El diplomado “Derechos Humanos Laborales y Justicia Laboral” fue impartido a servidores del Tribunal Superior de Justicia en la Escuela Judicial del Estado de México, con la finalidad de generar conocimiento, análisis y reflexión respecto a la dimensión social del derecho al trabajo, los derechos humanos laborales y los estándares internacionales en esta materia.
En el tercer módulo de esta actividad de educación continua, estuvo presente Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la especialista habló del papel de la OIT como organismo internacional, que surge al finalizar la Primera Guerra Mundial con el tratado de Versalles y cuya responsabilidad es dictar las normas que rigen el derecho al trabajo en los países integrantes de la organización, a través de tratados, recomendaciones, declaratorias y convenios.
Durante la sesión participaron además Helmut Schwarzer, especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico para Centro América, México, Cuba, República Dominicana y Haití de la OIT y Noémie Feix, oficial de Empleo de la Oficina para países México y Cuba de la OIT, quien recordó que existen convenios fundamentales que cualquier país debe respetar solo por formar parte de OIT, como los relacionados con la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
El diplomado tuvo una duración de tres meses –entre septiembre y diciembre- con un total de 120 horas, 52 presenciales y 68 de trabajo individual colaborativo; participaron 48 servidores judiciales como jueces, técnicos y secretarios, interesados en las relaciones entre los derechos humanos y la justicia laboral y fue impartido por especialistas de la oficina en México de la OIT.
Su objetivo es que comprendan, conozcan e incorporen la perspectiva de los Derechos Humanos y adquieran herramientas teórico-prácticas para afinar su labor diaria con pleno cumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos humanos laborales y se asuman como actores primordiales para garantizar el derecho de acceso a la justicia en materia laboral y a una tutela jurisdiccional efectiva.
