce para los justiciables, en la posibilidad de impulsar o dar seguimiento a sus procesos, sin necesidad de asistir de manera presencial a las instalaciones de los órganos jurisdiccionales.

El desarrollo tecnológico al interior del Poder Judicial del Estado de México, permitió con éxito, la creación y funcionamiento del Juzgado Familiar en Línea del Estado de México, el Juzgado Civil en Línea del Estado de México y el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea; órganos jurisdiccionales que brindan servicio vía remota.

El aislamiento obligado que impuso la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 a partir de marzo de 2020, consolidó la justicia digital. La sociedad en general, los abogados y los funcionarios judiciales, nos convencimos sobremanera de las bondades de la justicia digital. Desde esta época se ha incrementado el número de procesos que se desahogan, sin necesidad de trasladarse al recinto jurisdiccional.

Finalmente, el 18 de marzo de 2021, se reformó el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de imponer a las autoridades administrativas y jurisdiccionales la obligación de emitir Medidas de Protección de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen. La referida obligación, motivó al Consejo de la Judicatura del Estado de México a crear el Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, a través de circular 81/2021 de 22 de octubre de 2021.

El Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, es un órgano jurisdiccional que labora las 24 horas del día, los 365 días del año, con competencia territorial en todo el estado de México, y conoce exclusivamente del proceso especial de controversia de violencia familiar y de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio, en relación a derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, actuando en expediente digital, sin generar expediente físico.

Por ende, su objeto consiste primordialmente, en emitir y ejecutar de manera inmediata, conforme a las necesidades del caso, las medidas de protección en los procedimientos especiales sobre violencia familiar, y de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio en relación a derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como celebrar las audiencias y diligencias necesarias que contempla el proceso de su competencia, dentro de los plazos￼ de ley, para procurar y garantizar de manera real y efectiva el restablecimiento de la paz y el orden familiar en el Estado de México.

La creación y operatividad del Juzgado, fue determinada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México; específicamente, mediante circular 81/2021 fue dado a conocer el acuerdo del pleno del consejo del 11 de octubre de 2021, por el cual, se crea dicho órgano jurisdiccional, al tiempo que fue expedido el reglamento que regula su funcionamiento.

Para dar respuesta eficiente al problema social que se observa en el estado de México, se consideró necesario plantear una propuesta única en el país, mediante la creación de un juzgado totalmente en línea, que durante los 365 días del año, las 24 horas del día, substancie controversias en materia de violencia familiar, de manera pronta, completa e imparcial, pero sobre todo, que dictara las medidas de protección conforme al marco jurídico vigente, disminuyendo los tiempos de respuesta por el órgano jurisdiccional.

Actualmente, el juzgado es conformado por 6 equipos con funciones de carácter jurisdiccional, constituidos por jueces, secretarios, notificadores y técnicos judiciales, que laboran en turnos alternados de 24 horas, por lo que, el servicio se lleva a cabo de forma simultánea e ininterrumpida, y su funcionamiento se delimita por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y el propio Reglamento del Juzgado.

Además, cuenta con un equipo administrativo, integrado por un administrador, técnicos judiciales, agentes certificadores, y un técnico de audio y video, cuyo objeto es realizar labores de gestión, planeación y funcionamiento del juzgado especializado.

Debido a la competencia territorial en todo el estado de México, el juzgado especializado se auxilia, para su funcionamiento, de los servidores públicos adscritos a los juzgados que conocen en materia familiar, y excepcionalmente de cualquier otro adscrito a juzgados civiles o mercantiles, para la práctica de diligencias que hayan de realizarse en los diferentes municipios del estado, así como el uso de las salas de audiencias, para evitar dilaciones innecesarias y el traslado de los usuarios.

Es así, que los únicos requisitos para tramitar un procedimiento ante el juzgado son la FeJEM de las partes interesadas y algún dispositivo electrónico con cámara y micrófono, que permita la interacción con el órgano jurisdiccional; sin embargo, la plataforma electrónica habilitada en el sitio web del Poder Judicial del Estado de México, está diseñada para que, de manera fácil, cualquier persona ingrese una demanda vía Internet, con tramitación inmediata de la firma electrónica, a cargo de los agentes certificadores, de tal manera que se salvaguarde el derecho de acceso a la justicia de cualquier víctima de violencia familiar.

Seguidas las fases propias del procedimiento de violencia familiar, con actuaciones totalmente digitales, se emite sentencia definitiva que, acorde a lo establecido en el artículo 34 nonies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, determinará las órdenes de protección y medidas que deban dictarse de manera temporal por el tiempo que precise la sentencia.

Una de las principales funciones del juzgado especializado, es decretar medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar; sin embargo, la experiencia tanto de los juzgados familiares, como en el especializado, permitió identificar áreas de oportunidad para su ejecución eficaz, debido a que, uno de los principales problemas que se presenta, es llevar a cabo la coordinación con los cuerpos policiacos de los diversos municipios, para el cumplimiento y materialización de medidas como el auxilio policiaco e intervención en diversas diligencias judiciales (desocupación del domicilio familiar de la persona agresora, retención de armas, entrega de objetos de uso personal y documentos de identidad).

Frente a ello, el Poder Judicial del Estado de México, buscó la colaboración y coordinación con gobiernos municipales, con la finalidad de eliminar la violencia y proteger la infancia mexiquense; además, ello permite cumplimentar las recomendaciones sobre capacitación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Actualmente, hay 32 convenios de colaboración²⁶ celebrados entre el Poder Judicial del Estado de México y ayuntamientos municipales, entre los cuales, se encuentran los municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de México; a través de estos acuerdos, fueron creados lazos de comunicación efectiva y coordinación para que, una vez decretada una medida de protección, se ejecute de manera rápida y eficaz, para atender con diligencia los casos de violencia.

Cada convenio de colaboración ha sido acompañado de capacitaciones dirigidas a elementos policiacos, asesores jurídicos y enlaces administrativos de cada municipio, sobre el uso de la firma electrónica, tribunal y correo electrónicos institucionales; funcionamiento del juzgado especializado; procedimiento especial de violencia familiar, y en general, temas de violencia de género y puntos importantes para plantear una demanda y solicitar medidas de protección oportunas e idóneas.

Además, se han generado firmas electrónicas a funcionarios públicos municipales, para brindar asesoría y representación inmediata a las víctimas de violencia; asesores que, una vez llevada a cabo la capacitación, logran identificar la viabilidad de iniciar un procedimiento en línea de violencia familiar.

Lo anterior, ha permitido la creación de un protocolo efectivo, para ejecutar medidas de protección de manera inmediata, pues una vez que la persona juzgadora emite el decreto, personal administrativo entabla comunicación con la víctima de violencia, para recabar los datos necesarios que permitan materializar de forma efectiva la medida; posteriormente, se coordina la diligencia con el funcionario judicial que corresponda, para finalmente comunicar al enlace municipal, la orden con fecha y hora de ejecución.

De esta forma, se ha logrado reducir el tiempo de ejecución de las medidas de protección, además de eficientar el trámite del procedimiento.

Con todas las acciones llevadas a cabo por el Poder Judicial del Estado de México, se ha logrado que, mediante una demanda en línea se salvaguarde la integridad de las víctimas de violencia familiar, y evitar que escale al otorgar medidas de protección de forma rápida y oportuna en todo el territorio mexiquense, dentro de las 4 horas siguientes a la solicitud formal, con la tramitación de un procedimiento totalmente en línea y audiencias que se llevan a cabo a través de los medios electrónicos, o bien, en las instalaciones del Poder Judicial más cercanas al domicilio de las partes.

Letras y Familia

Reseña del Libro - La alegría del padre

Didí Gutiérrez

Narrativa Hispánica

Autora de la reseña: Yesenia Elizabeth Villafaña Díaz²⁷

La alegría del padre, es una novela escrita con el corazón que devela el amor incondicional entre un padre y su hija.

En forma extraordinaria Abigaíl, narra su vida al lado de su papá Rafael Ángeles, describe con maestría rostros, emociones, colores, olores, texturas, paisajes, etcétera, que transporta al lector al preciso momento en que tuvieron lugar todas y cada una de las vivencias entre padre e hija, lo hace partícipe y cómplice silencioso de sus aventuras y desventuras vividas entre su infancia y adolescencia.

Inconmesurable la determinación de Abigaíl para que, a raíz de la enfermedad incurable diagnosticada a su padre decide “lanzar el hechizo”, su bitácora de los días del tratamiento de su papá esperanzada de que un milagro lo cure, así lo decreta, posterior a que el Doctor Traviesa, indicara a su papá que debía llevar una hoja de evolución en que detallara de forma cronológica las mejorías y retrocesos a lo largo de la medicación, lo que también serviría para valorar su estado psíquico, incluso el galeno enfatizó que la “escritura tiende puentes con la realidad”, lo que Abigaíl estimó necesario para la salud de su papá, contrario a su pensamiento, Rafael no estaba convencido de llevar el diario,

circunstancia que patentizó con el diálogo de complicidad con su hija en el que a modo de chascarrillo -pese al momento emocional por el que ambos atravesaban- dijo:

“querido diario, hoy te escribo desde la cama porque no me pude levantar”, “querido diario disculpa si te vomité encima”, “para eso quieren que escriba, ¿quién querría leer algo así?”

La indicación de llevar la hoja de evolución, se transforma en la obra que el lector tiene en sus manos, en que Abigaíl emprende el viaje de plasmar con palabras su experiencia de vida a lado de su padre, un padre presente, preocupado y ocupado por su hija, una hija y un padre que se ven inmersos en el abandono de la madre y de la esposa, con la fortuna de Abigaíl de contar con un papá que en forma excepcional se las arregló para que la ausencia maternal no marcara un destino de infelicidad de su hija.

“Yo creía que los libros hablaban y le prestaban su voz a papá por las noches”, escribe Abigaíl, al momento de rememorar los días de su infancia en que su papá le leía antes de dormir “los libros para mí eran hechizos, cuyo encantamiento se lanzaba cuando eran abiertos de par en par, y papá, su proceso, traducía la maravilla cifrada en las páginas, como si cantara”, es innegable que los cuentos y demás lecturas que escuchaba en voz de su padre se hacen presentes a la largo de la historia de vida narrada por Abigaíl, incluso en los momentos de verdadera angustia y desesperanza, menciona personajes de cuentos, hilando su historia en forma mágica y fantasiosa, porque, así es Abigaíl una niña que vive su niñez y adolescencia al lado de un padre al que conoce de mejor manera a partir de su enfermedad, y a partir de ésta es que también advierte el gran amor por su padre.

“Jamás le dije a papá que, a su lado y en comparación con ella él me pareció insignificante, pues mamá sabe hacer muchas cosas”.

“Pero he descubierto en estos días que si mis cosas las comparto sólo contigo nos toca más a cada uno”.

“Así que puedo dártelo todo a ti.

“Porque tú nunca te quedaste con nada de lo que tenías, todo me lo diste a mí”.

En forma divertida Abigaíl narra sobre su experiencia con su cabellera, la que se encontraba al cuidado de su mamá pero tras su abandono, su papá opta por adquirir un curso en varios volúmenes de peluquería a distancia de la revista Reader’s Digest, el volumen número uno nunca llegó, razón por la que su papá solicitó que cuando enviaran el número dos le avisaran para estar pendiente y recogerlo antes de que alguien lo tomara, así ambos, una vez leído el tomo dos se embarcan en la aventura en que Rafael con las tijeras de jardinero como le llamaba Abigaíl corta su cabello dejándolo más corto de lo previsto, incidente que da lugar a un diálogo simpático, de reconocimiento y hasta nostálgico entre padre e hija.

Resulta imposible para el lector no visualizar a Rafael y Abigaíl en sus primeras vacaciones juntos, los dos solos, en que sin saber nadar pasan tiempo fuera de la ciudad, en una alberca en la que lidian con las miradas de escrutinio de las personas, en las que la pregunta no verbalizada a juzgar por la expresión de sus rostros era ¿Dónde está tu mamá, niña? , pese a esas miradas Rafael y Abigaíl fueron capaces de disfrutar su aventura, de reír, de jugar y disfrutar del agua posterior a que su papá advirtiera que se encontraban en una alberca para niños, mostrándole a su hija sin decir una sola palabra “que en las desgracias también cabe la felicidad”. Es esta aventura en el agua que más tarde marcaría diferencia en la continuidad de la vida de Abigaíl, en la que encuentra paz y posterior liberación para -volar-.

¿Dónde está tu mamá, niña?, cuestionamiento incesante durante la infancia y adolescencia de Abigaíl, ya por sus compañeras del colegio, las mamás y papás de sus compañeras, el personal de la escuela, y de las personas con las que casualmente se cruzaban en su vida.

En una sociedad en la que el común denominador es que sean las madres quienes estén al cuidado de los hijos, por considerarse lo normal ante el creciente abandono de la familia por parte de los padres incluso por roles de género y estereotipos, que la relación paterno filial de padre e hija entre Abigaíl y Rafael fuera cuestionada por las personas que les rodeaba, como aconteció con las compañeras de colegio de Abigail (Sandy, Bibi y Karla) quienes sorprendidas porque el padre de Abigaíl fuera un padre presente en la vida de su hija, en un primer momento tuvieran la idea de que Rafael era novio de Abigaíl, las miradas morbosas y comentarios desafortunados de hombres adultos que vieron a las jóvenes con Rafael en el centro comercial, incidente en que Abigaíl se vio en la imperiosa necesidad a su corta edad de poner en claro que el hombre que les acompaña es su padre, incluso el comentario de la señora con la que tuvieron el infortunio de encontrarse en los sanitarios quien sin tener idea de la relación entre Abigaíl y su padre les inquirió “los hombres mayores son unos aprovechados tengan cuidado”.

Inconcebible que en el festival del 10 de mayo, para el cual Abigaíl se había esforzado para ejecutar en forma magistral su participación con el ansia de que su mamá asistiera para verla porque realmente se cuestionaba ¿qué mamá no asistiría al festival a ver a su hija?, su mamá no asistió, pero sí Rafael, festival en que además resultaron ganadores de una vajilla; sin embargo, el premio no les fue entregado porque la mamá no se había presentado y era indispensable, según el dicho de la directora del colegio entregarlo directamente a la acreedora.

Ante tal escenario, es relevante puntualizar la forma en que tanto Rafael como Abigaíl supieron sortear las barreras a las que se enfrentaban en su día a día, excepcional la forma de paternar de Rafael al punto de que Abigaíl -sin que fuera un objetivo- adquiriera la destreza y contara con las herramientas emocionales para poder narrar su vida en la forma plasmada en la novela, para tener la entereza de escribir su vida -si bien con el pasajero pensamiento de volver a ver su mamá a quien creía muerta- consiente del abandono del cual no solo su padre fue objeto, sino de ella, su propia hija, por ello, cuando su papá le dijo que su mamá se había marchado para siempre no le creyó, pensó que estaba jugando “ya que ella creía que los sucesos esa magnitud transformaban su entorno en modos exagerados y el día en que escuchó tales palabras por parte de su papá, ni siquiera cayó una lluvia como muestra de lo que había llorado”.

Abigaíl nunca menciona el nombre de su madre, simplemente la llama mamá, a quien por cierto la pensaba muerta, incluso con su papá realizaron un funeral simbólico en la jardinera del edificio donde vivían, al igual que el funeral de los peces millón que llegó a tener, en contraste con la figura materna, sí nombra a Minolta antigua novia de su papá, a la que busca años después de concluida la relación con la ilusión de salir los tres (ella, su papá y Minolta) como en los viejos tiempos y jugar Scrabble con un tablero y fichas de verdad, la encuentra; sin embargo, Mitolda se encuentra casada y le comenta que realmente nunca los dejó, que siempre ha vivido a unas cuantas calles de su casa.

Los intentos de Abigaíl por sortear la enfermedad de su papá, su acompañamiento a las terapias, la convivencia que llevan cotidianamente una vez que regresa a vivir al lado de su padre, le permiten conocer otra faceta de su papá quien de profesión es médico, pero que de algún modo se resistía a ser un buen paciente, cercanía que le permitió visualizar la sensibilidad de su padre, su fragilidad, su dedicación por su profesión, su entereza para que pese a los pronósticos nada favorables de su enfermedad retomara ejercicios físicos que llegó a realizar en su juventud, su fascinación por los artículos de un solo uso que en su pensamiento y de acuerdo a su realidad le permitieron estar más tiempo al lado de su hija.

“He intentado llevar esto de la mejor manera, papá”

-Lo has hecho mejor que yo, mi amor.

¿Estás asustado?

-Mucho

Yo igual.

La alegría del padre, no solo es una lectura, un texto, una novela, una historia más. La alegría del padre es un testimonio de vida, de amor incondicional de un padre, de una hija, es un reconocimiento a todos aquellos padres que cuidan de sus hijos pese a las adversidades en que se pueden encontrar, que los aman sin condiciones, sin esperar reconocimiento alguno, que dan todo incluso la vida por ellos. La alegría del padre, es vida en sí mismo.

“Papá me inculcó la creencia de que yo nunca podría quedarle en deuda por ningún motivo; él se desviviría por su hija, en cambio, si fuera necesario”.

Reseña del Libro - Orientaciones para Transversalizar la Perspectiva de Derechos Humanos del Estudiantado con Discapacidad en la UNAM

Ismael Eslava Pérez

Lourdes Zariñan Martínez

Natalia Hernández Garduño

Luis Raúl González Pérez (Coord.)

Universidad Nacional Autónoma de México

Autor de la reseña: Raúl Aarón Romero Ortega²⁸

El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prevé el Derecho a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, desde la educación primaria hasta la superior, con los ajustes razonables para dichas personas.

Para hacer realidad el Derecho a la educación media superior y superior inclusiva, la rectoría de la Universidad Nacional, a través de la Dirección General de Administración Escolar y el Programa Universitario de Derechos Humanos, realizan un trabajo en el que abordan la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, a efecto de lograr un cambio cultural en busca de su inclusión plena en la comunidad universitaria, valiéndose de la sensibilización y concientización de ésta.

Se hace una relación de algunos términos y principios en materia de discapacidad, entre los primeros están entre otros, las barreras de actitud o en el entorno y el diseño universal, mientras que en los segundos aparecen el de progresividad, consulta previa e inclusividad. Sin dejar de mencionar la importancia del lenguaje con perspectiva de Derechos Humanos, para evitar términos peyorativos como sería discapacitado o personas con capacidades diferentes, cuando lo correcto es persona con discapacidad.

Me sorprendió todo el marco, tanto internacional como nacional que existe respecto al Derecho a la educación superior de las personas con discapacidad, que va desde la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad hasta las Observaciones finales emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respecto a los informes periódicos segundo y tercero combinados de México (20 de abril de 2022), con relación a los principios y obligaciones generales (artículos 1 a 4). Se recomendó al Estado mexicano: “destinar los recursos suficientes para la implementación efectiva de la Convención en todos los niveles de gobierno; la elaboración de un plan exhaustivo nacional que considere tanto los ámbitos federal como locales para tal efecto; propiciar la armonía de las leyes, particularmente de los estados, con la CPCD eliminar los términos peyorativos en relación a las personas con discapacidad, así como abandonar el modelo de asistencia social y médica de discapacidad y sustituirlo con un modelo de derechos humanos”.

A nivel nacional encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a partir de la reforma de 2011, se estableció un nuevo paradigma para entender, ejercer y proteger los derechos humanos. La Ley General de Educación Superior, prevé en la fracción XXII del artículo 10, el deber de elaborar políticas de educación superior basadas en “… el establecimiento de acciones afirmativas que coadyuven a garantizar el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de estudiantes con discapacidad en los programas de educación superior.” Sin dejar de lado la legislación especial como la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como la normatividad universitaria y normas oficiales mexicanas.

Comparto el comentario que hacen los autores del libro en cuestión, acerca de la suficiencia del marco jurídico en la protección del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, y que el problema radica en la implementación de políticas públicas transversales y permanentes que permitan el desarrollo profesional de las personas de igualdad en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad.

Aparece un recuento de las acciones en la UNAM en materia de discapacidad, a partir del Diagnóstico: La atención a la discapacidad en educación superior desde la perspectiva de derechos humanos. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como reto se propone una inclusión holística, sistemática y multidisciplinaria; una igualdad, tanto formal como material. Sin dejar de señalar los pendientes por desarrollar en dicha materia, en los que aparecen: el traslado de largas distancias, el acceso por medio de escaleras, la falta de elevadores y la falta de protocolos de emergencia que tomen en cuenta a las personas con discapacidad.

Se subraya la necesidad de capacitar y sensibilizar a partir del paradigma de derechos humanos de la discapacidad, al interior de la UNAM, para lograr vencer las barreras actitudinales que permanecen en la comunidad universitaria. Lo que redunda en la deserción escolar de las personas con discapacidad, cuya atención se ha concentrado, con base a las entrevistas realizadas, en el examen de ingreso y el acceso a la infraestructura. Por lo que, la política institucional debe dirigirse a la permanencia y egreso de los estudiantes, con la posibilidad de tomar como referencia las acciones implementadas por otras universidades que pudieran ser modelo de políticas inclusivas o de buenas prácticas.

Como experiencias nacionales destacan: la Universidad Tecnológica Santa Catarina, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Anáhuac, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Pedagógica Nacional, Tecnológico de Monterrey, Universidades Iberoamericanas de Puebla y Ciudad de México, así como la Universidad de Veracruz. Mientras que a nivel internacional están, entre otras: Universidad Nacional de educación a Distancia (UNED) de España, Universidad de Lyon de Francia y Universidad de Glasgow de Reino Unido.

El libro constituye una hoja de ruta para todas las instituciones públicas y privadas que se precien de ser garantes de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a quienes se desestima en ocasiones por los propios docentes, ejemplo de ello es la pregunta hecha por algún maestro: “… ¿cómo una persona con discapacidad intelectual? (…) ¿para qué estudia? (La respuesta es) tal vez no vaya a ejercer, pero el hecho de volverse autónoma, de estar ahí en una institución conviviendo con otros estudiantes y de tener herramientas académicas que no va a tener si lo dejas en casa, eso le abre una gama de oportunidades a las personas.”

Papa_hijoPoema - Monólogo de un padre con su hijo de meses

Enrique Lihn Carrasco

Nada se pierde con vivir, ensaya:

aquí tienes un cuerpo a tu medida

Lo hemos hecho en sombra por amor a las artes de la carne

pero también en serio

pensando en tu visita como en un nuevo juego gozoso y doloroso;

por amor a la vida, por temor a la muerte y a la vida,

por amor a la muerte

para ti o para nadie.

Eres tu cuerpo, tómalo, haznos ver que te gusta como a nosotros este doble regalo que

te hemos hecho y que nos hemos hecho.

Cierto, tan sólo un poco del vergonzante barro original,

la angustia y el placer en un grito de impotencia.

Ni de lejos un pájaro que se abre en la belleza del huevo,

a plena luz, ligero y jubiloso, sólo un hombre:

la fiera vieja del nacimiento, vencida por las moscas, babeante y rebosante.

Pero vive y verás el monstruo que eres con benevolencia

abrir un ojo y otro así de grandes,

encasquetarse el cielo, mirarlo todo como por adentro,

preguntarle a las cosas por sus nombres

reír con lo que ríe,

llorar con lo que llora,

tiranizar a gatos y conejos.

Nada se pierde con vivir, tenemos todo el tiempo del tiempo por delante

para ser el vacío que somos en el fondo.

Y la niñez, escucha:

no hay loco más feliz que un niño cuerdo

ni acierta el sabio como un niño loco.

Todo lo que vivimos lo vivimos ya a los diez años más intensamente;

los deseos entonces se dormían los unos en los otros.

Venía el sueño a cada instante,

el sueño que restablece en todo el perfecto desorden

a rescatarte de tu cuerpo y tu alma;

allí en ese castillo movedizo eras el rey, la reina, tus secuaces, el bufón que se ríe de sí mismo,

los pájaros, las fieras melodiosos.

Para hacer el amor allí estaba tu madre

y el amor era el beso de otro mundo en la frente,

con que se reanima a los enfermos,

una lectura a media voz,

la nostalgia de nadie y nada que nos da la música.

Pero pasan los años por los años y he aquí que eres ya un adolescente.

Bajas del monte como Zaratustra a luchar por el hombre contra el hombre:

grave misión que nadie te encomienda;

en tu familia inspiras desconfianza,

hablas de Dios en un tono sarcástico, llegas a casa al otro día, muerto.

Se dice que enamoras a una vieja, te han visto dando saltos en el aire,

prolongas tus estudios con estudios de los que se resiente tu cabeza.

No hay alegría que te alegre tanto como caer de golpe en la tristeza

ni dolor que te duela tan a fondo como el placer de vivir sin objeto.

Grave edad, hay algunos que se matan porque no pueden soportar la muerte,

quienes se entregan a una causa injusta en su sed sanguinaria de justicia.

Los que más bajo caen son los grandes,

a los pequeños les perdemos el rumbo.

En el amor se traicionan todos,

el amor es el padre de sus vicios.

Si una mujer se enternece contigo le exigirás te siga hasta la tumba,

que abandone en el acto a sus parientes,

que instale en otra parte su negocio.

Pero llega el momento fatalmente en que tu juventud te da la espalda

y por primera vez su rostro inolvidable en tanto huye de ti que la persigues a salto de ojo,

inmóvil, en una silla negra.

Ha llegado el momento de hacer algo parece que te dice todo el mundo

y tú dices que sí, con la cabeza.

En plena decadencia metafísica caminas ahora con una libretita de direcciones en la mano,

impecablemente vestido,

con la modestia de un hombre joven que se abre paso en la vida,

dispuesto a todo.

El esquema que te hiciste de las cosas hace aire y se hunde en el cielo dejándolas a todas en su sitio.

De un tiempo a esta parte te mueves entre ellas como un pez en el agua.

Vives de lo que ganas, ganas lo que mereces, mereces lo que vives:

eres, por fin, un hombre entre los hombres.

Y así llegas a viejo como quien vuelve a su país de origen después de un viaje interminable corto de revivir, largo de relatar,

te espera en tí la muerte, tu esqueleto con los brazos abiertos,

pero tú la rechazas por un instante,

quieres mirarte larga y sucesivamente en el espejo que se pone opaco.

Apoyado en lejanos transeúntes vas y vienes de negro,

al trote, conversando contigo mismo a gritos, como un pájaro.

No hay tiempo que perder, eres el último de tu generación en apagar el sol y convertirte en polvo.

No hay tiempo que perder en este mundo embellecido por su fin tan próximo.

Se te ve en todas partes dando vueltas en torno a cualquier cosa como en éxtasis.

De tus salidas a la calle vuelves con los bolsillos llenos de tesoros absurdos: guijarros, florecillas.

Hasta que un día ya no puedes luchar a muerte con la muerte y te entregas a ella, a un sueño sin salida, más blanco cada vez, sonriendo, sollozando como un niño de pecho.

Nada se pierde con vivir, ensaya: aquí tienes un cuerpo a tu medida,

lo hemos hecho en la sombra por amor a las artes de la carne pero también en serio,

pensando en tu visita

para ti o para nadie.

1 Dra. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, adscrita a la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca.

2 Bretón-Diez, Natalia, Fernández-Rodríguez, María, y Guerra-Mora, Patricia. (2017). “Medidas de modificación judicial de la capacidad en personas con trastorno mental grave: ¿Protección o iatrogenia?”, Revista de Bioética y Derecho, (39), 73-86. Recuperado el 22 de agosto de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872017000100005&lng=es&tlng=es

³ Dra. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, adscrita a la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco.

⁴ Directora de los Centros de Convivencia Familiar

5 Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPCF.pdf> [Consultado en: 6/09/2023]

6 Convención Americana de Derechos Humanos. <https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm> [Consultado en:6/09/2023].

7 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf> [Consultado en: 6/09/2023].

8 Convención de los Derechos de los Niños. (https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf> [Consultado en: 6/09/2023].

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf> [Consultado en:6/09/2023].

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas de Nupcialidad. Ediciones 2011 – 2021. <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/myd.aspx?tema=P/> [Consultado en: 10/09/2023].

11 Agenda Estadística del Poder Judicial del Estado de México 2023. <https://tercerinformesodi.pjedomex.gob.mx/estadistica/> [Consultado en:10/09/2023].

12 Santamaría Repiso C. “Afrontamiento de pérdida: duelo/divorcio”. En Curso de Actualización. Pediatría 2013. Madrid: Exlibris Ediciones; 2013. p. 433

¹³ Mtra. Jueza del Poder Judicial del Estado de México, titular del Juzgado Especializado en trámites de Adopción y Restitución Internacional de Menores.

¹⁴ Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México

15 “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4º., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpreto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa acepto el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ … implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. Jurisprudencia 1ª/J. 25/2012 (9a) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

16 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

17 DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. Tesis 1ª. CVIII/2014 (10ª), registro 2005919, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 538, del Libro 4, Marzo del 2014, Tomo 1, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época.

18 JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

19 Véase Obligaciones que se desprenden del Principio de No Discriminación. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pág. 50.

20 Primera Sala. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tesis 2025667. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1266.

21 Cómo representar a niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos y judiciales? UNICEF y SNDIF. México, 2019.

22 “Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: … VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera…”. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

²³ Dr. Juez del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Juzgado Familiar de Texcoco.

²⁴ Jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita Juzgado en Línea Especializado en materia de Violencia Familiar

²⁵ Juez del Poder Judicial del Estado de México, adscrito Juzgado en Línea Especializado en materia de Violencia Familiar

²⁶ Actualmente se han celebrado 53

²⁷ Mtra. Jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita al Juzgado Familiar en Línea.

²⁸ Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México